Algunas empresas e instituciones privadas se han ido sumando a la iniciativa de aumentar los salarios de todos sus empleados hasta los $500 mil (aunque no se ha tratado el asunto de los subcontratados, que hacen los trabajos más ingratos a cambio de los sueldos más precarios). Esta disposición a tomar cartas en el asunto, dentro del ámbito de influencia privado, es sin duda un bien.
Sin embargo, de quienes menos hemos escuchado durante estos días es de quienes se desempeñan en las áreas de la economía más vinculadas con el estallido social: ¿qué pasa con el retail y la banca? ¿No tienen nada que decir sobre cómo aliviar el endeudamiento de las familias chilenas? ¿Ninguna propuesta sobre la carga anual equivalente? ¿Qué proponen las AFP para avanzar hacia un sistema previsional sustentable? ¿Qué lugar pretenden ocupar las isapres en un sistema de salud que sea capaz de acoger a la clase media? ¿Qué garantías pueden ofrecer los supermercados de que si se les retira el IVA a los productos de la canasta básica, dicho descuento será traspasado al consumidor? ¿Qué proponen las farmacias para terminar con los abusos de su rubro? Y, por último, ahora que los consumidores han explotado, ¿siguen todos creyendo que un Sernac con facultades mínimas era la mejor idea?
Si los proveedores privados de bienes públicos estratégicos no muestran conciencia de la responsabilidad que tienen entre manos, terminarán dándoles la razón a las voces estatistas. Y cuando vengan las reformas en sus áreas —que vendrán—, su opinión probablemente no será considerada.
Pablo Ortúzar Madrid
Investigador IES
