En su presentación ante la comisión de Probidad del Senado, el 26 de enero, el presidente del Servel, Patricio Santamaría, enumeró -apoyado en un PowerPoint- 11 ejes de modificaciones legislativas al proyecto de financiamiento de la política, que aprobó el Congreso en 2016, y que ya entró en vigencia en la elección municipal pasada.
Uno de ellos propone regular la pre y poscampaña presidencial.
En la actual legislación se establece un período de precampaña presidencial entre los 90 y 200 días, tiempo en el que los candidatos pueden percibir aportes de personas naturales, con un límite de un 10% del gasto electoral permitido para la elección. En el Servel, sin embargo, explican que no se definió correctamente en la norma qué acciones de campaña podían hacer durante ese período los precandidatos.
«Los 200 días quedaron exclusivamente radicados a la posibilidad de recibir aportes, abrir una cuenta bancaria para recibirlos. Tampoco se hizo referencia de otros temas. Se entendió por el debate, en la historia de la ley, que se hacía fundamentalmente para efectos de que los precandidatos pudieran contratar algún equipo asesor que les colaborara en elaborar el programa, en labores de la candidatura, y para realizar algunas giras, para los efectos de contratar alguna sede, secretariado, y cosas de ese tipo», dijo Santamaría.
«Y quedaron excluidos -continuó- temas vinculados a la posibilidad de promoción de la candidatura o derechamente propaganda. Entonces, después de evaluar la marcha blanca, en el Consejo Directivo la primera propuesta que aprobamos fue pedir la regulación de la precampaña. Sería conveniente una regulación un poco mayor, porque hacer política es algo propio de quienes quieren postular a cargos de elección popular».
El presidente del Servel recordó que, durante el debate de la ley, los senadores Ignacio Walker (DC) y Felipe Harboe (PPD) propusieron extender la precampaña por un año.
La autoridad apuesta por extender el plazo. «En lo sucesivo, evidentemente ya no para esta elección, una de las conclusiones que uno puede sacar debería llevar a establecer un período más largo de precampaña. Es más transparente y más claro, e iguala la cancha para los distintos precandidatos», planteó.
En otras materias se pretende ajustar la definición de propaganda legal «para dejar abierta la posibilidad de no considerar prohibida otras formas de propaganda no contempladas ni mencionadas en la ley». Ello, para evitar controversias, como la que se suscitó cuando el organismo emitió un instructivo prohibiendo el uso de las redes sociales para emitir propaganda. (El Mercurio)
