Desde el momento en que fue rechazado el informe de la comisión investigadora del Sename II en la Cámara de Diputados, tras las intensas gestiones que desplegó La Moneda, candidatos presidenciales, ministros, parlamentarios, dirigentes políticos, expertos en la materia, de príncipe a paje, han fustigado y opinado sobre las condiciones de vida de los niños y las niñas vulnerables que el Estado tiene a cargo. Pero ha habido una gran ausente del debate: la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz, amiga personal de la Presidenta Michelle Bachelet.
En el oficialismo se reconoce que, a diferencia del primer Gobierno de Bachelet, donde el tema infancia fue uno de los ejes de su campaña y mandato, ahora dicha agenda tenía más un acento de continuidad. A pesar de eso, consideran “insólito” que La Moneda esté enfrentando esta crisis por el tema de infancia, en circunstancias que hay un consejo especial que debió avanzar considerablemente en crear una institucionalidad adecuada, asegurar derechos y defenderlos durante estos tres años.
Por lo mismo, a estas alturas no son pocos en el Ejecutivo y en la Nueva Mayoría que consideran que fue un error instalar a Ortiz en dicho cargo, que solo ha contribuido a retrasar e invisibilizar la agenda de infancia.
A nivel gubernamental explican que ella ha estado con licencia médica estas últimas semanas y que, por eso, no fue parte de la discusión pública, pero el debate político sobre los problemas en el Sename se prolonga hace mucho más tiempo y su ausencia en este ha sido notoria. Es más, en La Moneda, en el Ministerio de Justicia, en la Segpres y en Desarrollo Social reconocen que es la gran responsable de haber postergado el proyecto de división del Sename, que esa era la prioridad cuando Bachelet llegó el 11 de marzo del 2014 a Palacio y que fue Ortiz quien modificó el cronograma de trabajo.
Entre los parlamentarios de la Nueva Mayoría aseguran que, a pesar de los títulos de educadora de párvulos, profesora básica y experta en políticas de protección social, su mayor debilidad está en no tener “solvencia técnica”. No se le reconoce como voz autorizada y se considera que su único respaldo político es ser amiga de la Presidenta Bachelet. Que eso queda demostrado en la tramitación de los proyectos, que su aporte técnico es nulo, que dicho soporte lo hacen desde Justicia, Segpres y Desarrollo Social, que siempre va al Congreso, pero que no sirve de mucho porque casi nunca habla en las comisiones donde debe estar. Las críticas agregan que no aporta y tampoco influye.
CAMINO LEGAL
El Consejo Nacional de la Infancia fue creado en marzo de 2014 en el marco de las 50 medidas de los primeros 100 días de Gobierno. Su misión: asesorar a la Presidenta de la República en la identificación, formulación y ejecución de políticas, planes, programas, medidas y actividades relativas a respetar, promover y proteger el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, regional y local, y servir de instancia de coordinación entre los organismos con competencias asociadas a dichas materias. Sin embargo, su gestión hasta ahora es ampliamente criticada política y técnicamente en el Congreso, en distintas esferas gubernamentales e, incluso, en Palacio. Un cuestionamiento tras bambalinas, ya que el lazo personal que une a Ortiz con la Mandataria es algo que la blinda públicamente.
En el seno de la administración bacheletista agregaron que su gestión es muy lenta, que es torpe políticamente, que no es constante, que es desordenada en su gestión y que tiende a comprometer más cosas de las que realmente puede implementar, lo que a estas alturas le ha valido perder credibilidad ante la sociedad civil vinculada al tema de infancia. A eso se suma –explicaron funcionarios, profesionales y asesores gubernamentales– que tiene una tendencia al mal trato y que siempre saca a colación su relación con Bachelet para conseguir cosas, lo que ha llevado a Ortiz a generar, transversalmente, un exceso de anticuerpos en su contra a todo nivel en el oficialismo.
