Este miércoles la Comisión de Constitución del Senado comenzó a revisar el proyecto de ley que busca indultar a quienes fueron detenidos en el contexto del 18-O. Esto coincide con el día en que comenzó a sesionar la Convención Constitucional, donde parte de sus miembros han planteado que se debe liberar a quienes llaman «presos de la revuelta».
En la Comisión de Constitución los senadores escucharon hoy las exposiciones de los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de Justicia, Hernán Larraín, quienes insistieron en el rechazo del Gobierno a dicha iniciativa, que ya fue aprobada en las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Ciudadana.
Tras esto, el presidente de la Comisión, Pedro Araya, señaló que la iniciativa continuará siendo analizada el próximo miércoles, oportunidad en que volverán a ser citados los dos ministros para que respondan las consultas de los legisladores.
También manifestó su intención de solicitar informes a distintas universidades para que clarifiquen aspectos del proyecto, como si se trata de un indulto o de una amnistía; además oficiar al Fiscal Nacional y a la Defensoría para que les hagan llegar datos sobre el número de detenidos y los estado de los casos, y solicitar informes a la Corte Suprema y al Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre el proyecto, entre otros.
En paralelo, indicó que se armará el calendario de audiencias en que participarán tanto organismos del Estado como la sociedad civil y académicos, antes de proceder a la votación en general del proyecto.
HUENCHUMILLA PIDE «UNA RESPUESTA POLÍTICA»
Ante esto, el senador Francisco Huenchumilla advirtió «un problema en la tramitación del proyecto», ya que «si hacemos todo este calendario que usted señala, sesionando solamente los miércoles, es probable que estemos terminando en tres meses más«.
«La inquietud mía es si nosotros como Senado vamos a tener el ritmo que los acontecimientos políticos requieren; porque efectivamente como país tenemos un problema político (…) y se trata como si éste fuera un proyecto común y corriente más; a lo mejor no estamos percibiendo que tenemos una obligación de dar una respuesta, positiva o negativa, pero dar una respuesta política; porque lo que buscamos todos es la paz social», subrayó.
El presidente de la Comisión respondió que «yo estoy consciente que tenemos que dar una respuesta política», pero explicó que «este proyecto no tienen ningún tipo de urgencia«, dado que el Gobierno ha manifestado su intención de no apoyar la iniciativa. También afirmó que «nosotros no podemos eludir el debate y escuchar a los distintos actores en esta materia».
Huenchumilla planteó, como posibilidad, que «el Senado en su conjunto tenga una discusión en general sobre este proyecto, una discusión política».
«El Senado en su conjunto tiene que decir ‘estamos o no estamos disponibles para legislar en esto’; si el Senado está disponible para legislar sobre esta materia, entonces tendremos que ahí entrar al detalle, pero si no tiene la voluntad, que la exprese, en un debate franco, transparente, frente a lo opinión pública, donde los 43 senadores digan qué es lo que piensan de este proyecto, frente a un hecho político que está ahí arriba de la mesa hoy día en la discusión pública», sostuvo.
En esa línea, propuso que el proyecto se vote en general en la Comisión de Constitución y que se envíe «cuanto antes» a la sala del Senado para que ésta se pronuncie. «Primero tenemos que hacer la discusión política y después entrar a picar», afirmó.
Por su parte, la senadora Luz Ebensperger dijo estar de acuerdo con lo propuesto por el senador Huenchumilla, aunque señaló que «esa discusión en general en nuestra Comisión también debe ser profunda».
MINISTRO DE JUSTICIA
Previamente, en la sesión expuso el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien realizó una extensa argumentación en contra del proyecto, y también aludió a la solicitud planteada por algunos miembros de la Convención Constitucional.
«En estos días, a propósito de la instalación de la Convención Constituyente (…) están algunos de ellos tratando de forzar que la Convención Constituyente defina lo que tienen que hacer los jueces precisamente en esta misma materia; ya hay algunos que quieren que la Convención Constituyente diga: ‘jueces, tienen que dejar en libertad a los presos políticos'», señaló Larraín.
El ministro sostuvo que esto es un «error», ya que «lo que queremos es que la Convención Constituyente cumpla su mandato, un mandato único, histórico, que es proponer para un plebiscito posterior una nueva Constitución. No le está encomendado a ella ni legislar, ni gobernar ni juzgar. Como tampoco le está encomendado al Gobierno, al Parlamento o a los tribunales interferir en las acciones soberanas que tiene la Convención para elaborar esta nueva Constitución. Cuando nos cruzamos, desordenamos la estructura del Estado de Derecho democrático y le causamos un grave daño a las instituciones».
Agregó que «por cierto, un grupo de convencionales, a título personal, aunque sean 100 o 150, pueden acordar lo que quieran; pero si la Convención empieza a decirle al Presidente de la República, o al Congreso o a los jueces lo que tienen que hacer, por mucha fuerza que tengan, por mucha importancia que adquieran, no estamos cumpliendo lo que tiene sentido en nuestro ordenamiento jurídico, destruyendo una cuestión clave (…) que ningún grupo de personas puede, ni a pretexto de circunstancias extraordinarias, arrogarse atribuciones que le están entregadas a otros poderes o a otras instancia».
«Romper este principio desordena el panorama jurídico en forma muy crucial. Y éste no es un principio que haya inventado la Constitución del 80, éste es un principio fundamental en el Estado de Derecho democrático contemporáneo», enfatizó. (Emol)
