Sin duda, el refrán «contigo, pan y cebolla» indica generosidad en el amor conyugal y un encomiable romanticismo, pero la cruel realidad suele demostrar que las dificultades económicas desafían la estabilidad y la buena convivencia de los matrimonios. Por eso, un diseño adecuado de un régimen jurídico para administrar los bienes que los cónyuges adquieren durante su vida en común es un factor relevante para proteger a la familia y evitar injusticias cuando sobreviene el término del matrimonio, ya sea por muerte o por quiebre de la relación.
En nuestro país, y desde hace bastante tiempo, tenemos un déficit en esta materia, por los desajustes que presenta el régimen de sociedad conyugal con la comprensión actual de la igualdad entre cónyuges. Es cierto que, en la práctica, este régimen es más beneficioso para las mujeres, porque les permite administrar de manera exclusiva los bienes que provengan de su trabajo y luego decidir si se quedan con ellos (patrimonio reservado). Pero en otras de sus características aparece como machista y discriminatorio. El solo hecho de que dé al marido el título de «jefe» de la sociedad conyugal despierta suspicacias en su contra, las que se ven más que confirmadas cuando se observa que concede al marido la administración de los bienes sociales y, más aún, la de los bienes propios de la mujer. No es de extrañar que la separación de bienes haya ido ganando cada vez más popularidad en los matrimonios jóvenes, con los riesgos que implica, sobre todo para la mujer, cuando todos los bienes son puestos a nombre del marido.
Por ello, debe alegrarnos que entre los proyectos de ley en trámite a los que el gobierno del Presidente Piñera ha puesto urgencia está el que introduce profundas reformas a la sociedad conyugal y que, en su primer período, fue aprobado por la Cámara de Diputados. El proyecto actualiza este régimen matrimonial, proveyéndolo de un tratamiento equitativo entre marido y mujer: se propone que sean los mismos contrayentes los que determinen cuál de ellos va a ser el cónyuge administrador o si administrarán en conjunto.
La comunidad se formará con todos los bienes adquiridos durante el matrimonio a título oneroso (sueldos, utilidades, compras, etc.). En cambio, todo lo que los cónyuges tenían de solteros y lo que reciban como herencias o donaciones, serán bienes propios que cada uno administrará libremente. La mujer recupera así la administración de los bienes que son de su propiedad y queda en la misma posición que su marido. Para simplificar el régimen, se elimina lo que en jerga forense llamamos el «haber social provisorio», de manera que habrá una sola categoría de bienes sociales.
Junto con ello, se mantiene el patrimonio reservado de la mujer cuando el marido ha sido elegido como administrador único de la sociedad. Se trata, a nuestro entender, de una medida de discriminación positiva necesaria para paliar las desventajas laborales que afectan a una gran parte de las mujeres, por su mayor dedicación al hogar y a los hijos.
La discusión del proyecto en el Senado podrá ahora perfeccionar la normativa proyectada. En especial, nos parece urgente que el régimen de sociedad conyugal sea reconocido por las leyes tributarias, como lo que es: una comunidad entre dos personas, y que no se la siga castigando, como sucede hoy, al considerarla un solo patrimonio que tiene como titular al marido. Esto supone un desincentivo para los matrimonios de clase media, que se ven forzados a separarse de bienes por el alza en impuestos que implica mantenerse en sociedad conyugal.
Digamos, finalmente, que el proyecto que moderniza la sociedad conyugal, y con ello mejora los instrumentos jurídicos de apoyo a los matrimonios, es congruente con el objetivo de poner a los niños primero en la fila. Como ha dicho el ministro Alfredo Moreno en este mismo medio, tal prioridad debe tener como foco preventivo un compromiso con la familia. Y esto se comprende bien: si para la sociedad los niños están primero, para los niños lo que está primero es su familia. (El Mercurio)
Hernán Corral
