La Inmobiliaria Fundamenta informó que inició esta mañana el despido de trabajadores que formaban parte del megaproyecto denominado Comunidad Sustentable – Egaña, ubicado en el cruce de las avenidas Américo Vespucio con Irarrázaval, en la comuna de Ñuñoa.
Esto luego que el pasado 4 de abril la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana revocara la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa que consideraba una inversión de US$300 millones y empleaba a 1.300 personas entre directos e indirectos.
Desde la inmobiliaria explicaron que los trabajadores directos son 220 y serán todos finiquitados durante la jornada de hoy.
El proyecto obtuvo su permiso ambiental el 2019, pero el cambio de gobierno llevó a que las autoridades sectoriales hicieran una revisión profunda sobre su estatus y revivieran críticas, como las horas de luz solar que bloqueará una vez que edificada la obra. Ello pese a que el proyecto se acogió de manera voluntaria a un proceso de Participación Ciudadana y se acotó a la norma europea.
Los trabajadores despedidos fueron contratados por la empresa DLP, quienes luego de conocer el rechazo del proyecto, iniciaron manifestaciones en las afuera de la obra y también en la Municipalidad de Ñuñoa, pues su alcaldesa Emilia Ríos (RD) es una de sus mayores detractoras.
“Hemos buscado posibles caminos de diálogo y solución de parte de organismos públicos respectivos, ante los cuales mantenemos nuestra plena disposición a conversar para alcanzar un acuerdo viable para el proyecto. La medida fue mutuamente acordada con las directivas sindicales de los trabajadores de la obra e informada al Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Queremos agradecer profunda y públicamente el compromiso de todos quienes han participado durante estos 33 meses en la construcción de este proyecto. Estamos completamente disponibles para abordar y dialogar esta situación y alcanzar los acuerdos necesarios, pudiendo así retomar los trabajos con la mayor celeridad posible”, consignó Inmobiliaria Fundamenta.
SUTIL (CPC): «ES CASI COMO VOLVER A LA UP»
Preocupado por la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto inmobiliario “Egaña – Comunidad Sustentable” de Inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa, se mostró el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil. Esto, luego que la compañía anunciara públicamente el inicio de un proceso de desvinculaciones que afectará a poco más de 220 trabajadores.
El proyecto sufrió el pasado lunes un duro revés, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, instancia que es presidida por la delegada presidencial Constanza Martínez, e integrada también por nueve secretarios ministeriales, nombrados por la actual administración de Gabriel Boric, lo rechazó.
El timonel de la multigremial calificó la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, como una decisión “incorrecta, arbitraria, que pasa por encima del Estado de Derecho, y la consecuencia que trae es nefasta: no sólo los trabajadores pierden su trabajo, sino que la inmobiliaria y la constructora pueden quebrar”.
“Esto significa un quiebre en el Estado de Derecho, porque esta empresa tuvo una autorización ambiental, fruto de un proceso que lo cumplió correctamente. También tuvo los permisos sectoriales de las autoridades administrativas e inicia las obras y, con un tercio del avance, arbitrariamente, le paralizan las obras. Eso es gravísimo. Hoy hay muchas empresas constructoras que ni que les regalen un sitio en Ñuñoa, Recoleta o Estación Central construirán, por el riesgo a que le paralicen las obras”, planteó.
“La incerteza jurídica lleva a que paralicen las obras por cualquier acto y no sólo eso, sino que pone en riesgo el trabajo de quienes están allí trabajando. Pone en riesgo también a quienes están invirtiendo y cualquier actividad económica, porque en el futuro en cualquier otra comuna, como las que mencioné o en cualquier otra actividad productiva, puede pasar lo mismo. Eso es lo que destruye la estabilidad del país y la forma de relacionarnos. Encuentro que es casi volver a la Unidad Popular”, añadió.
Sutil se mostró contrario a la supuesta “masacre inmobiliaria” que denunció la alcaldesa de Ñuñoa Emilia Ríos (RD) en la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana. A su juicio, “ese lenguaje sólo separa y destruye, y es incorrecto”. “Aquí hay que pensar que si una autoridad considera que es incorrecto el tipo de desarrollo que tiene una ciudad, tiene todo el derecho a poderlo plantear y corregir, en la medida de que hayan mayorías para aquello, pero para lo que no tiene derecho es que ante un hecho administrativo arbitrario, suspenda una obra o dificulte la recepción de un proyecto que tiene todos sus permisos vigentes”.
El proyecto de inmobiliaria Fundamenta corresponde a la construcción de cuatro edificios (tres habitacionales y uno de oficinas) y un sector de comercio. A pesar de haber iniciado las obras, el 26 de noviembre de 2021 el Tribunal Ambiental (TA) acogió parcialmente la reclamación presentada contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el proyecto “Egaña – Comunidad Sustentable”. Con la decisión, el SEA dejó sin efecto la Resolución Exenta N°222 del 3 de mayo de 2019 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana y retrotrajo la evaluación al “Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones Complementario” (ICSARSA), hasta que se complementara la evaluación en dos materias: luminosidad y refracción.
El 18 de febrero de 2022, Inmobiliaria Fundamenta ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental la Adenda Complementaria, sólo relativo a las materias solicitadas. Tras dicha presentación, el Servicio de Evaluación Ambiental ratificó que el proyecto fue diseñado de acuerdo con la normativa urbanística vigente y presentó todos los antecedentes técnicos necesarios para acreditar que su ejecución no afecta la calidad de vida de las personas ni al entorno.
No obstante, en sesión extraordinaria del pasado 4 de abril, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana presidida por la nueva delegada presidencial y por los recién asumidos Secretarios Regionales Ministeriales, decidieron rechazar el proyecto íntegramente, pese a cumplir con todo lo exigido y responder las observaciones.
Al ser consultado el Seremi del Ministerio del Trabajo de la Región Metropolitana, Manuel Ahumada (PC), sobre el proceso de desvinculaciones iniciado por la constructora DLP, compañía que lleva adelante el proyecto de Inmobiliaria Fundamenta, respondió: ”Nuestra convicción es el fortalecimiento del diálogo social, porque no se puede seguir construyendo como se viene haciendo en nuestro país”, añadió.
”Actuamos a través de la Dirección del Trabajo con el mecanismo de mediación y llegamos a un acuerdo que consiste en que todos los trabajadores recibirán un finiquito de 2,5 remuneraciones líquidas”, complementó Ahumada.
En tanto, por medio de una declaración por escrito la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), sostuvo: “Sin duda es lamentable que la empresa haya desvinculado a los trabajadores, ya que fue la misma inmobiliaria quién decidió correr el riesgo de construir con una resolución de calificación ambiental parcialmente anulada. Si bien gracias a la mediación que se logró realizar desde el Ministerio del Trabajo los trabajadores pudieron conseguir mejores condiciones para sus finiquitos, acá lo importante a recalcar es la directa responsabilidad que tiene la empresa respecto del término de la relación laboral con sus trabajadores”.
Consultada la inmobiliaria señaló que “desde que iniciamos obras, siempre hemos contado con permisos y esperamos poder seguir construyendo, en un futuro cercano, un proyecto que estamos convencidos es bueno para Ñuñoa”. (Pulso-La Tercera)
