Uno de los principales problemas en la instalación de un nuevo gobierno tiene que ver con el nombramiento de las autoridades, tanto a nivel nacional como local, es decir, desde los ministros hasta los gobernadores. Pero dadas las características de nuestro sistema burocrático-administrativo, la instalación sufre ciertos traspiés desde el momento en que un número significativo de las contrataciones tiene carácter político. Por lo pronto, si echamos un vistazo al sistema en su conjunto la gran mayoría de las personas que trabajan a “contrata” fueron renovadas por un año más por la administración Bachelet.
Esto, que en principio no debiera generar dificultades, la verdad es que sí las produce. Por lo pronto, porque constituyen rigideces al momento de iniciar un nuevo gobierno. En algunos casos se trata de contrataciones políticas, las que no cuentan con la confianza de las nuevas autoridades, lo que dificulta la mecánica inicial. En este sentido, le resta grados de libertad a la nueva administración para la conformación de nuevos equipos, y es legítimo preguntarse si quienes ingresaron al aparato estatal por suscribir una visión ideológica que se manifestaba en una serie de políticas públicas, no podrían mantenerse al cambiar -producto del voto popular- el sentido ideológico de las mismas.
Esto no significa que en muchos casos se trata de funciones que le dan continuidad la labor del Estado, especialmente en el caso de las funciones de niveles administrativos, pero en justicia esa no es la realidad en todos los casos.
Pero existen otras trabas que tiene que ver con la mecánica propia del proceso de coordinación de un gobierno, es decir, no solo establecer prioridades sino que además que los procesos de comunicación interna sean fluidos. Esta fluidez supone varias condiciones para ser realidad. La primera es la rapidez y atención con que actúen las distintas unidades de gobierno. Segundo es que las autoridades entrantes puedan anticiparse a las trabas administrativas que impiden que determinadas decisiones puedan concretarse. Tercero, que el exceso de centralismo no paralice la efectividad de las políticas públicas que se quiere implementar. Cuarto, que los grupos entrantes tengan disposición, aptitud y sentido del trabajo en común. Y, por último, que la mezquindad partidista de quienes deciden quedarse en el sistema público como un acto político de resistencia, impropio de su rol funcionario, no trabe los procesos de decisión.
Todo lo anterior es resultado de que en nuestro país todavía no existe un verdadero servicio civil, que garantice que quienes ingresen al Estado lo hagan en función de sus capacidades y no de sus militancias o redes. Esta es la gran deuda de nuestra democracia con la verdadera y correcta administración del Estado. Lo que no obsta que los gobiernos puedan contar con equipos propios de confianza al iniciar una nueva administración. (La Tercera)
Eugenio Guzmán
