La evaluación ciudadana de la Presidenta Bachelet, del Gobierno, y de la Nueva Mayoría está en una situación crítica, no solo por su permanencia en el tiempo, sino también porque tiende a caer sistemáticamente. La encuesta Adimark de ayer confirma estos datos.
Frente a este escenario, caben en general dos posibilidades; la primera es permanecer inmóviles, resistiendo, y subjetivamente en una situación de depresión, inercia y autodestrucción. El otro escenario, del cual estoy convencido de que es el correcto, es tomar la iniciativa en los 18 meses que nos quedan e intentar recuperar, a lo menos en parte, la adhesión ciudadana.
Para este segundo escenario, hay varios requisitos esenciales. El primero es reconocer nuestros errores, estar dispuestos a corregir, rectificar, innovar, retroceder en algunos temas y acelerar en otros. En resumen, la primera condición para este escenario es hacer la autocrítica respectiva.
Una segunda condición es unidad de mando en el Gobierno. Se respeta la decisión presidencial a «full». No más debates por los diarios de miembros del gabinete. Eso obliga, para poder ordenar el Gobierno, a tomar decisiones presidenciales. Porque si esta última no es clara, hace fermentar el debate al interior del Ejecutivo.
La tercera condición es una nueva relación entre el Gobierno y su coalición: la Nueva Mayoría, que también tiene que ordenarse. Y la única forma que veo factible es una relación institucional entre el Gobierno, los presidentes de partidos y los jefes de bancadas. La tarea de disciplinar, ordenar y coordinar a nuestras bancadas parlamentarias, una vez tomada la decisión entre el Gobierno y los partidos, es de estas colectividades. El Gobierno no puede llevar adelante sus proyectos si tiene que dialogar y negociar con cada uno de los parlamentarios. Sencillamente no es viable. Dicho de otra manera, son los jefes de partido y de bancada en los que se coloca el peso de la prueba. Ahí están las condiciones, pero ¿qué significa tomar la iniciativa en nuestros últimos 18 meses?
En materia previsional, la Presidenta ha tomado una buena decisión. Establecer un marco general para reformar el actual sistema. Por lo demás, el 80% de la ciudadanía está en esa línea. Bienvenido el debate que está ocurriendo y ojalá esta reforma sea ley antes del término del mandato. Sin embargo, es imprescindible, como lo han planteado algunos partidos de la coalición, dar una señal concreta del mejoramiento de las pensiones actuales. Y la única forma posible es reajustar el pilar solidario actual en a lo menos un 10%, de tal manera que el mensaje presidencial, tendiente a mejorar las pensiones en el mediano y largo plazo, tenga un correlato aquí y ahora. El costo fiscal de esta decisión es de US$ 60 millones para el último cuatrimestre del año en curso, y de US$ 180 millones en régimen. Para ser responsables fiscalmente, esto es sostenible mediante el incremento de una parte del aporte patronal a las cotizaciones de los trabajadores. Cualquier cifra que lleve al pilar solidario, 3, 4 o 5 puntos, financia en régimen este reajuste. La decisión está en el puntapié inicial, en que se requiere por una vez que el costo sea asumido por el Fondo de Reserva de Pensiones, que alcanza hoy a más de US$ 9 mil millones, del cual se requieren US$ 220 millones.
La segunda decisión es una señal de austeridad al país por parte del Ejecutivo en un clima de desaceleración económica y de múltiples restricciones. Cuando uno lee la encuesta del INE de la semana pasada, sobre sueldos y salarios, y encuentra en dicho estudio que solo el 3% de los chilenos tiene sueldos y/o salarios superiores a $1.900.000, llegó el momento de ajustar hacia la baja los sueldos del escalafón político del Ejecutivo, para estos efectos, entiéndase Presidente, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, directores nacionales de servicios, ejecutivos y directores de las empresas del Estado, etc. En mi opinión, no basta con lo que se ha hecho bien en los últimos dos años; es decir, congelar los reajustes de dicho segmento, sino que una señal mayor.
En tercer lugar, se requiere tomar decisiones respecto de proyectos de ley en curso o por enviarse. A manera de síntesis: colocar discusión inmediata al proyecto de aborto terapéutico en tres causales, que lleva años en discusión, tanto en la sociedad como en el Parlamento y que tiene un amplísimo respaldo ciudadano, más del 70%. Acelerar, para que antes de fin de año se envíe el proyecto de ley de matrimonio igualitario, que también cuenta con un amplio respaldo ciudadano; derogar ahora la Ley Reservada del Cobre, reemplazándola por un presupuesto plurianual efectivo y un fondo de contingencia; capitalizar ahora a Codelco; y, vinculado con el tema anterior, extraer esos recursos del actual fondo de contingencia. El reclamo por seguridad ciudadana y el rechazo de la ciudadanía a las manifestaciones de violencia que se expresan en el orden público hacen imprescindible, a lo menos, que el Gobierno tome la iniciativa con respecto a una ley «antiencapuchados», que también tiene amplísimo respaldo en la opinión pública; comunicar y explicar, una y otra vez, el fortalecimiento de la educación preescolar, el fin del copago, de la selección y el lucro en la educación particular subvencionada, la duplicación en beneficiarios para el año 2017 en la educación superior, particularmente en IP y CFT; acelerar el programa de especialistas en salud, no retroceder en la infraestructura hospitalaria, y un largo etcétera.
Con la decisión tomada ayer por el ex Presidente Lagos, además de lo ya manifestado por la senadora Isabel Allende, por José Miguel Insulza, Alejandro Guillier, Jorge Tarud e Ignacio Walker, es decir, disponibles para suceder al actual gobierno, el primer escenario descrito al inicio de esta columna es nefasto, porque naturalmente tenderá a que todos estos precandidatos se alejen del Gobierno. Por otra parte, el segundo escenario permite acercar a los mencionados con el Ejecutivo. Es decir, hacer una síntesis virtuosa, entre las decisiones del Gobierno y el respaldo de estos precandidatos a aquellas. En mi opinión, no queda más tiempo para tomar decisiones.
El Mercurio/La Tercera