A pesar de que el foco es la infancia, Ortiz tampoco tiene una relación importante con la actual directora del Sename, Solange Huerta. Sin embargo, la relación con el Servicio Nacional de Menores jamás fue fluida.
Fuentes de este organismo comentan que, al comienzo de la gestión de Marcela Labraña –ex jefa de la repartición–, ambas tenían una relación áspera, porque se filtró que Ortiz no apoyaba la idea de que Labraña ocupara ese puesto. Esa distancia con el Servicio Nacional de Menores se ha mantenido hasta hoy.
Hasta ahora, se despachó desde el Congreso, en marzo de este año, el proyecto que tipifica como delito y aumenta las penas para el maltrato infantil y a la tercera edad y el que crea la Defensoría de la Niñez, que se encuentra en segundo trámite legislativo. Esas dos iniciativas han estado a cargo del Consejo de la Infancia, porque la Ley de Garantías y la creación de la Subsecretaría de la Niñez, que requieren un trabajo de articulación y establecimiento de funciones, se realiza desde otras reparticiones, como Desarrollo Social, debido a que diversas ONG tenían reparos para trabajar el tema con Estela Ortiz.
El Consejo Nacional de la Infancia le responde al Consejo de Ministros, que está integrado, entre otros, por los titulares de Hacienda, Educación, Desarrollo Social y Segpres.
La llamada “ley marco”, que se refiere a las garantías, tuvo cerca de 500 indicaciones en el proceso. La diputada Karla Rubilar, quien forma parte de la comisión Especial Investigadora del Funcionamiento del Servicio Nacional de Menores (Sename), señala que, si tuvo tantas indicaciones, en ningún caso se debió a un afán de torpedear el proyecto, sino a que este era insuficiente. “Eso fue dicho casi por todos los expertos. Mejoramos mucho el título 1 y 2 y el 3 y 4 se sacaron pues existía informe de la Suprema y se pidió que se ingresaran los otros marcos que faltaban antes de seguir tramitándolos. Está en segundo trámite en el Senado, pero está cojo. Nadie trató de pararlo por pararlo, fue porque de verdad tenía problemas y no cumplía con los estándares internacionales”, explica Rubilar, quien añade que, por ejemplo, la iniciativa no tenía claridad respecto del despliegue territorial. “No dudo de los esfuerzos y las buenas intenciones del Consejo, pero era una mala ley”, comenta la parlamentaria independiente.
Juan Carlos Valdivia, jefe del área jurídica del Consejo Nacional de la Infancia, frente a las críticas sostiene que no comparten el juicio de que la ley era originalmente pobre; tampoco que a eso se deba la existencia de cerca de 500 indicaciones posteriores a su presentación, “ya que las indicaciones no recaen en la mirada sistémica de esta ley marco, sino en la legítima aspiración de los distintos sectores de incidir más bien en su contenido y en el alcance de los derechos que plantea, lo que es muy diferente. Además, parte significativa de ellas dice relación con cuestiones formales, como el lenguaje inclusivo”, puntualiza Valdivia.
Asimismo, plantea que “leyes marco como la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez que recogen, relevan y garantizan derechos de modo universal y también específicos para poblaciones de niños vulnerables, normalmente generan una vasta discusión de carácter ideológico en un espacio legítimo y político, como es el Congreso. Es esa amplísima discusión y las legítimas aspiraciones de los distintos sectores de ver reflejados sus puntos de vista en ella, lo que justifica el largo tiempo que se le debe dar a la tramitación de este proyecto en particular”, dice, al tiempo que rechaza a nombre del consejo las críticas y enumera los avances y logros de la gestión de Estela Ortiz.
Sobre el mejor modo de garantizar los derechos de la niñez, Valdivia sostiene que “hay distintos puntos de vista, todos muy valiosos, y era necesaria esta discusión para buscar consensos o ver qué formas de abordar los problemas que se quieren solucionar prevalecen. Además, en el proyecto hubo temas que provocaron discusiones muy intensas, que requirieron escuchar a expertos y clarificar cada posición, como ocurrió, por ejemplo, con la identidad de género”.
