El debate generado por la no aplicación de la Ley Aula Segura de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, retomó fuerza esta mañana con las declaraciones de la Vicepresidenta de la República, Carolina Tohá.
- “Hay muchas legislaciones a las que se puede recurrir y hay que ocupar las que sirven. Lamentablemente, para desgracia de todos, cuando esa legislación se ocupó tuvimos los peores periodos de violencia en los colegios” dijo Tohá a Radio Universo.
- “Cuando se ocupan instrumentos que lo que hace es que la comunidad se pliega a los grupos violentos el resultado es todo el contrario, en lugar de aislarlos y debilitarlos se les fortalece, suman adeptos y hacen acciones violentas de mayor escala”.
Lo que dicen los directores. La ley N° 21.128, de Aula Segura de 2018, faculta a los directores a expulsar y cancelar la matrícula de manera inmediata a aquellos estudiantes que estén involucrados en actos violentos y que causen daños a la institución o generen algún perjuicio a quien forme parte de ella.
- Rectores y directores de colegios han dicho que Aula Segura es un mecanismo útil para enfrentar la violencia extrema en los colegios de Santiago, señalando que la gestión de Hassler ha inhibido a aplicar la ley. Así ha ocurrido en los casos del ex rector del INBA, Gonzalo Saavedra; la directora del Liceo Darío Salas, Lilian Vincent; y la directora del Liceo Bicentenario Teresa Prats, Denise Berenguela.
Ex ministro: “Declaraciones sin fundamento”. El ex ministro de Educación de la época en que se comenzó a aplicar ley, Raúl Figueroa, señaló a Ex-Ante que es preocupante que distintos directores de liceos emblemáticos coincidan en que habrían sido impedidos a aplicar una ley vigente para afrontar los hechos de violencia que se han visto en algunos establecimientos. “Hoy día lo que más necesitan los directores es a lo menos respaldo para tomar medidas”, dijo. Se les priva de herramientas útiles para tomar medidas concretas, añadió.
- “Las declaraciones de la ministra Tohá no tienen ningún fundamento en los hechos. La Ley Aula Segura surge precisamente como una respuesta a hechos graves de violencia que se estaban viviendo en una serie de liceos emblemáticos del país y como una respuesta a las comunidades educativas para poder tener mayores herramientas”.
- Figueroa recordó que antes que se discutiera la ley hubo educadores que fueron rociados con bencina.
- “Desligitimar la aplicación de la ley, como lo hace la ministra en su declaración, es un error que priva de nuevo a los directores que necesitan de esa herramienta, de la legitimidad para poder implementarla. Uno puede entender que a las autoridades de gobierno no les guste una determinada ley, pero la manera de hacerse cargo del asunto es enviando un proyecto que la modifique pero no apelar a que no se aplique”.
Garantiza el debido proceso. El experto en temas de infancia y adolescencia, Marcelo Sánchez, actual gerente general en Fundación San Carlos de Maipo, señala que el tema de la violencia es de larga data. “De de hecho, Aula Segura surge para hacerle frente a episodios críticos previos a la ley”, señala. Y recordó que en la tramitación de Aula Segura, “en la comisión mixta se aportaron limitaciones que garantizaran el debido proceso y estuviera acorde a los cuerpos normativos nacionales e internacionales”.
- “Aula Segura da certeza jurídica a los directores de los Colegios en aquellas materias que no contempla el reglamento interno y que significan un deterioro importante de la convivencia o delitos graves”.
- “La ocurrencia de episodios violentos, organizados y en algunos casos articulados por personas ajenas a la comunidad escolar requiere de acciones oportunas que protejan al conjunto de la población escolar y garantice su derecho a recibir educación”.
Las cifras de Carabineros. El director de Orden y Seguridad de Carabineros, general inspector Enrique Monrás, informó hoy que en la contingencia de los liceos emblemáticos este año registran los siguientes datos:
- 396 eventos en 11 colegios emblemáticos con 108 detenidos. De estos, 83 son por desórdenes; 10 por maltrato de obra a carabineros de servicio; 6 por atentados, 3 por barricadas y 6 por utilizar artefactos del tipo molotov”.
El caso Hassler. Pese a los graves incidentes en liceos emblemáticos, las cifras de la Dirección de Educación Municipal de Santiago, a octubre, son las siguientes: En 2022 existe un consolidado de 587 procedimientos sancionatorios en los colegios, pero solo 5 expulsados.
- La alcaldesa se defendió este martes señalando, entre otras cosas, que “cuando aquí hay situaciones de manipulación de artefactos incendiarios, como son las bombas molotov o como ha sido incluso la quema de transporte público en otros momentos en distintos establecimientos educacionales o en las afueras de estos establecimientos, requerimos también que actúe la justicia”.
- Hassler ahora enfrenta una ofensiva de la UDI, que apuesta a que la Fiscalía la cite a declarar a partir de los dichos del ex rector del INBA y enviaron un oficio al contralor Bermúdez para que se pronuncie sobre el caso. Para algunos, la violencia de los estudiantes es uno de los flancos más sensibles para la alcaldesa, así como también el de sus antecesores.
Tohá y la alcaldía de Santiago. “Yo en esto no tengo gustos, tengo experiencia”, dijo Tohá, aludiendo indirectamente a su período como alcaldesa de Santiago, donde para muchos se inició el proceso de violencia en los liceos emblemáticos.
- El abogado Darío Calderón, ex presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional y uno de los hombres que conoce más de cerca el tema, relató en mayo cómo comenzó la violencia en el colegio.
