La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó el martes ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a empresas navieras nacionales e internacionales por haberse coludido en procesos de contratación de transporte marítimo de automóviles.
Las firmas involucradas son las locales Compañía Chilena de Navegación Interoceánica (CCNI), Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), la coreana Eukor Car Carriers Inc. (Eukor); y las japonesas Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line), Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (MOL) y Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK).
La investigación involucra 18 procesos de contratación realizados por fabricantes o consignatarios de distintas marcas automotrices desde el año 2000, para su comercialización en el mercado nacional, en los cuales las navieras investigadas estarían involucradas.
El objetivo del acuerdo era que las navieras mantuvieran en el tiempo los servicios de transporte por vía marítima de los automóviles a Chile, con un fabricante o concesionario determinado, aun cuando éstos hubiesen realizado procesos de contratación para buscar nuevos oferentes de estos servicios con mejores condiciones comerciales. Así, el cartel permitió que las navieras se respetaran entre sí las cuentas que poseían originalmente.
«Es un requerimiento importante, de una magnitud internacional. Este es un mercado que es sensible, como el de los vehículos, que tiene un gran impacto», explicó el fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal.
MULTAS
El organismo público pidió al TDLC multas totales cercanas a los US$ 75 millones (90 mil Unidades Tributarias Anuales, UTA) para las navieras.
Este monto se alza como el segundo mayor que la fiscalía solicita por este tipo de conductas, tras el denominado Caso Pollos, donde el monto total pedido ascendió a 110 mil UTA.
En esta oportunidad la mayor sanción solicitada fue para Eukor y corresponde a 30 mil UTA (unos US$ 25 millones). Para CCNI, K-Line y MOL, se pidió 15 mil UTA para cada una (cerca de US$ 12,5), más el pago de las costas.
Otra de las características de este proceso, cuya investigación tomó más de dos años, es que se registró una doble delación compensada. La primera corrió por parte de CSAV, que por esta causa quedaría eximida de multa, según pidió la FNE, y la segunda provino de NYK, que solicitó acogerse a este mecanismo en segunda instancia, lo que fue acogido por la fiscalía porque ésta presentó antecedentes importantes y distintos a los proporcionados por la firma controlada por el grupo Luksic, explicó Irarrázabal.
Por tratarse de una segunda firma que se delató, la FNE solicitó para ella una multa equivalente al 50% del mayor monto solicitado al Tribunal.
A través de un comunicado, CSAV declaró que en septiembre de 2012, tan pronto como recibió requerimientos de información por parte de autoridades de Estados Unidos y Canadá en relación de posibles ilícitos en la materia hasta esa fecha, el directorio y la administración instruyeron una investigación interna para verificar la efectividad de ese requerimiento.
Posteriormente, agrega que «procedió a colaborar con las investigaciones que se iniciaron en las diferentes jurisdicciones relacionadas».
DELACIÓN COMPENSADA
No es la primera vez que una de las empresas ligadas al grupo Luksic utiliza la delación compensada. El caso anterior fue en la ligada a la industria de los asfaltos, donde Enex también ha tenido un rol clave.
El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, dice que «desde nuestro punto de vista, los potenciales delatores son bienvenidos y lo que tratamos de hacer, bien sea como servicio público, es acogerlos de la mejor forma, y que nos entreguen antecedentes que nos permitan sancionarlos de la forma más estricta al resto de los que participaron en el cartel».
Agrega que esto no es una excentricidad chilena. «El tema de la delación compensada en contextos de persecuciones o procedimientos para desbaratar carteles es una cuestión que se viene desarrollando desde los años 90 en Estados Unidos y en Europa desde el 2000 y ha hecho una diferencia enorme en la efectividad de las agencias para ver carteles», dice.
Irarrázabal enfatiza que «nosotros hemos dicho que la delación es un mecanismo extremadamente efectivo que llegó para quedarse, ha ido de menos a más».
LA CPC
El presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, través de un comunicado, afirmó que «estos hechos, de ser efectivos, son graves y condenables, en cuanto atentan contra la ley, la transparencia y la ética».
Santa Cruz agregó que la «libre competencia debe ser respetada sin excepciones, pues garantiza a las personas el acceso en igualdad de condiciones a los distintos productos y servicios, logrando maximizar el bienestar de los consumidores y de la sociedad en general».
Por otra parte, destacó la «importancia de que las empresas que detecten faltas contra la libre competencia cometidas por su propia organización, utilicen los mecanismos legales vigentes para poner los antecedentes en manos de la autoridad competente, de modo que se investigue y se apliquen las sanciones en caso que corresponda». (DF-Emol)
