La economista Soledad Hormazábal, de 42 años y egresada de la Universidad de Chile, ha ganado notoriedad en la discusión sobre la reforma previsional. Representando a Evópoli en la Comisión Técnica de Pensiones, Hormazábal tiene una amplia experiencia en el área, habiendo trabajado en BBVA y AFP Provida, y participando en el diseño de la Pensión Garantizada Universal (PGU) durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
Recientemente, Hormazábal ha estado activa en X, defendiendo el acuerdo entre el Gobierno y Chile Vamos, y desmintiendo puntos que considera «fake news». Reconoce que el Estado tendrá un rol más activo en la reforma, aunque su diseño ideal sería diferente.
La Comisión Técnica de Pensiones, conformada por profesionales de diversas fuerzas políticas, emitió dos informes: uno con un diagnóstico y otro con análisis de propuestas. Hormazábal fue contactada por el senador Luciano Cruz-Coke para unirse a la comisión, y considera que su trabajo fue crucial para alcanzar el acuerdo actual.
Hormazábal destaca que el primer informe de la comisión ayudó a identificar problemas del sistema, como las bajas tasas de reemplazo en la clase media y media alta. Aunque hubo diferencias en la segunda parte del trabajo, centrada en soluciones, estas nunca fueron insalvables.
En cuanto a las propuestas del comité recogidas por el Gobierno, Hormazábal menciona el bono tabla y la garantía de 0,1 UF por año cotizado. Aunque hubo diferencias sectoriales, estas propuestas sirvieron de base para el acuerdo final.
La reforma ha generado críticas, especialmente en relación al préstamo del 1,5% al Estado. Hormazábal defiende que este porcentaje es heredable y que el instrumento tiene una garantía explícita del Estado.
Hormazábal también ha participado en la discusión en X para aclarar puntos malentendidos sobre la reforma, como el aumento de la cotización con cargo al empleador y la herencia del aporte del 1,5%.
Finalmente, Hormazábal expresa preocupación por la exclusión de los trabajadores independientes en el nuevo esquema, y defiende la libertad de elección de los afiliados en la licitación de stock. Aunque reconoce que el Estado tendrá un rol más activo, considera que el acuerdo es un buen paso hacia adelante, aunque no sea una política pública óptima.
Como está el acuerdo, ¿la reforma se debiera aprobar?
Sí. Creo que un acuerdo no es una política pública óptima. Si a mí me sientan en un escritorio a diseñar una reforma quizás no sería completamente como esta. Pero la verdad es que esas políticas pública óptimas, difícilmente se materializan, porque las políticas públicas son frutos de acuerdos, y acuerdo significa transar, ceder. Siempre, en el fondo, manteniéndote firme en tus principios fundamentales, pero llegar a un acuerdo implica ceder para lado y lado. Me parece natural que haya aprensiones. Me parece natural que los extremos no estén conformes. Pero yo creo que sumando y restando, es un buen acuerdo.(IA-GPT-Emol)
