Era septiembre de 2016, y en los medios comenzó a circular información sobre una de las participantes favoritas que tuvo la segunda temporada de «MasterChef Chile». Maylin González, finalista del programa de cocina, había vuelto a ingresar a la cárcel de Vallenar. La cocinera fue condenada en 2009 por un robo con violencia y, tras unos meses con libertad condicional, dejó de cumplir uno de los requisitos para continuar con el beneficio: firmar semanalmente ante Gendarmería.
Al pasar los meses, la situación evidenció «un aumento considerable» de las pérdidas de beneficios obtenidos por reclusos, según indica el documento. En 2017, Gendarmería contó 704 revocaciones de la libertad condicional, lo que implica un aumento de 82%.
Su caso, fue uno de los 386 que ocurrieron ese año, según constatan cifras contenidas en un oficio enviado por el director (s) de la institución penitenciaria, Christian Alveal, al senador Felipe Harboe (PPD) el 28 de septiembre. «Resulta evidente que el otorgamiento en algunas regiones no se ha hecho con el debido cuidado de reinserción de los condenados, y esa cifra ratifica lo que señalé hace ya un año, cuando comenzaron estas libertades condicionales masivas en algunas regiones», afirmó el parlamentario.
El viernes, el Poder Judicial comunicó que la Comisión de Libertad Condicional de Santiago acogió 317 solicitudes, mientras que en abril fueron 254. No presentarse a firmar Para acceder a este tipo de cumplimiento de pena, explica la docente de la Facultad de Derecho y Gobierno U. San Sebastián, Alejandra Bustos, hay una serie de requisitos como haber cumplido la mitad de la condena, salvo algunos delitos donde se exigen dos tercios de la pena, como parricidios, robo o violación con homicidio, además de delitos sexuales contra menores de 14 años. También, contar una conducta intachable, saber bien un oficio y haber asistido con regularidad a la escuela del penal. El beneficio se concederá por resolución de las comisiones de Libertad Condicional, las cuales sesionan en abril y octubre de cada año: «Son integradas por los funcionarios judiciales que hacen la visita inspectiva a las cárceles y establecimientos penales en la ciudad en que funciona la respectiva Corte de Apelaciones», explicó la abogada. Para decidir, contarán con un informe elaborado por Gendarmería, en el que se aborde toda la información del condenado, incluyendo aspectos sociales, laborales y psicológicos.
Ya con el beneficio, el condenado deberá acercarse a firmar a una unidad de Gendarmería todos los domingos, entre las ocho de la mañana y el mediodía, explicó el encargado de la Oficina de Registro y Movimiento de la población penal de la institución uniformada, Alejandro Cáceres. «Cuando postula, el interno debe indicar un domicilio para que, de concederse el beneficio, se le asigne el penal más cercano, que no necesariamente es en el que estaba cumpliendo condena. También, pueden avisar con anticipación si algún día no pueden acercarse a firmar por ejemplo, si se va un tiempo fuera porque trabaja en pesca y empieza la temporada», aseguró a Emol.
8.062 Personas contaban con el beneficio para julio de este año. Entre las causas de revocación, se encuentra la comisión de algún delito o el no presentarse a firmar durante dos semanas consecutivas. «Nosotros avisamos a la Corte de Apelaciones, y ellos deciden. La mayoría de las veces es porque no van a firmar», concluyó Cáceres. En tanto, el senador Harboe concluyó que «esta cifra obliga a las comisiones a revisar con mayor acuciosidad las solicitudes de libertad condicional, ya que cuando liberan a un condenado, y este comete un nuevo delito, se afecta la seguridad de las víctimas y nadie responde por esta decisión evidentemente equivocada». Una «herramienta sólida» para la reinserción Entre 2016 y 2017, la autoridad competente otorgó 12.260 libertades condicionales a nivel nacional. Las regiones que sumaron el mayor número fueron la Metropolitana (4.157), Valparaíso (1.491) y Biobío (1.097). En tanto, al 31 de julio de este año, la población controlada por este concepto era de 8.062 personas a nivel nacional.
Si bien los procesos de postulación ocurren en marzo y septiembre, el flujo de libertades condicionales ocurre durante todo el año, agrega el informe. Esto, ya que «en caso de haber evidenciado una calificación de conducta sobresaliente, su postulación se adelantará un semestre», razón por la que el beneficio podrá ser concedido pese a que «se concretará recién al momento de cumplir con el tiempo mínimo estipulado en la norma». «Esta cifra obliga a las comisiones a revisar con mayor acuciosidad las solicitudes de libertad condicional, ya que cuando liberan a un condenado, y este comete un nuevo delito, se afecta la seguridad de las víctimas y nadie responde por esta decisión evidentemente equivocada». Senador Felipe Harboe. También, el flujo casi permanente se explica por las resoluciones que puedan ser dictadas en otros momentos por parte de las cortes de Apelaciones y la Suprema. Frente a esto, el director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, explicó que la entrega del beneficio «se ha quintuplicado en los últimos 5 años, lo que se traduce en un aumento de sus revocaciones. Lo que hay que profundizar son sus aspectos técnicos de otorgamiento o denegación para transformarla en una herramienta sólida que contribuya a reinsertar a los condenados, a disminuir la reincidencia delictual e impactar con ello los niveles de seguridad pública».
Emol/Agencias
