El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, encabezó hoy su primera inauguración del Año Judicial, y se refirió a los hechos ocurridos el último año, siendo uno de estos la crisis social.
Ante el Presidente Sebastián Piñera, autoridades de distintas instituciones como el fiscal nacional, Jorge Abbott, el defensor nacional, Andrés Mahnke, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, diputados y senadores, Silva llamó a «escucharse recíprocamente» de cara a los procesos que enfrentará el país este año.
«Sentimos un profundo pesar por la situación que vive nuestro país y, en especial, por la privación de la vida y la integridad física y psíquica que han sufrido chilenas y chilenos tras el denominado estallido social«, manifestó.
Silva también señaló que como poder del Estado «nos preocupa el estado de tensión que se vive en la actualidad, que revela una división que la democracia invita a superar. Estamos en una situación especialmente delicada, con énfasis muy marcados que, en ocasiones, hacen difícil visualizar consensos o soluciones alcanzables al corto plazo».
Recalcó así la importancia del Poder Judicial en cuanto a su labor de «juzgar y, en su caso, responsabilizar civil y penalmente a quienes han transgredido las normas de convivencia básica de nuestro Estado de Derecho, así como los derechos humanos de las personas», y aseguró que «los tribunales han respondido de manera adecuada».
«Pero además del rol propiamente jurisdiccional, creo imprescindible hacer un llamado a los actores políticos y sociales a hacer un esfuerzo por escucharse recíprocamente, partir por aquello en que existe acuerdo, pensar en lo que puede ser objeto de consenso y ceder posiciones donde sea necesario conforme a los intereses superiores del país y de la comunidad, a fin de ir allanando el camino hacia decisiones colaborativas, construidas y de las que todos se sientan parte», agregó.
Silva aseguró también que las movilizaciones sociales «han puesto de manifiesto un descontento profundo que desde hace tiempo se venía gestando en nuestro país y que nos debe hacer pensar sobre nuestra capacidad de apreciar los contextos y advertir el sentir social».
En esa línea, sostuvo que «la suma de decisiones administrativas y jurisdiccionales que exhiben un mapa de conflictos asociados a vulneración de derechos y situaciones de abuso, debiera ser una alerta para los entes políticos responsables de generar los cambios legislativos que hoy aparecen de evidente necesidad».
«He allí, a mi juicio, un aprendizaje doloroso, en el que todos los actores sociales, políticos y económicos tenemos algo que aportar, sin romper, insisto, los deberes y el respeto de separación de funciones», concluyó.
TENSIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
El presidente del máximo tribunal también se refirió a «momentos de tensión» con otros órganos jurisdiccionales, siendo el último aquello vivido con el Tribunal Constitucional (TC) a raíz de fallos de la Corte que iban contra la jurisdicción de este último.
«Es cierto, las diferencias existentes con otros órganos jurisdiccionales han experimentado instantes de algidez, que son connaturales a las adaptaciones de cambios competenciales que aún repercuten en ámbitos de decisión en que existen aparentes concurrencias», declaró.
Y continuó: «Sin embargo, podemos decir que manteniendo cada órgano jurisdiccional su espacio de autonomía y atribuciones, hemos sabido superar esa tensión, volviendo al clima de cordialidad».
PROCESO CONSTITUYENTE
De cara al plebiscito del 26 de abril y la elección de los constituyentes que podría producirse en octubre, Silva aseguró que ambos procesos imponen plazos acotados de reflexión interna de cada institución que podría ser alterada.
«La responsabilidad insta a quienes hoy dirigen los órganos objeto de una posible reforma en la Carta Fundamental a definir líneas para opinar, en los espacios pertinentes, sobre cómo aprecian y proyectan las posibles alteraciones propuestas, con una visión de Estado, no mezquina, lejana a los intereses particulares de sus integrantes, debiendo concentrarse en el mejor devenir para el país», sostuvo Silva.
Aseguró que el Poder Judicial está analizando el actual régimen constitucional y los posibles cambios que podrían experimentarse. «Aunque la tarea no es sencilla», acotó, «el esfuerzo vale la pena, pues permitirá contribuir en la discusión que se daría en el seno del proceso constituyente para la adopción de decisiones informadas, que dictarán el porvenir de nuestra República en las próximas décadas», concluyó.
PODER JUDICIAL EN CIFRAS
Durante 2019, los tribunales de primer grado, que conocen asuntos de familia, laborales, de cobranza laboral y previsional, penales y civiles, recibieron 3.370.000 causas, representando una disminución de casi un 5% respecto a aquellas del año anterior.
En cuanto a las causas terminadas, poco más de 2.648.000 fueron resueltas, 4,6% menos que en 2018.
Respecto a causas pendientes, al cierre del año 2019 estas ascendían a poco más de 2.333.000, que implica un aumento de casi un 10% respecto del año 2018.
Por su parte, a las 17 Cortes de Apelaciones del país llegaron 519 mil causas, lo que significa un aumento de un 88,2% respecto del año anterior. «Esto, debido principalmente al aumento de recursos de protección asociados a reclamos contra Isapres, los que mostraron un incremento cursos que representan un 72,5% del total de ingresos de las Cortes de Apelaciones y que estuvieron determinados por el GES», explicó Silva.
En dichas cortes se resolvieron alrededor de 305 mil (+15%), quedando 260 mil pendientes, lo que implica un crecimiento de 390% respecto del año anterior: «Este aumento se explica por la presencia de recursos de protección en contra de Isapres, que corresponden al 85% de las causas pendientes».
Por último, a la Corte Suprema llegaron 41.300 causas, 23% más que el año 2018. Se terminaron más de 36.900 (+24%), mientras que las que quedaron pendientes alcanzaron las 12 mil, correspondiente a un 55% más que el año anterior. La explicación también recaería en conflictos judiciales con Isapres. «Creemos necesario reiterar lo que hemos dicho sobre la imperiosa necesidad de una solución legislativa a los conflictos vinculados a Isapres», concluyó Silva. (Emol)
