La Corte Suprema echó por tierra la solicitud de la subsecretaría del Interior de buscar ajustarse a los criterios jurídicos y administrativos esgrimidos por la judicatura en relación a la expulsión de migrantes que ingresan por pasos no habilitados, y que ha sido materia de tensión entre ambos poderes del Estado.
La determinación es la respuesta a un oficio enviado por la cartera al Poder Judicial el pasado 10 de septiembre, donde el Ejecutivo explicó la imperiosa necesidad de coordinación en el contexto de una nueva oleada de extranjeros arribando a la zona norte.
No obstante, de manera escueta y directa la resolución sostuvo: “Teniendo en consideración que la solicitud contenida en el documento citado, dice relación con materias de índole jurisdiccional de las que conoce una sala de este tribunal, no ha lugar a lo solicitado”.
Del tenor y extensión -apenas 199 caracteres- se colige que la Corte Suprema envió una señal a la autoridad política, respecto de la imposibilidad de fijar criterios entre ambos poderes del Estado en la materia.
Y es que en los últimos días se ha conocido de una verdadera “avalancha” de extranjeros ingresando de manera irregular, según manifestó el alcalde de Colchane, Javier García. El hecho ha provocado problemas no solo en esta comuna fronteriza, sino también en ciudades como Iquique, Arica y Antofagasta.
Nueva ola migratoria que preocupa al Gobierno, el que ya adelantó que tomará cartas en el asunto. “Las expulsiones van a seguir y las vamos a tomar prontamente. Las estadísticas lo dicen, mientras tuvimos la oportunidad de expulsar el ingreso clandestino por Colchane bajó”, señaló este miércoles el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
Dicha preocupación en Palacio tiene una génesis: fallos del máximo tribunal que ha rechazado -en más de una oportunidad- expulsiones impulsada por el Gobierno, lo que ha significado una dura derrota en materia migratoria.
Bajo ese contexto es que desde el Ejecutivo han buscado entablar conversaciones con la Corte Suprema para manifestar su postura en torno a esta materia, la que se materializó en una reunión a inicios de mes entre ambos poderes.
A dicho encuentro, se sumó el oficio que la subsecretaría del Interior envió a Guillermo Silva -firmado por Juan Francisco Galli como ministro (s)- que tuvo como finalidad poner en conocimiento del Poder Judicial de la “adecuada coordinación y comunicación” entre ambos poderes del Estado.
En simple, el Ejecutivo buscaba ajustarse a los criterios jurídicos y administrativos esgrimidos por la Corte Suprema en “variados fallos” en torno a las expulsiones administrativas que han detenido los procesos impulsados por el Gobierno.
(…) durante el presente año se han dictado variados fallos sobre la materia, fundados en argumentos que, más allá de que puedan o no compartirse en cuanto a su fondo, generan incertidumbre tanto en lo referido a las expulsiones dispuestas de conformidad con la normativa vigente”, señala el documento.
Dichos fallos, tras la presentación de recursos de amparo en favor de los ciudadanos extranjeros, han frenado las expulsiones por diversos motivos. Uno de ellos, por ejemplo, la acreditación de la efectividad del ingreso clandestino o irregular, plasmado en la causa rol 36.794-21.
En dicha sentencia del 7 de junio de 2021, el Gobierno retruca que “el fallo no explica cómo sería posible satisfacer el estándar argumentativo superior que exige, para fundamentar un hecho manifiestamente objetivo como es el ingreso irregular”.
Y agrega: “Esta autoridad en aplicación de un mismo procedimiento que en casos análogos no ha sido reprochado, no tiene forma de conocer el criterio que esa E. Corte estima suficiente para efectos de dar por acreditado el ingreso clandestino”.
CAMBIOS
Pero el Gobierno también apela a los cambios que ha tenido la Corte Suprema -y que fundamenta el querer conocer los nuevos lineamientos- en los criterios para realizar las expulsiones.
En este contexto, Interior y Seguridad Pública expone que a comienzos de este año una serie de fallos de la Segunda Sala no objetaron los procesos, señalando que en dichos pronunciamientos se plasmó que se actuó “dentro del límite de sus atribuciones”.
Dicha variación de discernimiento -según fuentes de Palacio- ha sido un factor a considerar de cara a nuevas olas migratorias, como la que sucede en estos momentos en la zona norte.
Según cifras de la subsecretaría del Interior, desde el 10 de mayo de 2021, fecha en que la Corte Suprema paralizó un proceso de expulsión apelando a la necesidad de impulsar hasta las últimas consecuencias el procedimiento penal que castiga criminalmente el ingreso irregular, las cifras han ido al alza.
Diferencias entre dos poderes del Estado, toda vez que de forma paralela decenas de migrantes siguen ingresando por pasos no habilitados de la zona norte generando el colapso de servicios básicos en comunas cercanas a la frontera.
Pese a la tensión, alcaldes de la zona fustigan a la autoridad central: “Nos sentimos en un abandono extremo”, dijo este martes el edil de Colchane, Javier García, a La Radio, instancia donde también pidió al presidente Sebastián Piñera que “de una vez por todas tome una medida”. (Bio Bio)
