David Morales, en su cargo transitorio en la Intendencia Metropolitana.
El gobernador de Talagante, David Morales, cuenta que en las últimas semanas ha vivido la crisis más compleja que le ha tocado enfrentar en su rol de intendente metropolitano (s). Y es que el derrumbe e incendio en el relleno Santa Marta, su posterior clausura y la amenaza de un paro de los recolectores lo tuvo concentrado en la negociación con los gremios, a la espera de que el relleno volviera a funcionar. A su juicio “el problema de la basura, especialmente en una región como ésta, siempre escala de lo técnico a lo político”.
Tras una evaluación, finalmente la autoridad ambiental permitió que el relleno funcionara, bajo una estricta supervisión, en un espacio equivalente al 10% del total, pero suficiente para soterrar el material que quedó expuesto en el derrumbe. A esto se sumará la basura domiciliaria de las 19 comunas a las que presta servicio, por al menos cuatro meses. Ayer fue el primer día de funcionamiento del vertedero, luego que la Corte de Apelaciones revocara la orden de no innovar que mantenía cerrado el recinto.
¿Qué le pareció este pronunciamiento de la Corte?
Sin duda lo valoramos y creemos que era lo que correspondía, de acuerdo al pronunciamiento de la Supertintendencia del Medio Ambiente(SMA) y luego al fallo del Tribunal Ambiental. Pero vamos a perseguir la responsabilidad de la empresa en la zona afectada por el derrumbe e incendio y, por otro lado, disponiendo de los desechos en el área habilitada.
¿Considera que hubo una instrumentalización de la clausura por parte de los recolectores?
Desde el primer momento ellos plantearon que si no se reabría el relleno, no había ninguna opción de volver a trabajar en la cantidad de horas que se les estaba exigiendo después del incendio. Por eso aparece como principal demanda la reapertura del vertedero.
¿Cree que en futuro Santa Marta podría volver a operar en un 100%?
No somos partidarios de eso. Lo primero era resolver dónde disponer los residuos, pero no olvidemos que hay una zona clausurada definitivamente, que es donde se produjo el deslizamiento y que es aún objeto de investigación. De hecho, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló 12 cargos, uno de ellos gravísimo, y la fiscalía por su parte investiga si hubo algún tipo de delito.
¿Cómo se cautela que la zona segura se manejará adecuadamente, si hay 12 infracciones ?
Si hay que sancionar a la empresa, se va hacer de acuerdo a la norma. Pero eso no quiere decir que si responsablemente hay un sector que puede seguir recibiendo residuos, no lo hagamos. Eso sería generar una crisis ambiental peor.
¿Por qué usted anunció el martes antepasado que el relleno ya podía recibir el 60% de su demanda?
Cuando nos juntamos con los trabajadores ese día, la SMA dijo que ya se había construido una solución, pero a la misma hora que yo estaba acá dando esas declaraciones, el superintendente, su especialista contratado y el jefe de fiscalización, fueron a Santa Marta y se encontraron con que algunas medidas exigidas, si bien podían resolverse, en ese momento no estaban completamente ejecutadas. Por eso, fueron los técnicos de la SMA, verificaron cada una de las cosas exigidas, y recién ahí, el día martes, emitieron su pronunciamiento.
¿Qué seguridad hay que las aguas no están contaminadas?
La Subsecretaría de Salud, que es el organismo competente, midió 23 pozos, y están todos limpios, a excepción de tres, que no están autorizados y que no son de consumo humano, cosa que informó a través de un comunicado de prensa el 29 de enero. De todas maneras, vamos a tomar 23 nuevas muestras y haremos un estudio hidrológico, que nos permitirá tener mayor claridad.
Si hay tres pozos alterados, ¿es posible que estén conectados con otros que son para beber?
Claro, pero los pozos que están autorizados no se debiesen contaminar, pero eso lo va determinar si seguimos tomando muestras. Ahora, si hay algún tipo de contaminación (de agua) producto del relleno, hay que ponerlos en conocimiento del Tribunal Ambiental y de los tribunales de justicia también, para que se evalúen en el mismo proceso en curso.
¿Cuál es la lección que se sacó de esta emergencia?
La mesa de trabajo que acordamos generar en marzo, presidida por el intendente Claudio Orrego y coordinada por el Seremi de Medio Ambiente. En esa mesa se verá la evaluación de los rellenos, la fiscalización, cómo funcionan las empresas recolectoras y las condiciones laborales de los trabajadores. Y, sobre todo, se nos adelanta el debate sobre lo que va pasar con la basura en Santiago, ya que su vida útil (de Santa Marta) estaba destinada hasta el 2022.
¿Quién va asumir el costo de las horas extras trabajadas por los recolectores?
Lo que está claro es que Santa Marta va a indemnizar a los trabajadores. Los montos se están evaluando, pero va depender de cuanto trabajaron adicional.
