En noviembre de 1999 se anunciaba en Argentina la fusión de Mercobank, en ese entonces número 56 en el mercado y controlado por el grupo industrial Ecsa, con el Banco Transandino, de propiedad del chileno Banco de Desarrollo. Para Norte Sur, sociedad de inversiones que controlaba esta última entidad, su proceso de expansión en el país vecino marchaba sobre ruedas. Eso, hasta que en 2001 la institución debió ser liquidada. A más de una década de su caída, las consecuencias para Vicente Caruz y quienes formaban parte del directorio de la firma todavía se sienten.
En octubre pasado, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias de Argentina cursó una multa por más de $67 millones de pesos argentinos, equivalente a US$7,8 millones contra ejecutivos y directivos del fallido Mercobank.
La sanción del regulador -que es apelable- se produce tras comprobar varios incumplimientos de las normas sobre graduación del crédito; de las normas sobre fraccionamiento de riesgo crediticio; omisión de procedimientos para el otorgamiento y aprobación de financiamientos significativos; y falta de veracidad en las registraciones contables, hecho ocurridos entre 1999 y 2001.
De hecho, en enero de ese año Mercobank fue suspendido para operar por resolución del Banco Central, tras constatar que en 2000 otorgó sistemáticamente financiamiento por encima de los máximos permitidos a diferentes empresas cuya vinculación tampoco había sido informada.
El documento de la sanción detalla que al ex Mercobank se le cursó una sanción por $7.632.000 (US$896.531); a Horacio Liendo (ex presidente de la entidad) por $7.628.000 (US$896.061), a Francesco Volino Coppola por $6.935.999 (US$814.772); a Rafael Eduardo Rodríguez Guarachi -ex embajador de Chile en Argentina entre 1994 y 1998- por $6.272.000 (US$736.772); a Maximiliano Poblete -ex ejecutivo de Banco del Desarrollo- por $6.191.000 (US$727.257); de $5.771.000 (US$677.919) a Hugo Anzorreguy (director titular y miembro del comité de créditos y operaciones activas); de $5.134.000 (US$603.091) para Juan Carlos Latorre Díaz -ex socio de ECSA-, a Hernán Argerich por $5.068.000 (US$595.338), a Juan Daniel Zahlut por $4.342.000 (US$510.055); a Sergio de Castro Spikula -ex ministro de Hacienda y también ex socio de ECSA- por $4.064.000 (US$477.398); para Claudio Casadola multa fue de $3.917.000 (US$460.130), al ex gerente de normalización y recupero y gerente de riesgos y normalización, Daniel Tillard por $1.469.000 (US$US$172.563). Para Vicente Caruz, ex presidente de la sociedad de inversiones Norte Sur y del Banco del Desarrollo- la multa fue de $1.119.000 (US$131.449), mientras que para Francisco Enrique Ovin y Óscar Saggese fue de $815.000 cada uno (US$95.738).
Con todo, sólo se sancionó con orden de apercibimiento a los directores suplentes de la entidad Carlos Mangiarotti y a Juan Enrique Alberto Etchegaray Aubry (ex ministro de la Viviendad de Patricio Aylwin). Esto quiere decir que serán multados sólo en caso de reiterar las faltas.
LAS ACUSACIONES
Según el regulador, para el lapso entre mayo de 2000 y agosto del mismo año, se omitió comunicar al Banco Central de Argentina el rechazo de 11 cheques por falta de fondos de Integralco y se omitió cerrar la cuenta corriente de la misma, a la vez de “la insuficiente acreditación de la parcialidad relacionada con excesos en la relación de fraccionamiento del riesgo crediticio, en las asistencias otorgadas al grupo económico Integralco”, además de que no se logró acreditar un proceso de revisión de los números de la empresa antes de cursar los créditos, y que los préstamos entregados superaban ampliamente los límites permitidos por norma.
A la vez, la sanción también versa sobre que entre los pasivos asumidos se encontraba también una garantía otorgada a través del Fideicomiso Financiero Mercobank SA a favor del Banco de la Provincia de Buenos Aires, respecto de la escrituración de un inmueble en La Plata, sobre la que pesaban ya 9 embargos trabados en distintos procesos. Una cláusula estipulaba que en caso de no poder escriturar en un plazo de 29 meses, Mercobank se comprometía a compensarlos con U$S 4,5 millones, aunque la superintendencia detectó que el balance de dicho fideicomiso era negativo por lo que no podía hacerse cargo de la garantía.
“La imputaciones son sumamente graves, ya que se refieren a excesos tanto a la relación con el funcionamiento del riesgo crediticio como también a la graduación del crédito, operaciones pasivas acordadas en condiciones más ventajosas que el resto, realización de actos de ocultamiento por movimientos de transferencias cruzadas de fondos de cuenta corriente”, lo que se ve agravado porque “los incumplimientos se llevaron a cabo en un contexto de iliquidez de la entidad y con el riesgo potencial de que la cesación de pagos del banco pudiera provocar una corrida de depósitos al resto del sistema”, dice el regulador argentino.
De hecho, recalca que “en el caso de las operaciones pasivas preferenciales con un accionista de la ex entidad, el perjuicio recayó en los resultados de la entidad y por esta vía su insolvencia”.
Agregó además que el monto de las multas se justifica por “la realización de actos tendientes a deformar u ocultar hechos de forma que impidieran cuantificar la verdadera naturaleza de los riesgos asumidos y/o eludir distintas normas prudenciales”.
Las multas son apelables ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federa. Hasta el cierre de esta edición no fue posible contactar a los sancionados chilenos.
CAÍDA DEL BANCO
En enero de 2001, un conjunto de 10 bancos se hicieron cargo de las 47 sucursales, de sus pasivos y activos de Mercobank luego de que el Banco Central resolviera acudir a su salvataje tras fracasar un último intento para capitalizarlo.
La entidad fue disuelta debido a la retirada del Banco de Desarrollo y de ECSA, que a través de la sociedad chilena Abinsa controlaban el 50,21% del capital. (Pulso)
