Suspender las concesiones de acuicultura por 10 años propone una moción parlamentaria de los senadores Alfonso de Urresti (PS) y Ximena Órdenes (PPD), que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura.
El boletín 13402-21, que ingresó en abril de 202o, está en su primer trámite constitucional en la comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado.
De aprobarse ese proyecto, sería un golpe duro a una industria que el año pasado tuvo inversiones por US$6.606 millones, generó 21 mil empleos directos y 41 mil indirectos.
Pero si bien el texto tiene las firmas de los senadores De Urresti y Órdenes, quien aparece como autora del documento word subido al Senado es Javiera Elena Calisto Ovalle.
Lobista Javiera Calisto
Javiera Calisto figura como creadora del archivo del proyecto de ley de los senadores. Ella es directora jurídica de la multinacional ONG Océana, y su principal lobista y gestora de intereses en nuestro país.
Calisto, además, no ha estado contratada como asesora legislativa de ninguno de los senadores.
Océana es la mayor organización internacional dedicada exclusivamente a proteger los océanos del mundo. Fue creada en 2001 por The Pew Charitable Trusts, Oak Foundation, Marisla Foundation y el Rockefeller Brothers Fund.
El contenido del proyecto, además, es similar a la campaña contra la acuicultura que realiza la propia Calisto y la entidad extranjera, y para la cual emplean millonarios recursos.
Ambos senadores fueron contactados por El Líbero para conocer su versión de los hechos, pero hasta el cierre de este artículo no hicieron llegar una declaración.
ACUSACIONES CONTRA LA SALMONICULTURA
En el polémico texto, los senadores De Urresti y Órdenes acusan que el “crecimiento desmesurado” de la salmonicultura ha generado “graves falencias en materia sanitaria y ambiental”.
A su vez, denuncian “conductas indeseadas como el uso excesivo de antibióticos, y el manejo descuidado de los fondos marinos y fluviales”.
El proyecto señala que “la necesidad de incorporar criterios de carácter ecosistémicos en una ley de carácter productivo, no es una novedad para nuestro sistema”.
Por ello “estima pertinente restringir el ingreso de nuevas solicitudes de concesión de acuicultura, cuyo proyecto técnico considere peces”.
Por lo cual, los senadores quieren prohibir el ingreso de solicitudes de ampliación de las concesiones, y obligan el reingreso de solicitudes desactualizadas.
CALISTO ES LA PRINCIPAL LOBISTA DE OCEANA
Javiera Calisto tiene un extenso historial de casi 50 audiencias como lobista y gestora de Océana con instituciones del Gobierno y de la Cámara de Diputados, según el sitio Info Lobby.
Javiera Calisto, directora jurídica y lobista de Océana.
Con la Subsecretaría del Medio Ambiente tiene 13 audiencias, con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Cámara de Diputados otras 14 (siete cada una), cinco con la Superintendencia del Medio Ambiente y tres con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
En segundo lugar como lobista, con 33 reuniones, está Liesbeth María Van Der Meer Bobadilla, directora ejecutiva de la fundación. César Astete Durán, director de Campañas de Pesquerías de la ONG, registra otras 17 audiencias de lobby.
LA CAMPAÑA CONTRA LA ACUICULTURA
La operación de la salmonicultura en los fiordos y canales de Aysén y Magallanes ha sido objeto de intensas campañas y acciones por parte de las ONG’s, que buscan un freno a su crecimiento o simplemente eliminarla. A esto se han sumado los senadores De Urresti y Órdenes.
Océana acusa a la industria de los salmones de abusar del uso de antibióticos y de dañar el ecosistema marino.
Coincidentemente, son los mismos argumentos del proyecto de ley en el que figura Calisto como creadora del archivo.
Calisto es defensora de una “constitución ecológica”, y son reiteradas sus apariciones en los medios para hablar en contra de la industria del salmón.
En la misma línea, el senador De Urresti ha señalado que le “parece absolutamente inadmisible”, y “no compatible la instalación de concesiones acuícolas en parques nacionales o en áreas protegidas”.
“He patrocinado este proyecto porque creo que es importante la regulación y la moratoria de las concesiones”, dijo en octubre de 2021.
La senadora Ximena Órdenes defendió la medida en que «no podemos seguir entregando concesiones si no tenemos estudios de capacidad de carga en un contexto de cambio climático».
SALMONICULTORES PIDEN TRANSPARENCIA
Carlos Odrebet
Consultados por el proyecto de ley, el Presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odrebet, señala que «sin tener todos los antecedentes a la vista, como norma general, creemos que uno de los imperativos éticos de la sociedad actual es velar por la transparencia”.
En este sentido, agrega que “es muy importante que todas las organizaciones que influyen en las políticas públicas, hagan su trabajo de gestor de intereses particulares con total probidad, sin un doble estándar, de cara a la ciudadanía, y bajo las mismas reglas del juego que los demás actores del ecosistema”.
Al ex presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, le parece «curioso observar cómo hay sectores que aplican una vara para medirse ellos y otra muy distinta para el resto».
Jorge Jaraquemada, director ejecutivo de la fundación Jaime Guzmán
Ello, porque «hay una evidente captura política por parte de una ONG que se opone furiosamente a una industria, mediante onerosas campañas mediáticas y de lobby. El hecho de no transparentar quién es la real autora de un proyecto extremadamente nocivo para una industria, puede indicar que se está influyendo -quizás de qué manera- para que esos parlamentarios se presten a suscribir un proyecto que refleja la identidad medular de esa ONG.”
El actual director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán se pregunta, “¿cuál es la verdadera motivación y financiamiento de Océana? ¿Un legítimo interés por el océano o representa o recibe financiamiento de industrias competidoras de la salmonicultura chilena?»
REGULAR Y TRANSPARENTAR INTERESES DE LAS ONG
Precisamente regular y transparentar el lobby y financiamiento de las 42.352 Organizaciones No Gubernamentales inscritas en Chile es el propósito de un proyecto de ley del diputado Miguel Ángel Calisto, quien no tiene vínculo familiar con la abogada.
El proyecto establece que “es indispensable para la probidad que la relación entre las entidades privadas que se vinculan a los organismos públicos para incidir en la toma de decisiones, sean lo más transparentes y públicas posibles”.
«Atendida la continua necesidad de más transparencia, publicidad, probidad y una mejor regulación en las relaciones entre entidades privadas y públicas, es menester preguntarse qué intereses, personas, poderes y recursos se encuentran detrás de estas instituciones”, plantea el diputado Calisto. (El Líbero)
