El actual debate sobre si es o no necesario subir la carga tributaria para alcanzar el desarrollo económico y social requiere una reflexión acerca de cuáles han sido los modelos exitosos para lograr crecimiento con progreso humano y paz social. Los países que han logrado resolver esa ecuación tienen un Estado comprometido con tres principios: fiscalizar a los privados, cautelar la eficiencia del gasto público y gestionar un sistema de bienestar social para los sectores vulnerables.
El país enfrenta hoy el desafío urgente de retomar la senda del crecimiento, junto con recuperar la inversión. ¿Cuál es la fórmula para ello?
Si tomamos como referencia a un sector de la economía real -el inmobiliario, por ejemplo-, veremos que tiene una gran capacidad para generar empleo, incentivar el progreso económico y modernizar las ciudades. Ha sido históricamente un pilar fundamental en el desarrollo de muchas sociedades y, por supuesto, de nuestro país. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto una preocupante tendencia: la demora y paralización de proyectos debido a los largos e impredecibles plazos en el otorgamiento de permisos asociados principalmente a su construcción.
Si a ello se suman iniciativas como subir aún más las contribuciones de bienes raíces o impedir la recuperación del IVA de los futuros arriendos de desarrollos inmobiliarios, entre otros aspectos esbozados en el proyecto de reforma tributaria, en vez de apoyar la recuperación del sector, se encarece y desalienta a uno de los motores económicos más importantes para la construcción de viviendas, oficinas, centros comerciales y diversos proyectos de infraestructura que generan una amplia gama de servicios y empleos directos e indirectos.
Si además se suben los impuestos, incentivar la inversión es aún más difícil. Este ejemplo puede extenderse y servir para explicar la inquietud que enfrentan la mayor parte de los sectores de la producción y los servicios.
La promoción activa por parte del Estado de un efectivo modelo de colaboración público-privada, en que, por una parte, los empresarios asumen el riesgo natural de todo inversionista y la gestión eficiente de sus proyectos y, por otra, el Estado es oportuno en el otorgamiento de los permisos, la fiscalización y sobre todo la promoción de certeza normativa tanto para las empresas como para las comunidades y el medio ambiente, permitiría generar empleo, aumentar la recaudación y llevar desarrollo económico y social sostenible a todos los sectores del país.
La determinación pública para generar un entorno propicio para la inversión, la creación de trabajo y el desarrollo económico sostenible requiere una política de Estado que favorezca las alianzas público-privadas a todo nivel, asumiendo un rol activo en la búsqueda de entendimiento también con el tercer sector en todo tipo de proyectos. Esto generará por sí solo reactivación económica y más recursos para el erario público, así como un positivo clima de entendimiento y mejores condiciones de vida para todos nuestros ciudadanos.
La posición en materia tributaria expresada por los gremios empresariales, liderados por la CPC, no impide avanzar en la modernización del sector público, en reducir la elusión ni en el aporte de tributos que debe exigirse al amplio sector de la economía que hoy funciona informalmente, sin contribuir al erario fiscal ni cumplir las leyes laborales y ambientales correspondientes. (DF)
Katia Trusich O.
