Luego de casi nueve meses, la toma de la sede central del Instituto Nacional de Derecho Humanos (INDH) estaría llegando a su recta final. Así lo reconocen en privado sus ocupantes, algunos consejeros del organismo, los funcionarios de la institución e incluso el gobierno.
La ocupación ilegal que partió el 8 de julio de 2021 por parte de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) se ha transformado en un problema de difícil solución para el director del INDH Sergio Micco. De hecho desde ambas partes reconocen que, pese a los intentos del abogado por insistir una y otra vez en el diálogo, los secundarios han cerrado las puertas debido a que, a juicio de ellos, la autoridad de ese organismo también es parte del problema. De hecho han solicitado explícitamente su renuncia, algo que para el consejo del organismo es una intromisión indebida en la autonomía de la institución.
Pero el escenario cambió. Luego de que asumiera el Presidente Gabriel Boric se han acomodado las piezas y se formó un triángulo que está acercando las posiciones. El nuevo actor que se sumó en la escena fue la Asociación Nacional de Funcionarios Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Andedh). Ellos han asumido la función de ser “puente de diálogo”, pero no con el consejo del INDH sino que esta vez ha sido directamente con el Ejecutivo.
“Asumimos la función de acercar las posiciones con la entidad que tiene a su cargo la implementación de las políticas públicas en materia de derechos humanos”, afirma el presidente de Andedh, Luis Guerrero. El dirigente comenta que se han reunido con la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydée Oberreuter, para plantearle el estado de la situación y transmitirle las demandas que está solicitando la Aces.
Los acercamientos se aceleraron luego de que Micco le solicitara a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana que efectúe el desalojo de la sede central de la institución. La petición, según informó el organismo, se hizo requiriendo que la medida se tomara “respetando los estándares internacionales de los derechos humanos”.
La arremetida del director del INDH ocurrió luego de que en el consejo del lunes 7 de marzo consiguiera que seis de los diez integrantes, por primera vez, condenaran la toma y reconocieran explícitamente las facultades del director para solicitar el desalojo del inmueble a la Delegación Provincial. Sin ese apoyo, Micco corría el riesgo de tomar una decisión y que luego su propio consejo le quitara el piso o lo acusaran de actuar sin la venia del resto de los consejeros.
Pese a la petición, la delegada presidencial, Constanza Martínez, no ha ejecutado la orden a Carabineros. Lo más probable es que no lo haga nunca. Lo único que ha hecho, hasta ahora, ha sido solicitar más antecedentes a la dirección del INDH. Micco le remitió la semana pasada la información solicitada y, hasta el momento, no ha tenido novedades.
La vocera de la Aces, Antonia Rolland, confirma que están a la espera de la respuesta que vaya a darles la subsecretaria Oberreuter. Ellos aspiran a que el Ejecutivo recoja sus demandas y les responda, ya sea con una respuesta concreta o con alguna garantía de que su petitorio se trabajará desde el gobierno.
De hecho en una minuta interna lo expresaron de la siguiente manera: “Emplazamos al gobierno a responder públicamente las demandas que no solo hemos coordinado desde la toma, sino que han sido síntesis de los diversos encuentros de sobrevivientes de la represión estatal, familiares de asesinados y presos políticos”, según se lee.
Ese documento fue parte de un punto de prensa realizado este lunes 21 de marzo. “El Ejecutivo no puede ser cómplice de la cruzada impulsada por Micco para criminalizarnos, porque sería formar parte e instruir un desalojo que significaría un violento proceso de revictimización para quienes vivieron la violencia estatal”, agregaron los estudiantes.
Rolland dice que una vez que el gobierno se pronuncie, llevarán esa información a la asamblea para votar si bajan o mantienen la toma. Esto, comentan los secundarios, debería ocurrir antes del miércoles 23 de marzo fecha en la que, según ellos, vence el plazo que dio Contraloría para que el INDH tome control de su sede. Sin embargo, los 30 días que dio el contralor se vencerían recién durante la primera semana de abril, según cálculos legales que hace el propio organismo.
“El director del INDH ha sido incapaz de atender en su totalidad la complejidad de las demandas. Reconocemos que en menos de un mes la subsecretaria ha logrado más que el director en ocho meses. Ahora nosotros estamos a la espera de un pronunciamiento del gobierno y esperamos que ellos puedan dar la garantía de que el petitorio será trabajado por el Ejecutivo”, comenta Guerrero, dirigente de la Andedh.
El petitorio de la Aces tiene ocho exigencias. La primera consiste en “reconocer las violaciones sistemáticas a los derechos humanos”. La segunda, por ejemplo, pide que se inicie “el procedimiento judicial correspondiente ante los crímenes de lesa humanidad mandatados por Sebastián Piñera Echeñique, puesto que es el responsable político de las consecuencias que viven nuestros compañeros y sus familias. Además, deben ser enjuiciados todos los agentes del estado que accionaron de forma directa violentando a nuestro pueblo”.
La relación de Micco con Andedh nunca fue fácil y se quebró de forma definitiva luego del estallido social. Respecto de la toma, no ha existido por parte de esta asociación de funcionarios una condena los hechos. Lo que sí ha habido, comentan en el consejo del organismo, ha sido una presión para que los integrantes no se pronuncien sobre el tema y para que no se le reconocieran las facultades de Micco para solicitar el desalojo. Eso sumado a las diferencias internas que existen en el consejo ha implicado que este tema se extienda por casi nueve meses.
La Tercera consultó a la Subsecretaría de Derechos Humanos por las gestiones realizadas para saber si responderán al petitorio de la Aces, pero el organismo declinó responder. En tanto, el consejo está a la espera de que los secundarios bajen la toma esta semana. Apenas ocurra, afirma un consejero, se procederá a retomar el control de la sede. Sin embargo a algunos consejeros les preocupa que resuelta la toma, Micco sume un nuevo flanco y los funcionarios anuncien una paralización de las actividades presenciales. Pese a esa opción, que es comentada al interior del INDH como una posibilidad cierta, el presidente de Andedh lo descarta complemente. “Eso no está sobre la mesa”, agrega Guerrero. (La Tercera)
