Hace 50 años, en un frío 28 de julio, se publicó en el Diario Oficial la ley N°16.640 de Reforma Agraria. Ya antes la Iglesia Católica había impulsado su propia reforma testimonial basada en la repartición de sus tierras. Es más, incluso ya se había legislado sobre el tema -para satisfacer exigencias de la Alianza para el Progreso- durante el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez. No obstante, el alcance de esta última legislación fue muy limitado, pero su implementación requirió el debilitamiento de los derechos de propiedad constitucionales que luego, bajo los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens, permitieron realizar un cambio radical en la tenencia de la tierra en Chile (Ibáñez y Lüders, 1983). La Reforma Agraria incitó así un profundo quiebre en las relaciones sociopolíticas del país.
Mucho se ha escrito sobre el tema desde 1967 y aún no existe una visión consensuada sobre las causas y consecuencias del proceso de Reforma Agraria. Recientemente han aparecido, entre otros, los libros de Moreno (2013), artífice de la Reforma Agraria bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, Valdés y Foster (2016) y Avendaño (2017) y un artículo muy rico en información, de Cuesta y otros (CEP, 2017). Entre los escritos anteriores destacaremos acá solamente las obras de Jacques Chonchol, ejecutor de la reforma bajo el gobierno de Salvador Allende, de Rafael Moreno, y una descripción de la historia del proceso, de Garrido y otros (1988).
Simplificando el debate al máximo -por restricciones de espacio- es posible preguntarse, por un lado, si el proceso de reforma agraria en Chile se realizó para resolver un problema económico-social (la baja tasa de crecimiento de la producción agraria y la dependencia de los trabajadores del sector de sus patrones) o si lo que en el fondo se trató de hacer -en un país muy influenciado por la Guerra Fría- es redistribuir la riqueza para reducir significativamente el poder político de los grandes agricultores. Y por el otro lado, se cuestiona si esos mismos objetivos socioeconómicos no se podrían haber logrado -como opinamos- por medios que afectaran menos la producción agraria y que generaran también menos convulsión sociopolítica.
Tal como hoy en materia de educación, salud y pensiones, existía entonces un razonable acuerdo sobre los objetivos a lograr en materia agraria. Las diferencias, igual que en el presente, se dieron en el cómo lograrlos. Por motivos ideológicos y/o electorales se optó entonces por repartir tierras por la vía de expropiaciones prácticamente sin compensación, en vez de consensuar los cambios institucionales necesarios para un desarrollo agrario vigoroso y la creación de programas de desarrollo social bien focalizados. En términos socio-políticos la opción expropiatoria tomada resultó ser extraordinariamente costosa. ¿Aprendimos la lección? A veces pareciera que no. (La Tercera)
Rolf Luders
