“Quiero a todos mis ministros trabajando”. No es la primera vez que el Presidente Boric hace este tipo de interpelaciones a su gabinete. Lo hizo en marzo, aludiendo a que la época de promesas había terminado y ya era hora de cumplirlas. Y lo vuelve a hacer ahora para cerrar la discusión de un eventual cambio de gabinete debido a la crisis que se ha desatado dentro del gobierno producto del caso Monsalve y a tan solo días del plazo legal de renuncia para autoridades interesadas en competir al Congreso, con el fin de poder retomar una agenda que le ha sido especialmente difícil de controlar.
Sin embargo, la pretensión del Presidente de retomar su agenda sin ningún tipo de modificación, no es tan fácil pues enfrenta dos desafíos relevantes. En primer lugar, debe transparentar a la ciudadanía todos los antecedentes sobre la actuación que tuvo el Ejecutivo tras enterarse del caso Monsalve 20 días atrás. Las declaraciones contradictorias de la ministra Tohá exigen respuestas de si acaso se cometieron infracciones o si hubo abusos de poder, y quiénes serían los responsables. Sin las aclaraciones y responsabilidades correspondientes, el Presidente no puede pretender hacer la vista gorda a presuntas irregularidades, o traspasar la responsabilidad a la oposición, intentando pasar por “machistas” exigencias mínimas para una autoridad de gobierno. Estas omisiones mantendrán al gabinete sumido en una crisis, y estirar el chicle de la decisión sólo agudizará el problema.
Por otro lado, está la constante dificultad de llevar adelante una agenda que no se condice con las necesidades ni el sentir ciudadano. Recordemos que las urgencias sociales, como la seguridad y el crecimiento económico, no eran parte del programa de Apruebo Dignidad, y que con el rechazo de la propuesta de la Convención Constituyente -que, según el entonces ministro Jackson, era condición necesaria para llevar adelante su programa- la ciudadanía manifestó claramente que no quiere las grandes refundaciones que este gobierno quiere impulsar.
A pesar de todo —y contradiciendo las declaraciones de moderación que se han hecho—, en esta recta final, el gobierno parece empeñado en sacar adelante sus prioridades a toda costa. El foco está puesto, por una parte, en la condonación y reemplazo del CAE; en el aborto y eutanasia; en una reforma de pensiones llena de pulsiones ideológicas y carente de sustento técnico; y una reforma tributaria que no asegura más recaudación. Por otra parte, hay demandas muy loables en cuanto al fondo, pero que se encuentran entrampadas por la incomprensible necesidad de este gobierno de imponer su ideología, tal como ocurre con el muy necesario Sistema Nacional de Cuidados, la convivencia escolar, la reforma a la Nueva Educación Pública, o la solución a las alzas de la luz. Todas, medidas que, a la larga, terminarán siendo más un problema que una verdadera solución para los agobios de la ciudadanía.
“Necesitamos a todos los ministros trabajando”. Vaya que sí. Pero en dar solución a la crisis económica de un país que tuvo un crecimiento nulo en septiembre, al déficit financiero que arriesga, entre otras cosas, el quiebre de hospitales, a las crecientes tasas de homicidios, así como también en sacar adelante los proyectos de pensiones, cuidados y de convivencia, con el fin de dar solución efectiva a los problemas y no con pretensiones ideológicas.
Magdalena Vergara
