En la tormentosa relación que ha mantenido durante los últimos treinta años la izquierda con el Tribunal Constitucional, esta semana se escribió un capítulo que vale la pena mirar en detalle.
La oposición partió objetando que el Ejecutivo recurriera a esa instancia para impugnar la moción de reforma constitucional, que autorizaba el segundo retiro de los fondos previsionales. Lo han hecho siempre que los gobiernos de Sebastián Piñera o la derecha han ejercido esa facultad: es cuando califican al TC de tercera cámara y reiteran la urgencia de derogarlo o transformarlo en un ente ornamental.
Que los gobiernos de la Concertación concurrieran al TC más de 180 veces puede hoy no importar mucho. Pero que una semana después de presentado el requerimiento por el segundo retiro, el Frente Amplio impugnara ante ese tribunal 13 artículos de la Ley de Migración, es otra cosa. ¿Es legítimo cuando recurren ellos e ilegítimo cuando lo hacen otros?
La oposición alega también por el fallo, aun cuando es coincidente con la opinión de varios constitucionalistas ya desde la reforma del primer retiro. Si bien no conocemos aun su texto, todo indica que profundizará en la razón más evidente: la reforma tocaba atribuciones exclusivas del Presidente de la República. Se puede no compartir la decisión de un tribunal y objetarla públicamente, lo que no se puede –si se cree, efectivamente, en las instituciones y en el estado de derecho– es descalificar su atribución para emitirla.
Tal vez lo más curioso ha sido la arremetida contra el voto dirimente de la presidenta del TC, María Luisa Brahm. Si la crítica es a la figura del “voto decisorio”, es importante recordar que está contemplado en la Ley Orgánica Constitucional que regula ese tribunal y es, por tanto, no una opción sino un mandato para quien ejerza como su máxima autoridad. Por esa razón sus anteriores presidentes han sido dirimentes en 45 oportunidades.
Ahora, si la crítica se funda en el vínculo de la presidenta del TC con el gobierno, entonces cabe recordar no solo que 28 de los 45 votos dirimentes fueron ejercidos por Carlos Carmona, nominado por la ex Presidenta Bachelet y jefe de la División Jurídica de la Segpres durante casi toda la era Concertación. Fue también la misma María Luisa Brahm quien en agosto de 2017 emitió un voto denominado entonces como “clave”, rechazando la impugnación de Chile Vamos al proyecto que despenalizó el aborto en tres causales. Su decisión fue valorada en ese momento por su independencia, no obstante el vínculo que hoy se cuestiona, y nadie desde la izquierda la descalificó por un voto que dio luz verde a una de las leyes más emblemáticas para ese sector.
En democracia se critican con total libertad las decisiones del adversario, se buscan los caminos para frenarlas y se interpela a las instituciones. La exigencia mínima, eso sí, es hacerlo con coherencia. (La Tercera)
Isabel Plá
