A lo menos hace un lustro, Chile vive una época de relevantes cambios en materia de criminalidad organizada. Al analizar qué tipo de homicidios son los que contribuyen al aumento más allá de los dos puntos en la tasa cada cien mil habitantes, son justamente aquellos que en mayor medida impactan a la población: uso de armas de fuego, desmembramientos de cuerpos humanos y ejecuciones en la vía pública, todos indicativos de la actividad de organizaciones criminales.
Mientras esto sucedía, la persecución penal continuó actuando de la misma forma que al inicio de la reforma: los homicidios se advertían, contaban e investigaban manteniendo una estrategia que, claramente, no era suficiente. La contumacia se mostraba con su cara de inercia, dejándolo todo igual.
Y eso es lo que rompió Ecoh (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios). El Ministerio Público, junto a otras instituciones del Estado, asumió el desafío y, por primera vez en su historia, diseñó e implementó una política pública para enfrentar y hacerse cargo de un problema ciudadano tan sensible como era el aumento de los homicidios y el crecimiento de la criminalidad organizada.
Pero quebrar la contumacia no fue sencillo. Implicó reorganizar profundamente el trabajo institucional, romper inercias, modernizar estrategias y hacer más con los mismos fiscales, demostrando el compromiso y dedicación de todos los que formamos parte del Ministerio Público. Este cambio implicó, además, comenzar desde una premisa simple, pero poderosa: actuar de forma oportuna, con especialización y trabajo coordinado, investigando no solo el delito de homicidio, sino el contexto de las organizaciones criminales que los cometen.
Los resultados, a un año de su implementación, son auspiciosos y reflejan el esfuerzo de todo un equipo humano detrás de Ecoh. Para contextualizar los números, en uno de los resultados que sin duda tienen impacto en la población, podemos observar que el cambio de imputados desconocidos a conocidos en comparación con el año anterior tuvo un avance de un 48,2%. Esto significa que, si de 10 homicidios se lograba identificar a cuatro imputados, con Ecoh este número se eleva a seis.
A mitad de camino, adicionamos los secuestros a los equipos Ecoh, otro fenómeno que afecta gravemente la seguridad de la población y que mostraba una tendencia al alza en el contexto de crimen organizado. Los logros son igualmente alentadores: los imputados conocidos respecto del año anterior aumentaron en un 50,6%.
Estas cifras representan casos resueltos, imputados identificados y encarcelados; y nos acerca a desmantelar la organización detrás de esa criminalidad. Lo más importante, personas y familias que encuentran una luz de justicia en medio de la tragedia, ya que la mayoría de los casos Ecoh se circunscribe a la población más vulnerable y marginada del país.
Todo esto se ha logrado con 101 fiscales preferentes —sin aumento de dotación— y más de 250 profesionales especializados entre abogados, analistas criminales y profesionales de atención a víctimas desplegados en diez regiones del país, desde Arica hasta Biobío. Equipos que se constituyen en el sitio del suceso con rapidez, asegurando la recolección temprana de evidencia y fortaleciendo el análisis criminal.
El trabajo coordinado queda reflejado en que los 250 profesionales fueron un compromiso del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que financió este programa a través del Plan “Calles sin Violencia”, y el apoyo de la Policía de Investigaciones y Carabineros, involucrados desde el primer minuto para lograr estos alentadores resultados.
La fórmula innovadora, el romper la contumacia y generar una estrategia distinta frente a nuevos desafíos, es solo un punto de partida. La lucha contra el crimen organizado requiere constancia, modernización y unidad. Chile merece vivir sin miedo, con un Estado que esté a la altura de los desafíos.
Por eso me permito alentar a los colegisladores a seguir este camino de romper la inercia, de innovar frente a nuevos desafíos y, para ello, el fortalecimiento del Ministerio Público y la creación de una Fiscalía Supraterritorial no pueden seguir esperando. El crimen organizado no reconoce fronteras ni regiones; no distingue límites administrativos. Necesitamos las herramientas para actuar con eficiencia y cohesión a nivel nacional, con recursos y capacidades para perseguir con firmeza a estas organizaciones que amenazan la paz social.
Ángel Valencia V.
Fiscal nacional del Ministerio Público
