Las negociaciones por los “mínimos comunes” siguen su curso. Los senadores de oposición trabajan en una contrapropuesta para hacer frente a las medidas que puso en escena el gobierno. Si bien los puntos son varios, un foco de atención es la extensión de la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
La propuesta del gobierno consiste en aumentar la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia, del actual 80% llegando al 100% del Registro Social de Hogares (RSH). Lo anterior significa pasar de aproximadamente 13 millones de beneficiarios a más 14 millones y medio.
El costo fiscal de esta medida subirá de US$1.830 millones que costaba el IFE al 80% a más de $2.050 mensuales. Esto implica un costo fiscal, hasta junio, de casi $6.000 millones de dólares.
No obstante, si bien todavía no se oficializa, entre los senadores de oposición quieren que la ayuda sea aún más universal y, por ende, han sondeado dos escenarios probables.
El primero es pasar a cubrir el 90% de la población, que es más que el 100% del RSH manteniendo el aporte en $100 mil por persona hasta el cuarto integrante. Mientras que el segundo escenario es llegar al 90% de la población, pero el monto buscaría alcanzar la línea de la pobreza para un hogar de 4 personas.
De acuerdo a cálculos del economista ligado a la oposición y extesorero General de la República, Hernán Frigolett, si se avanza del 75% de la población total del país al 90% de la población, el costo fiscal pasaría de US$2.050 millones a US$2.450 millones mensuales. En tres meses llegaría a US$7.350 millones.
Ahora si en la negociación se avanza en fijar un monto en base a la línea de la pobreza para un hogar de 4 personas, que la oposición fija en $120 mil por persona, el costo se elevaría de US$2.050 millones a US$2.900 millones mensuales. En tres meses sería de US$8.700 millones.
Actualmente, la línea de la pobreza para los hogares unipersonales es de $176.201 y va decreciendo a medida que aumentan el núcleo familiar. Para un hogar de cuatro personas es de $464.996 y para los hogares con 10 miembros su valor es de $883.096.
Desde la oposición afirman que todavía no se define nada, pero el objetivo es avanzar en renta básica universal con un monto que se acerque al de la línea de la pobreza. Además, para los parlamentarios, la extensión no debe ser hasta junio, sino que hasta agosto o septiembre. De acuerdo a lo señalado por los senadores, esperan presentarle la propuesta al Ejecutivo el viernes.
Desde el año pasado cuando se desató la crisis sanitaria que derivó en una económica, el Registro Social de Hogares (RSH) comenzó a estar dentro del debate público, ya que ha sido el principal instrumento para focalizar las ayudas sociales que el gobierno ha venido impulsando como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
El Registro Social de Hogares es un sistema de información cuyo fin es apoyar los procesos de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales que entrega el Estado. Se construye con datos aportados por el hogar y bases administrativas que posee la autoridad, proveniente de diversas instituciones.
De este registro, pueden ser parte todos los hogares del país con integrantes que cuenten con Rut o carnet de identidad vigente, independiente de su condición socioeconómica o nacionalidad. No existen restricciones para ser parte del RSH para las personas de nacionalidad chilena o en el caso de los extranjeros que cuentan con Rut o cédula de identidad chilena vigente definitiva o temporal.
De acuerdo a la subsecretaría de Evaluación Social, actualmente son 6.960.015 los hogares y 14.831.944 las personas que integran este registro. El número de hogares inscrito ha subido 27% desde marzo de 2020. Con ello, el 75,4% de las personas del país está en el registro.
Este registro comenzó a operar el 1 de enero de 2016, durante el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet. Según explican desde la subsecretaría, el cambio desde la Ficha de Protección Social al RSH permitió contar con información de mejor calidad y más precisa respecto a la realidad de las personas, al incorporar datos administrativos para complementar los datos autoreportados por los hogares, permitiendo una asignación más justa del gasto social en aquellas más vulnerables.
La subsecretaría explica que el proceso en la gran mayoría de los casos demora como máximo un mes, a excepción de casos más complejos como, por ejemplo, en aquellos donde existen menores de edad sin sus padres. Las personas entregan sus antecedentes y estos deben evaluados por las respectivas municipalidades.
Durante la mañana, los senadores de oposición se reunieron con los representantes de las pequeñas y medianas empresas. Entre las solicitudes que realizaron las pymes está el aumentar de US$1.000 millones a US$3.000 millones el fondo para subsidios de capital de trabajo. El destino seria principalmente para las micro y pequeñas empresas de los sectores más afectadas, que son cultura y entretenimiento, gimnasios, turismo, gastronomía y hotelería, servicios y comercio minorista, mediante una modalidad directa, sin fondos concursables.
Además, señalaron la necesidad de suspender los pagos de patentes y eliminación de multas por incumplimiento tributario durante 2021. (La Tercera)
