Desde octubre de 2021, fecha en que pasó de la Cámara de Diputados al Senado, es que duerme el proyecto de ley que tipifica como delito la sustracción de madera. Por lo menos hasta el 7 de junio, en que el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Miguel Insulza (PS) lo puso en tabla. Esta iniciativa fue ingresada por diputados de la UDI y RN en enero de 2021, y busca modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para su objetivo.
Hasta la fecha ha habido tres sesiones en donde se ha revisado la iniciativa, siendo la última este martes 5 de julio, en donde precisamente el Ejecutivo le puso suma urgencia. Esto, ya que el propio Gobierno ingresará una indicación sustitutiva, que buscará crear una diferencia entre cuando esta práctica esté relacionada al crimen organizado versus cuando sea un robo de madera aislado.
«He tenido un pedido del Gobierno de presentar indicaciones así que vamos a pedir ampliación de plazo para eso«, dijo Insulza antes de entrar a la última sesión de este martes.
Hasta el momento el Ejecutivo no ha ingresado tales indicaciones, pero están consideradas dentro del paquete de la agenda de seguridad que ha presentado la ministra del Interior, Izkia Siches, en esa misma comisión, además de la sala del Senado y de la Cámara. En esa agenda se incluye el respaldo y las indicaciones que el gobierno hará en proyectos como a la Ley Tamara, al proyecto de fortalecimiento de la persecución penal de tráfico de drogas y crimen organizado y ministerio de Seguridad.
Sin embargo, algo que critican duramente desde la oposición es que, la iniciativa de sustracción de madera, que fue visado en la Cámara de Diputados el 12 de octubre de 2021, fue rechazado en su momento por 11 diputados del Frente Amplio, entre ellos el actual presidente, Gabriel Boric, el ministro Segpres, Giorgio Jackson, el Subdere, Miguel Crispi, además de los actuales parlamentarios Gonzalo Winter, Gael Yeomans y Catalina Pérez.
COMISIÓN INVESTIGADORA
Este martes los diputados, por unanimidad, dieron la aprobación para conformar una Comisión Investigadora para esta práctica en la Macrozona Sur.
Fue específicamente el diputado por el Biobío, Eric Aedo (DC) junto con su bancada, quien impulsó este acuerdo, ya que para ello desde su punto de vista «todo el financiamiento de esas armas, de esa violencia es a partir, entendemos nosotros, de esta actividad delictual».
En ese sentido, esta comisión busca ser un complemento del rol de la fiscal regional, Marcela Cartagena, designada específicamente a investigar esta práctica. Aedo espera entregarle información con respecto a «de dónde sale esta madera, quienes son los intermediarios, cuál es el rol que está jugando el Servicio de Impuestos Internos, cuáles son las querellas que ha presentado, etc».
Según dijo a fines de mayo en Tolerancia 0 de CNN el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, en esta actividad se mueven aproximadamente US$100 millones. Mientras que, según datos de la Corma, en el primer semestre de este año se han registrado cerca de 25 mil camiones con madera robados.
«Si seguimos la ruta del dinero vamos a llegar a los cabecilla de quienes ejercen hoy día el narcoterrorismo en esa zona y ese es el hilo que tenemos que cortar», terminó diciendo Aedo. (Emol)
