Este miércoles las compañías de seguros de vida Consorcio y su par Confuturo presentaron dos recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, con el objetivo de que el Estado reponga los recursos extraídos a través de la reforma constitucional que permitió el retiro anticipado del 10% para pensionados bajo renta vitalicia.
Con esto, las firmas se sumaron a la polémica generada en contra del oficio circular N°1208 enviado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y por el cual, Bice Vida, Penta Vida y 4 Life Seguros de Vida ya interpusieron reclamos de ilegalidad hace dos semanas.
En concreto, Consorcio envió un oficio a la CMF en el cual afirma que la medida, en contra del Presidente Sebastián Piñera y el Congreso, «impugna la actuación arbitraria y abiertamente contraria a las garantías constitucionales consagradas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental y a diversos tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en que incurrieron los recurridos al dictar la Ley N°21.330″.
De esta manera, la compañía solicita a los tribunales superiores «restablecer el imperio del derecho y los límites de la soberanía, ordenando al Estado solventar los pagos efectuados y por efectuar que deba hacer la compañía a los pensionados y beneficiarios de rentas vitalicias en virtud del Acto Impugnado, lo que a su vez evitaría que nuestros clientes, los pensionados, sufran una afectación inmediata en sus pensiones futuras».
Cabe destacar que, a diferencia de lo que ocurre con las AFP, como el valor de la pensión bajo esta modalidad se mantiene fijo desde el momento que se da, un eventual retiro implica un recálculo de la reserva técnica.
Según datos de la CMF, hasta el 24 de mayo, Consorcio ha recibido 31.765 solicitudes de retiro – de un total de 213.387 – y se han efectuado 13.874 pagos a los beneficiarios.
Con todo, la compañía acusa que la nueva norma «transgrede el derecho de propiedad de la compañía (…) porque exige una transferencia directa de recursos de propiedad de la Compañía hacia sus pensionados y beneficiarios que así lo soliciten, bajo una mera expectativa de restitución dependiente de la mayor o menor supervivencia del pensionado o beneficiario. Ello altera el contenido de contratos de carácter irrevocable válidamente celebrados, que se encuentran vigentes y en ejecución, modificando su esencia y arriesgando su estabilidad».
Por su parte, Confuturo, que es la sociedad con más pólizas vigentes en rentas vitalicias, también presentó un recurso de protección contra la Corte de Apelaciones. Así, la firma puntualizó que «los actos en que incurrieron los recurridos son arbitrarios, contravienen principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico reconocidos en diversos tratados internacionales ratificados por Chile y actualmente vigentes, y afectan gravemente la igualdad de trato, no discriminación arbitraria, y propiedad que los números 2º y 24º del artículo 19 de la Constitución reconocen a Confuturo».
En la acción, solicita al Estado que solvente los pagos ya efectuados a los pensionados por renta vitalicia y aquellos que deban realizarse, de acuerdo a la ley aprobada en el Congreso. La compañía ha recibido 35.803 solicitudes, y ha concretado 11.172 pagos.
POLÉMICA PARLAMENTARIA
Mientras se encuentran en el proceso de pagar los retiros anticipados a los pensionados que lo requieran, las aseguradoras Consorcio y Confuturo decidieron tomar el toro por las astas, recurriendo a la justicia e interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera, el Senado y la Cámara de Diputados con el fin de que el Estado sea el que pague los costos de los retiros.
La actuación de estas compañías de seguros molestó en la oposición, pero desde el oficialismo estiman que era algo que se veía venir.
La diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) –una de las patrocinantes del proyecto que provocó esta consecuencia–, calificó como «absolutamente impresentable» la decisión de las aseguradoras, lo que a su juicio abre una «caja de Pandora» en la que el Congreso no había entrado, por lo que ahora se haría necesario crear una comisión investigadora para analizar todo lo que está ocurriendo con las rentas vitalicias, adelantó, agregando que «lo que va a ocurrir es que nadie va a querer pensionarse con rentas vitalicias», por lo que las aseguradoras estarían «matando su gallina de los huevos de oro».
Otro de los patrocinantes, el diputado independiente Karin Bianchi, señaló que este recurso no tiene ninguna opción de prosperar y que «no es más que una medida de presión para frenar nuestra ley interpretativa o anticipos posteriores». Según el legislador, esta actitud de las aseguradoras busca prevenir un escenario similar al que se ha venido suscitando con los retiros de las AFP, que el primero le abrió la puerta a los que han seguido.
Están en su derecho de accionar contra el Estado, indicó Bianchi; aunque reflexiona que habría que analizar cuál es el derecho que se vulnera, ya que el recurso de protección está diseñado para defender la vulneración de derechos fundamentales. Sin perjuicio de eso, añadió que «es paradigmático que hasta las compañías aseguradoras le digan al Presidente de la Republica que es él quien debe asegurar el bienestar social de nuestra población».
A su juicio, «esta acción es una locura. Pero si les va bien, en hora buena», ironizó, pero además responsabilizó al Estado de esta situación, pues debió hacerse cargo «como muy bien señalan las aseguradoras», añadió. En todo caso, mantiene su postura de que el polémico adelanto no es expropiatorio.
Según el diputado Matías Walker (DC) el polémico anticipo «es algo absolutamente constitucional, que lo permite el ordenamiento jurídico chileno y también internacional». Sin embargo, contrariamente a lo que la mayoría de su sector opina, el legislador falangista tiene la convicción de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) «ha obrado bien», porque junto con aplicar la reforma constitucional, estableció instrucciones que tienen que ver con la naturaleza de un contrato de seguros, como son las rentas vitalicias, que tienen un componente aleatorio que tiene que irse descontando del monto del anticipo.
En todo caso, coincidió con Bianchi en el sentido de que no se produjo una expropiación, lo que hubo, a su juicio, fue una regulación en el marco de una situación excepcional.
«SE VEÍA VENIR»
Una mirada radicalmente opuesta expresó el diputado Guillermo Ramírez (UDI), quien recordó que a los promotores de la iniciativa se les advirtió que «esto atentaba absolutamente contra todas las normas internacionales, contra la Constitución y la ley». A juicio del legislador oficialista esto «es la crónica de un desastre anunciado» que requiere ser corregido por la Cámara de Diputados, porque fue una gran irresponsabilidad, advirtió.
En la misma línea, el también diputado UDI Jorge Alessandri, coincidió en que actuaron mal los diputados que aprobaron algo que, desde su punto de vista, era ilegal. Pero también le entrega un cuota de responsabilidad a las compañías de seguro, que estima ameritan que se les dé «un tirón de orejas», porque no propusieron un alternativa y «evidentemente para el Gobierno, que debió haber propuesto una transferencia directa, universal, pero también para esas personas jubiladas por rentas vitalicias».
En contraste de lo señalado por Bianchi, el diputado de RN, Gonzalo Fuenzalida, sostuvo que la reacción de las aseguradoras era esperable, ya que lo aprobado por el Congreso es «claramente expropiatorio» e introduce leyes en materia de contrato entre privados. «El problema es que si se sigue ahondando en este tipo de proyectos de ley se va a poner en riesgo la solvencia no sólo de las rentas vitalicias, sino de las aseguradoras», que si caen en esta situación se perjudicará a millones de chilenos que no tendrán cobertura en sus contratos de seguros, adelantó. (Emol-DF)
