Hoy entre las 8.30 y las 10.45, funcionarios del Ministerio Público fueron a tomar declaración como testigo al ex Presidente Sebastián Piñera por la arista royalty del caso SQM.
La diligencia se llevó a cabo en su casa ubicada en calle La Viña, en la comuna de Las Condes.
Su testimonio fue requerido por el Ministerio Público luego de que se diera conocer el intercambio de correos entre el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, y el entonces senador Pablo Longueira, justo cuando se definía la fórmula del proyecto de royalty, durante el gobierno del ex Presidente Piñera.
Se trata de cuatro correos electrónicos que están en poder de la Fiscalía y que revelan cómo el ex ejecutivo influyó en la confección del proyecto.
Según publicó Ciper, Longueira recibió de Contesse -a través de uno de estos mails- la redacción de un artículo sobre el impuesto a la minería que luego se incluyó en la ley.
Luego, de acuerdo a una información de The Clinic, Longueira hizo llegar al entonces ministro Cristián Larroulet el artículo sobre la ley de royalty que había redactado el ex ejecutivo de SQM. Después, el mail llegó a la casilla del entonces ministro de Minería Laurence Golborne.
Por esta razón, también la Fiscalía le ha tomado declaración en calidad de testigos a Golborne y Larroulet. Con estas diligencias se busca conocer quiénes fueron los principales involucrados en la tramitación del proyecto de ley.
DECLARACIÓN
El ex presidente Sebastián Piñera señaló, tras declarar ante el fiscal Pablo Gómez, que ofreció «voluntariamente» su colaboración, y destacó que la normativa aprobada en 2010 y que hoy es indagada luego de conocerse el intercambio de correos electrónicos entre el ex senador Pablo Longueira y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, que era «urgente y necesaria el 2010, y es una muy buena ley para Chile».
Mediante una declaración pública, Piñera agregó que «decidí voluntariamente colaborar con dicha investigación, para el esclarecimiento de los fundamentos, contenidos y resultados de la ley de royalty. Para estos efectos tomé contacto formal con el fiscal regional a cargo de esta investigación, Sr. Pablo Gómez«.
En el documento señaló además que «lo esencial de la ley de royalty a la minería aprobada el 2010, fue recaudar más de U$3200 millones para financiar la reconstrucción post terremoto y significó un importante esfuerzo y aporte adicional de la gran minería, en beneficio de todos los chilenos, constituyéndose así en una muy necesaria y buena ley para Chile»
Finalmente, puntualizó que «mi decisión de colaborar voluntariamente con la investigación obedece al propósito y actitud permanente de enfrentar los temas y actuar con la mayor colaboración y transparencia ante la sociedad chilena y los organismos del Estado». (La Tercera-Emol)