- “Esto parte el año 2010-2011, con el primer movimiento de estos jóvenes, siendo alcaldesa de Santiago Carolina Tohá, y rector, Omar Letelier”.
- “Ya en 2010 vienen los primeros movimientos de estudiantes, en que hubo acciones violentas, y se toman el colegio, cosa que no había ocurrido desde el año 1928, en la dictadura de Ibáñez”.
- “Entonces le fuimos a pedir colaboración a la alcaldesa, con el objeto de que pusiera orden, restableciera la disciplina. Le dijimos que si para eso era necesario utilizar la fuerza pública había que hacerlo, pero no se podía permitir que se tomaran el colegio en esas condiciones. Esa fue la semilla donde todo partió, por no haber actuado bien Tohá, a quien le tengo un reproche grande por la actitud que tuvo, pues no quiso intervenir en el proceso. Eso trajo consigo la renuncia del rector de la época y se fueron sucediendo todos estos hechos de violencia: se transformó en el germen que fue cundiendo en otros colegios emblemáticos”.
- El arquitecto Iván Poduje también abordó el rol de Tohá. “Al principio se mostró muy ambivalente con la violencia en los liceos emblemáticos. De hecho el ex rector del Instituto Nacional dijo que ella armó un equipo de abogados para defender a los estudiantes radicales que eran expulsados. Eso fue fatal, porque les permitió seguir en los colegios haciendo daño y radicalizando a otros alumnos”. “Cuando se da cuenta del error, cambia de posición, se pone más dura con las tomas e incluso ordena desalojos. Y es entonces cuando Gabriel Boric la critica, como diputado amigo de los secundarios”.
- Efectivamente, el 13 de junio de 2014, Boric tuiteó: “Y Carolina Tohá desalojó el Instituto Nacional. El diálogo duró solo mientras fue candidata. El doble estándar progresista. Mi apoyo a estudiantes”. (Ex Ante)
MUNICIPIO DE SANTIAGO
Instituto Nacional, Liceo Barros Borgoño, Liceo de Aplicación, Liceo Confederación Suiza, Internado Nacional Barros Arana. Esos son algunos de los establecimientos tradicionales de la Región Metropolitana que han presentado hechos de violencia. Lanzamiento de bombas molotov, barricadas, enfrentamientos con Carabineros y desórdenes varios.
Para ver estos casos y prevenir que sigan ocurriendo, la normativa escolar establece que las escuelas y liceos deben tener sus respectivos Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE).
Cifras de la Municipalidad de Santiago muestran que en lo que va de este año, y de acuerdo a la aplicación de procesos ante faltas gravísimas a la convivencia escolar según RICE, hay 174 estudiantes sancionados. Se han reportado cinco expulsiones. Dos de ellos han sido desde el Liceo Darío Salas, otro par del Internado Nacional Barros Arana y uno del Instituto Nacional.
Asimismo, a 14 se les ha cancelado la matrícula, siendo 5 del INBA, otros 5 más del Liceo Amunátegui, 3 del Liceo Javiera Carrera y 1 del Instituto Nacional. Mientras que como sanción final de «suspensión», el registro llega a 85. De estos, 28 son del INBA, 26 del Liceo Amunátegui, 22 del Liceo Darío Salas, 4 del Instituto Nacional, 4 del Confederación Suiza y 1 del Liceo Isaura Dinator.
Estos datos se suman a los reportados por Carabineros. La institución informa que ha debido intervenir en 396 eventos registrados principalmente en liceos emblemáticos en la comuna de Santiago, registrando 108 jóvenes detenidos.
Frente a estas cifras, desde la institución indicaron que el 53% de los detenidos fueron capturados en el perímetro del Instituto Nacional. En tanto, que el 48% restante fue sorprendido en inmediaciones de otros 10 establecimientos emblemáticos tales como Carmela Carvajal, INBA, Barros Borgoño, Confederación Suiza, Liceo de Aplicación, liceos 1 y 7, entre otros.
El Gobierno, a través del Ministerio de Educación, señala que «tenemos la certeza de que una de las tareas primordiales es prevenir y enfrentar la violencia al interior de los establecimientos educacionales. Para eso, como ministerio desde el primer día hemos tenido nuestras puertas abiertas para conversar y avanzar en dar respuesta a las principales demandas estudiantiles, pero sin avalar la violencia».
Agregan que «desde el Ministerio de Educación debemos actuar desde lo educativo, resguardando el derecho a la educación y resguardando la seguridad de toda la comunidad educativa. Por ello, hemos puesto en marcha una serie de acciones enmarcadas en la Política de Reactivación Educativa: Seamos Comunidad. Uno de los ejes de esta política tiene relación con la convivencia, bienestar integral y salud mental de niñas, niños y adolescentes. Algunas de sus acciones son el Programa Territorial de Convivencia Escolar que se aplica en 60 comunas del país; la ampliación del programa Habilidades para la Vida en 180 comunas, trabajando con docentes en temas como salud mental y clima escolar, llegando a más de 140 mil estudiantes; además implementamos el Dispositivo de Apoyo Psicosocial Temporal que busca fomentar el desarrollo de acciones frente a situaciones críticas que pueden experimentar la comunidad y que llegará a casi 500 mil estudiantes este 2022. En paralelo, y dado que la pandemia afectó a todas y todos en distintos niveles, es que se constituyó una mesa de trabajo interministerial sobre salud mental en educación». (Emol)
