La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció hoy (18.03.2015) un conjunto de cinco propuestas de medidas de combate a la corrupción, en un intento de responder a las masivas protestas populares del domingo pasado. El llamado «paquete anticorrupción» incluye la posibilidad de confiscar bienes de funcionarios públicos que acumulen un patrimonio «incompatible con sus ingresos» y no logren demostrar que fueron adquiridos con recursos legales.
Además, Rousseff propone convertir en delito penal el uso de recursos no declarados al fisco y a la Corte Electoral en campañas políticas, una práctica muy usual en Brasil. Esas medidas ya fueron prometidas por Rousseff en junio de 2003, pero han sido retomadas tras las protestas por la corrupción, encarnada en el caso Petrobras. La presidenta considera que este escándalo es una prueba de que su gobierno no entorpece las investigaciones de la policía y la ficalía. Sin embargo, una encuesta del Instituto Datafolha divulgada hoy revela el rechazo a su gestión es del 62%, mayor que nunca.
CUENTAS EN SUIZA
Precisamente hoy, las autoridades suizas anunciaron que se localizaron trescientas cuentas en treinta bancos del país con relación al caso Petrobras. Hasta ahora, han bloqueado unos 403 millones de dólares, de los que ya se ha autorizado la devolución a Brasil de unos 121 millones de dólares.
Las investigaciones están dirigidas principalmente a empresas, altos ejecutivos de Petrobras y suministradores de la petrolera que están bajo sospecha de tener nexos con el esquema de desvío de dinero de la empresa pública. «La liberación de más de 120 millones de dólares refleja la intención clara de Suiza de manifestarse en contra del mal uso de su centro financiero para propósitos criminales y para devolver fondos de origen criminal a sus dueños legítimos», declaró el fiscal general en un comunicado emitido el miércoles. (dw,dpa, EFE, Reuters)