INTERIOR DEL CONSEJO
En el seno del Gobierno crecen las críticas a la gestión de Ortiz. A esta mala gestión se suma el hecho de que operaría con un exceso de manga ancha, que va desde un alto presupuesto hasta contar con un desproporcionado equipo de más de 40 colaboradores con sueldos altos, que no se ven reflejados en los logros de esta instancia.
El organismo cuenta con un presupuesto anual de $3.178 millones y, como dio a conocer El Líbero, el sueldo promedio de los empleados es de $2,8 millones, aunque hay asesores que doblan ese número. Seis de ellos ganan cerca de $5 millones y quien lleva su agenda, una asistente social, tiene un sueldo de $4,7 millones de pesos. Estela Ortiz gana $7,5 millones mensuales.
En La Moneda afirman que internamente el rol de Ortiz es visto más como el de una suerte de vocera informal de la Presidenta en momentos claves, antes que como experta en materia de infancia y encargada de la respectiva agenda. No hay que olvidar que, en más de una ocasión, ha dado entrevistas de corte político, precisamente para fijar la postura pública de Bachelet sobre temas complejos como el caso Caval, como en marzo del 2016, cuando en La Terceraprecisó que “más allá de cómo la he visto yo, lo importante es constatar algo que los periodistas no han informado: cómo es el país que hemos construido. ¿En qué país la nuera de la Presidenta va a firmar a una comisaría? Tenemos una justicia que funciona. Yo viví la injusticia y sé lo que es. Hemos tenido avances en este período, en el cual tenemos una justicia independiente y que genera decisiones como estas, que son bastante inusuales, por decirlo de alguna manera. No sé dónde más se ha llegado a tal nivel de separación de los poderes como para que se tomen medidas como estas”.
En septiembre de 2015, en una entrevista a Revista Sábado de El Mercurio, acusó la deslealtad que había –a su juicio– en el oficialismo con Bachelet: «Senadores, alcaldes, diputados ahora salen a criticarla abiertamente. Eso me parece algo asqueroso. Tiene que ver con la lealtad, con principios, con dignidad, con valores: en eso yo no me pierdo. Y creo que ahí es donde se ha fallado profundamente (…) no tengo ningún problema en decir que la deslealtad es un tema que ha cruzado este gobierno con mucha más fuerza que el anterior y eso, creo, tiene que ver con las reformas. Sabíamos que iba a ser atacada, porque es un programa que toca el corazón del programa económico y del país”, manifestó.
Al interior del consejo la sensación dista mucho de las críticas. Si bien se reconoce la lentitud en el proyecto marco, señalan asimismo que esto se debió a las indicaciones a la iniciativa. En muchas ocasiones se debieron “a la necesidad de torpedear” la marcha de la política de infancia. Y que, además, no solo este proyecto está en carpeta, ni los tres que dependen directamente del organismo dirigido por Ortiz, sino que también una serie de iniciativas: otros cinco proyectos de ley en los que tienen incumbencia, campañas de buen trato a la infancia, dos pilotos de desinternación de niños menores de 3 años.
Dentro de los proyectos del consejo está igualmente la plataforma que creó el Sistema de Información Estadístico de Niños y Adolescentes (Siena), con información relevante en materias de políticas públicas para este segmento. A todo esto se suma la política nacional de infancia que guiará este tema por 10 años más en el país.
A pesar de la defensa del trabajo en el organismo, la sensación en organizaciones civiles y en parlamentarios es crítica con relación al desempeño de Estela Ortiz. “Trato de no personalizar las cosas en general, pero si Estela Ortiz lidera el consejo, entonces los problemas de este son también de su responsabilidad”, cierra Rubilar.
El Mostrador intentó tomar contacto con Estela Ortiz, pero fue imposible debido a su estado de salud.
El Mostrador
