El 6 de diciembre de 2024 las comunas de Las Condes, Lo Barnechea y Providencia estrenan nuevas administraciones, mientras que en el caso de Vitacura y La Reina reeligieron a sus alcaldes.
Todos ellos colocaron el tema de la seguridad pública como el tema más importante de sus programas u ofertas a los vecinos para que los prefirieran a ellos por sobre otros competidores. Y están en lo correcto, el tema de la seguridad es por lejos lo que más preocupa a los chilenos y el sector oriente de Santiago no es la excepción, independiente de que sus índices delictivos son mejores que buena parte del resto de Chile.
Por allá a comienzos de julio una candidata de una de las comunas antes mencionadas me pregunto si la seguridad era un tema o no ya que todo indica que estamos bien. De seguro lo estaba preguntando para ver qué decía yo, y mi respuesta fue: “La seguridad en esta comuna es quizás la mejor de Chile, pero claramente no está preparada para el futuro que se nos puede venir encima. Obviamente -le dije- que hay que cuidar y mejorar lo que existe, pero lo relevante es actuar ahora para evitar que nos llegué la criminalidad más compleja, porque si no se hace ahora, después será tarde”.
Dicho lo anterior, ¿por qué tratar al sector oriente de Santiago en forma conjunta? Por tres razones muy simples: 1) Todas tienen modelos de seguridad con mucho énfasis en la tecnología y que operan en forma muy similar, 2) Todas tienen una situación de seguridad con indicadores muy parecidos, y 3) Todas están muy abandonadas por el gobierno central, que las tiene con dotaciones muy reducidas de carabineros y PDI, porque la seguridad descansa principalmente en sus propias organizaciones dedicadas al tema, y por cierto, en los propios vecinos, los que se organizan e invierten en seguridad, en lo que se conoce como la privatización de la seguridad, fenómeno que ocurre cuando el Estado incumple el contrato social con los ciudadanos, los que están obligados a recurrir a sus autoridades comunales, o bien tomar el toro por las astas.
El gobierno y sus policías, en la práctica, mantienen dotaciones mínimas, habiendo reasignado sus contingentes a otras comunas o sectores de Chile que están más afectados. Esto se nota en las calles en donde rara vez se ven vehículos policiales o carabineros a pie, siendo reemplazados por patrulleros o inspectores municipales, los que hacen las veces de policías, pero sin tener las atribuciones o el respaldo legal para buena parte de las labores que realizan.
Por qué digo lo anterior, lo hago porque Carabineros de Chile tiene la obligación constitucional de garantizar y asegurar el orden y la seguridad en el territorio nacional, algo que sabemos no está ocurriendo en el Chile actual, y que en las comunas que, sobre las que trata esta columna, ellos son auxiliares de las direcciones de seguridad y no al revés como debiera ser.
Le doy mucho énfasis a lo anterior porque podemos hacer mucho para mejorar e integrar las tecnologías que existen, pero si no enfrentamos y buscamos una solución a la ausencia de Carabineros, lo único que nos va a quedar por hacer es transformar los inspectores y patrulleros en policías, algo que evidentemente no gusta a Carabineros, y que necesitaría de modificaciones constitucionales y de las leyes orgánicas constitucionales respectivas.
Carabineros alega que ellos fueron creados para reemplazar entre otros a las policías municipales, pero eso fue hace 100 años y en otro contexto, con una realidad criminal y delictiva distinta y menos peligrosa. Nuestros patrulleros e inspectores no tienen las armas ni las atribuciones para actuar frente a delincuentes armados y nos tenemos que hacer cargo de esta situación y de la ausencia de Carabineros, que justificada puede estar, pero que crea un vacío y un problema por resolver. No podemos esperar, y sería irresponsable esperar que ocurra algún incidente para que tomemos acción. Tenemos que estar conscientes de que el modelo actual basado en inspectores y patrulleros tiene sus limitaciones, tanto legales como en las capacidades inherentes que posee.
Evidentemente ayuda tener una buena cobertura de cámaras y pórticos lectores, y también es evidente que disuaden a los delincuentes. Son un activo que debemos cuidar y mejorar, y ojalá integrar con otras comunas y en lo posible, a todas las que existen en la región metropolitana (RM), como es la iniciativa del gobernador Orrego, algo que va en sus primeras fases y que va a ayudar mucho, pero siempre limitado por las capacidades operativas de las policías y el Ministerio Público. No sacamos nada en realizar tremendas inversiones tecnológicas si es que después no somos capaces de actuar sobre la data, tanto para lo que es preventivo, como lo que es reactivo, cuando se usa para buscar y llevar a la justicia a los que cometen ilícitos. Dicen que sólo un 10% de los delitos cometidos en Chile se investigan, y el resto quedan cajoneados por falta de recursos.
Las cámaras y pórticos, como dije, ayudan, pero la información que entregan no se aprovecha en su totalidad si no se usa en conjunto con la data que viene de los vecinos, los comercios, los inspectores y patrulleros, la de otras comunas, y obviamente la que viene de las policías. Tener centros que fusionan información es lo que se conoce como un centro de fusión de inteligencia, algo que ninguna comuna tiene actualmente, o por lo menos, no en forma sistematizada.
Algunos dirían que es una obligación del gobierno o las policías realizar lo anterior, pero ya sabemos que el gobierno no tiene estrategia, y que, si dependemos de ellos, nos vamos a quedar esperando mientras los criminales y delincuentes actúan libremente. La data que sale de un centro de fusión es data que permite ajustar los planes, determinar la forma en que se usan los recursos, alimentar a los que buscan y trabajan las acciones anticriminalidad compleja y delincuencia de segunda o tercera generación, como la que se observa en el resto de la RM, y que ya está apareciendo en algunos lugares de la parte oriente de Santiago.
No creo que el panel de expertos recientemente formado, y al que selectivamente fueron invitados algunos, vaya a lograr que el gobierno central pueda resolver el problema que afecta a buena parte de Chile. He perdido la cuenta de la cantidad de comisiones y comités formados, o de las iniciativas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Los proyectos de ley no avanzan en el Congreso y el nuevo Ministerio de Seguridad es algo sobre el cual no hay consenso tanto en la forma que debe tener o que vaya a resolver los problemas ya que los recursos de los que dispondrá son los mismos que ya existen.
Por de pronto, serán las municipalidades y los vecinos los que tendrán que seguir resolviendo el problema de la seguridad, pero que, sin policías, sean Carabineros o municipales, será complejo de atender si las cosas se colocan más complejas. El modelo actual, que incluye cámaras, pórticos, cuadrantes comunales y enjambres, tiene sus limitaciones cuando los problemas a enfrentar son complejos e involucran armas de fuego, y no se dispone de policías armados. (El Líbero)
Richard Kouyoumdjian
