En medio de la controversia por los últimos ataques incendiarios en La Araucanía, la vocera de Gobierno, Paula Narváez, descartó declarar estado de excepción en la zona.
La ministra de la Segegob respondió a la solicitud de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), gremio que valoró la aplicación de la Ley Antiterrorista pero emplazó al Ejecutivo a “recurrir a facultades como las contempladas en nuestra Constitución Política, como son los Estados de Excepción para restablecer el Estado de Derecho y garantizar que la seguridad y la paz social vuelvan a imperar en la zona”.
“Se ha invocado la Ley Antiterrorisra siguiendo la línea procesal de la fiscalía, que ha sido el planteamiento que ha tenido el Ejecutivo siempre”, señaló la portavoz de La Moneda.
En esta línea, indicó que decretar estado de excepción “es una medida que no corresponde. Nuestras instituciones en Chile funcionan, funcionan en todo el territorio nacional, hay una especial atención por lo que sucede en La Araucanía y una atención permanente por parte del Ministerio del Interior”.
“Por lo tanto, este tipo de peticiones no creemos que tengan lugar”, culminó Narváez.
PETICIÓN DE LA SNA
Previamente, a través de una declaración pública la Sociedad Nacional de Agricultura condenó «los atentados contra siete camiones» registrados en las comunas de Ercilla y Victoria durante la noche del miércoles, que motivaron que la Fiscalía y el Gobierno decidieran invocar la Ley Antiterrorista.
El gremio indicó que los ataques «confirman el fracaso de la estrategia desplegada por el Estado para combatir estos actos terroristas» y calificó como «de extrema gravedad que el país sea testigo de cómo la violencia en la Región de la Araucanía y otras regiones del sur del país sigue radicalizándose».
«Valoramos que Gobierno haya invocado la Ley Antiterrorista, pero junto con ello urge que disponga de acciones eficaces, así como también se rediseñen los protocolos con que opera la fuerza pública para desarticular a los grupos violentistas que buscan infundir temor y amedrentamiento, con el consiguiente daño a personas inocentes y su patrimonio», señala la nota.
«Reiteramos nuestro llamado a los poderes públicos y, en particular al Poder Ejecutivo, a que recurran a facultades como las contempladas en nuestra Constitución Política, como son los Estados de Excepción para restablecer el Estado de Derecho y garantizar que la seguridad y la paz social vuelvan a imperar en la zona«, remató la SNA, que anunció «una visita durante la próxima semana a la Región de la Araucanía» para contactarse con «las familias afectadas de manera de coordinar futuras acciones».
TRANSPORTISTAS: LEY ANTITERRORISTA NO SIRVE PARA NADA
El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, aseguró en Cooperativa que la Ley Antiterrorista «no sirve para nada».
«Los terroristas que pusieron la bomba en Santiago no pudieron ser sancionados en Chile, además el Estado tuvo que indemnizarlos con cerca de 1.000 millones de pesos, plata de todos los chilenos, pero Barcelona, en España sí los sorprendieron y tuvieron que ser sancionados», explicó en El Diario de Cooperativa.
Por esto, aseguró que «la Ley Antiterrorista en Chile para que sea aplicable tiene que ser modificada, eso es lo que hemos pedido».
El debate se abrió luego de que el Gobierno invocará la Ley Antiterrorista en la Región de La Araucanía, a raíz de los constantes ataques incendiarios contra camioneros. De hecho, sólo esta semana, siete camiones fueron quemados, incidente que dejó dos lesionados.
En este contexto, pidió que se declare estado de excepción en La Araucanía.
«Pedimos que se decrete un estado que la Constitución política lo contempla, de momento, para controlar los actos terroristas en la Región de La Araucanía. Paralelamente le hemos pedido al Gobierno en reiteradas oportunidades -y vamos a insistir- que saque adelante con extrema urgencia la Ley Antiterrorista modificada donde se incorpore el agente encubierto», precisó.
El dirigente ejemplificó señalando que, por los incendios forestales, en enero de este año se decretó estado de excepción, periodo en el que no se registraron a ataques a camioneros. Sin embargo, «en marzo se levantó el estado de excepción y al día siguiente nos quemaron 17 camiones».
No es la primera vez que los camioneros piden al Gobierno medidas más drásticas para frenar los ataques en el sur. En agosto de 2015, se realizó una caravana de camiones que llegaron hasta La Moneda para exigir que se modifique la Ley Antiterrorista.
Un año después, se organizó nuevamente una protesta, aunque esta vez consistía en colocar banderas y tocar las bocinas en un determinado horario.
Ante esto, Pérez se preguntó «¿De quién es responsabilidad de mantener el estado de derecho en el país y de los chilenos que trabajan y se sacan la creta? Es del Gobierno con las instituciones que tiene la República», concluyó.
DC APOYA DECISIÓN DEL GOBIERNO
Desde los gremios productivos y los partidos políticos de derecha han criticado con insistencia la reacción del Gobierno frente a este tipo de hechos. Cabe recordar que el año 2013, siendo candidata, Michelle Bachelet señaló que «en ningún caso» volvería a aplicar la Ley Antiterrorista en La Araucanía.
No obstante, a enero de este año el Ejecutivo ya había presentado 19 querellas por esta norma. Sin perjuicio de ello, el ministro del Interior, Mario Fernández, tuvo que explicar en la víspera la decisión: «Cuando el Ministerio Público, que es la institución que se aboca a una investigación y que califica el delito que ha ocurrido, adopta una línea procesal, normalmente el Ministerio del Interior sigue esa línea», dijo el jefe de gabinete.
El diputado DC por la zona, Fuad Chahín, afirmó que el Gobierno no debe tener miedo de usar las leyes vigentes y «tiene que respaldar al Ministerio Público y tiene que presentar querellas, hacerse parte y ser un auténtico coadyuvante de la Fiscalía en la investigación penal».
«Creo que las señales aquí son claras: un hecho como éste, a pocos kilómetros de donde está la Prefectura de Fuerzas Especiales en plena Ruta 5, con la violencia que ocurrió, a mí me parece que debe generar una reacción rápida y sin ningún tipo de titubeo por parte del Gobierno, así que yo respaldo y valoro las acciones que se han anunciado«, dijo Chahín.
A toda esta situación se suman las críticas al intendente Miguel Hernández, quien en una entrevista radial dijo estar pasando momentos personales difíciles que lo hacen sentirse «débil» para tomar decisiones. (Cooperativa)
