Revisión de cuentas bancarias y correos: claves en futuro judicial de ME-O

Revisión de cuentas bancarias y correos: claves en futuro judicial de ME-O

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Tras la diligencia del lunes en que se interrogó a Marco Enríquez-Ominami, los trascendidos dan cuenta de que sus negativas a declarar ante ciertas consultas de los fiscales, en nada aportaron datos relevantes para la investigación.

Si bien es un derecho que le asiste por su calidad de imputado -la fiscalía sospecha que sabía de aportes irregulares a su campaña-, el guardar silencio ante los requerimientos de los persecutores habría abierto más interrogantes en su contra, a lo que se suma la negativa de alzar voluntariamente sus cuentas bancarias.

De hecho, si se hace una comparación con Jovino Novoa, primer político condenado en el caso Penta, este si bien se resguardó en su derecho a guardar silencio en un inicio del proceso, una vez que aceptó colaborar con la fiscalía, junto con declarar abrió voluntariamente todas sus cuentas bancarias.

Con esto, el ex senador UDI evitó que la fiscalía solicitara a un juez que interviniera y ordenara alzar el secreto bancario que estas tienen, situación que es evaluada ahora por el Ministerio Público en el caso de ME-O tras su negativa.

DINEROS DE SQM

Con esta diligencia, según explica hoy «El Mercurio», lo que se busca establecer es si el total o parte de los $362 millones que SQM pagó a Cristián Warner Comunicaciones Publicidad y Marketing EIRL -brazo derecho del ex candidato presidencial- fueron a parar a las cuentas de ME-O.

El periodista no ha querido declarar ante la fiscalía, y también ha negado el acceso a sus cuentas, lo que llevó al Ministerio Público a pedir la intervención de tribunales.

Esto derrumbaría la hipótesis de que este último no tuvo idea de supuestas asesorías de su ex jefe de campaña a la minera no metálica, que fueron rectificadas y desconocidas por SQM ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

El poder establecer este nexo tendría al candidato presidencial cerca de la formalización. Pero dependerá del estándar de prueba que el nuevo fiscal regional a cargo, Pablo Gómez, tenga al respecto. Otra de las diligencias que se barajan es acceder a sus correos electrónicos.

 

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