Hace algunos días nos hemos enterado que el Ministerio Secretaría General de Gobierno, por medio de la Secretaría de Comunicaciones, destinará más de $ 440 millones para lanzar una campaña comunicacional de seguridad ciudadana bajo el slogan “Chile es Nuestro”. Con esto el Gobierno insiste en la tesis del Subsecretario Mahmud Aleuy, quien hace algunos meses señaló en entrevista a un medio escrito que “una cosa son los datos duros y otra es la percepción”, reflejando que para el Gobierno el problema de la delincuencia sería más un problema comunicacional y de percepciones de la ciudadanía más que de ineficiencia en el control del delito.
Es cierto que en el último tiempo ha existido un aumento significativo en la sensación de inseguridad. La última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), ante la pregunta “si el país es más inseguro que antes”, un 79,9% señaló que sí, 8,9 puntos más que el año anterior. La encuesta Cadem muestra que la preocupación por ser víctima de un delito ha aumentado en 6 puntos porcentuales desde octubre del año pasado a junio de 2015.
Sin embargo, los datos duros muestran que el problema está lejos de ser sólo de percepciones. Mientras la Enusc muestra un estancamiento en la reducción de los índices de victimización que venían cayendo sistemáticamente desde 2011 (pasaron del 24,8% al 25% entre 2013 y 2014), las denuncias por delitos de mayor connotación social alcanzaron durante 2014 los 496 mil casos, lo que representa un alza anual del 3,5%. Como referencia, en promedio este tipo de delitos habían disminuido a una tasa del 0,3% entre 2010 y 2013. Dentro de estos delitos, son los delitos contra las personas de características más violentas, es decir, el robo con violencia o con intimidación, los que más crecieron en 2014, alcanzando los 59.572 casos, lo que representa un alza de 14,5%.
A lo anterior se suma la justificada desconfianza de las personas que han sido víctimas de delitos respecto a que quienes los cometen reciban alguna pena. De acuerdo a cifras del Ministerio Público, en el año 2014 un millón 407 mil personas fueron imputadas por un delito, para los cuales apenas se dictaron 228 mil sentencias definitivas condenatorias, y de las cuales sólo 101 mil terminaron con pena de privación de libertad. Esto significa que sólo el 7,2% de los imputados de 2014 terminaron con pena de cárcel. Esto se traduce en que, según la encuesta Cadem, las personas aprueban mayoritariamente el actuar de Carabineros y la PDI, con un 66% y 63% respectivamente, aunque rechazan en forma muy mayoritaria el actuar de los fiscales (20% de aprobación), el Gobierno (19%) y los jueces (11%).
Al reducir el problema de la seguridad ciudadana a un aspecto netamente comunicacional, nuevamente el Gobierno hace oídos sordos al llamado de la ciudadanía para que las autoridades actúen con fuerza en el combate contra la delincuencia. Espero que el Ejecutivo sea responsable y ordene a sus parlamentarios para aprobar por fin la agenda corta anti delincuencia que aún duerme en el Congreso, que cumplan con dar prioridad a la dudosa iniciativa del Plan Comunal Seguridad Pública, su proyecto emblemático en materia de seguridad y para el cual apenas se ha ejecutado el 21% de sus recursos, y que por fin pongan dentro de su primera prioridad el problema de la delincuencia.
