En 2016 se estableció en Reino Unido la Comisión de Justicia Económica con el propósito de examinar los desafíos estructurales de ese país. Entre otros, participó el Global Managing Partner de McKinsey, CEOs, inversionistas, gremios, universidades y miembros de la sociedad civil.
Su conformación y recomendaciones son inspiradoras para Chile: en 2018 concluyó que la economía de Reino Unido no era sostenible, principalmente porque descuidó hacer partícipe de su éxito a la mayoría de la sociedad.
En Chile compartimos este desafío, no siendo suficiente corregirlo sólo con impuestos y transferencias, en especial porque las rentas del capital crecen con un frenesí que escapa a las rentas del trabajo. La ecuación no da.
Así, la incorporación de medidas ambiciosas que miren a la estructura de nuestra economía y la forma como nuestros compatriotas se identifican con ella se vuelve fundamental.
Con un norte similar, la Comisión hizo diez propuestas abordando entre otras cosas el desafío de la concentración de patrimonio, aspecto sensible en momentos en que la automatización del empleo amenaza las rentas del trabajo como fuente de sustento.
En esa línea, consideramos imperativo buscar para Chile una solución a la desigualdad por la vía de hacer partícipes a los ciudadanos del capital. Una forma a considerar son fondos administrados por parte del Estado, pero con una acentuada independencia, con el fin de distribuir los frutos del capital de forma directa a los ciudadanos y a la vez invertir en una economía capaz de crear y agregar valor.
Hay ejemplos de fondos estatales que vale la pena mirar: en Alaska uno tiene como misión distribuir dividendos a sus habitantes, en Noruega otro apunta a invertir los réditos del petróleo para el futuro de su gente, o en Australia donde uno pretende financiar pensiones insuficientes.
¿Cómo financiamos un fondo para construir un Chile más equitativo? (i) eliminando las barreras que nos impiden asignarle parte de nuestros impuestos; (ii) asignándole bienes del Estado; y, (iii) recaudando con un impuesto patrimonial que por única vez demande una contribución de los más ricos, y que se pague con participaciones en el capital. Una inversión en el futuro y en la paz social de nuestro país.
¿Lo forzamos? No. Si algo hemos aprendido de esta crisis es la importancia de escuchar y crear un pacto social del cual todos queramos ser parte. Si las grandes fortunas deciden no ser parte del pacto social e irse, perdemos todos. En Chile no sobra nadie.
¿Cómo llegamos a ese consenso? Aceptando que la desigualdad atenta contra la paz social y debilita el potencial de la economía; y, creando algo colectivo, que nos una con lazos de fraternidad mutua, y permita a todos los ciudadanos identificarse y sentirse parte del éxito de Chile.
La falta de dignidad ha destruido nuestro sentido de comunidad e identidad. Es hora de reconstruir, y con innovación. Los impuestos como mecanismo de pre-distribución no son la bala de plata, pero deberían ser parte de la ecuación hacia una economía con más justicia social. (La Tercera)
Jeannette von Wolfersdorff
