“Se pueden ir corriendo cercos”, señaló recientemente la diputada Gael Yeomans (FA), respecto a la reforma previsional que están acordando el gobierno, la izquierda y Chile Vamos. Concretamente, precisó que “apostaría” a que los 1,5 puntos porcentuales de la futura mayor cotización destinada a un “préstamo reembolsable”, que deberán hacer forzosamente los trabajadores al Estado, finalmente no sea devuelto a sus cuentas individuales. Dicho en otras palabras, todavía no se legisla el proyecto de reforma y parte de la izquierda gobernante ya manifiesta su clara intención de no cumplir el espíritu ni la letra de la iniciativa legal en curso. Pocos días antes la ministra Jara (PC), junto con lamentar que no se hubiese logrado eliminar las AFP en el pacto alcanzado, adelantó que el gobierno piensa enviar en marzo un nuevo proyecto de ley en orden a introducir en el sistema un ente inversor estatal. Además de las debilidades técnicas que presenta esta reforma, ampliamente discutidas en el foro público, ni siquiera existe ánimo de respetarla mínimamente por una de las partes involucradas.
Y, aunque la ley en trámite no llegara a ser empeorada por otras posteriores, obligará a que los cotizantes hagan un préstamo a largo plazo al Estado -supuestamente recuperable al momento de jubilar, en 240 cuotas mensuales y con una rentabilidad de los fondos inferior a la de mercado-, para financiar pensiones que el Fisco no se encuentra en condiciones de solventar. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha levantado una alerta inequívoca al respecto, formulando una lista de once riesgos fiscales que deben ser mitigados para dar viabilidad financiera a la reforma y, con ello, entre otros propósitos, reducir la innegable probabilidad de que, en su momento, el erario no tenga capacidad de restituir el préstamo a los cotizantes.
Más importante aún, el principio de capitalización individual, clave en el sistema actual, será obviado a través del destino que tendrá el “aporte solidario forzoso”; en tanto que, adicionalmente, el propio gobierno avisa su insistencia en terminar con la prescindencia del Estado en la administración de los fondos previsionales, medida que persigue la protección de las personas ante la posibilidad, siempre abierta, de que los políticos puedan echar mano a sus jubilaciones.
Es fácil apreciar las amenazas -y hasta malos augurios- que trae consigo la aprobación del plan de pensiones que se ha estado “cocinando a la rápida” entre el oficialismo y la centroderecha. El excesivo apuro evidenciado en ambas partes por cerrar el asunto no puede sino despertar sospechas de las motivaciones subyacentes, especialmente en un año que enfrentan importantes elecciones populares.
Los chilenos han esperado demasiado para que sus políticos se pusieran de acuerdo en impulsar una mejora, vía legal, de sus pensiones. Llegada la hora resulta imperdonable que lo hagan mal, en desmedro de aquellos, más aún si es por razones espurias. (La Tercera)
Álvaro Pezoa
