El ritmo que ha adquirido el deterioro de imagen del gabinete ministerial es, en verdad, alarmante. A dos meses de su instalación, los desaciertos comunicacionales se han vuelto rutina, una variable que con demasiada anticipación está socavando la credibilidad pública de las nuevas autoridades. Esta semana, la ilegalidad del protocolo sobre objeción de conciencia en materia de aborto dejó al ministro de Salud al borde de una acusación constitucional; y el viaje del titular de Hacienda a una reunión de ex alumnos de la Universidad de Harvard -financiado con recursos públicos-, puso en entredicho a la autoridad encargada de impulsar la política de austeridad fiscal.
“Autogoles”, “errores no forzados” o, más bien, un signo de los tiempos, en que la función pública está siendo desacreditada por una clase política que no entiende y no conecta con la sensibilidad de los ciudadanos. Lo que se expresa en desprolijidad, frases impropias y una clara incomprensión de los límites entre lo público y lo privado: hoy Felipe Larraín consideró que el Fisco debía financiar una invitación a Boston que recibió antes de ser nombrado ministro de Hacienda; ayer, la Presidenta Bachelet decidió que el Estado debía pagar los cerca de 60 millones de pesos que costó su decisión de viajar a Brasil, a ver un partido de la selección chilena.
Personas inteligentes, profesionales destacados y con trayectoria política, a los que pareciera que la sensación de omnipotencia simplemente los transforma, abriendo las puertas a un desvarío que conduce a creer que se puede hacer o decir cualquier cosa. En rigor, el fallido nombramiento del hermano del Presidente en la embajada de Argentina se inscribe en la misma lógica, es decir, en un desborde de los más elementales mapas cognitivos, esos marcos donde lo que para el ciudadano común resulta obvio, para las autoridades encumbradas en las esferas del poder, no existe.
Es cierto: Chile se encuentra aún distante de los casos de deterioro político que se observan en otras latitudes; sin ir más lejos, en Perú y en Brasil los últimos presidentes han terminado destituidos o tras las rejas. Pero el daño reputacional que nuestras autoridades se generan cotidianamente a sí mismas no es menor ni es gratis, y a larga termina por afectar también la imagen y la credibilidad de las instituciones. Ahí están el escandaloso desfalco en Carabineros y el incómodo intríngulis en que hoy se encuentra el Fiscal Nacional, también amenazado por el riesgo de una eventual destitución.
De algún modo, las últimas semanas han sido un buen ejemplo de lo que este “ruido de fondo” provoca en la gestión pública. Un gabinete cuyas desinteligencias comienzan a trabar la agenda gubernamental, una oposición sin propuestas ni proyecto, pero que en función de las licencias que concede el gobierno, se atrinchera en el uso y abuso de las prerrogativas de la Contraloría. En un mes el país transitó de la oportunidad abierta por el espíritu de unidad y las comisiones transversales, al fantasma de la acusación constitucional y la lógica de las destituciones. Una inflexión lamentable para los desafíos que la sociedad tiene por delante y respecto de los cuales el gobierno posee la primera responsabilidad: la de no ver sus prioridades, su diseño político y sus tiempos, desfigurados por errores absurdos.
Alguien dirá que por enésima vez aquí “falta política”, pero en este caso, pareciera tratarse de algo más simple y a la vez más complejo de resolver. (La Tercera)
Max Colodro
