El gobierno saliente anunció el envío de un nuevo proyecto de financiamiento estudiantil que remplazaría al CAE. Por lo que conocemos, este cubrirá el arancel cobrado de la carrera y el estudiante deberá pagar por 10 años un porcentaje de su ingreso. Por su parte, la institución de educación superior deberá avalar la brecha entre el arancel cobrado y el de referencia, que financia el Estado. Si al cabo de 10 años el estudiante ha servido la parte de la deuda correspondiente al arancel de referencia, su deuda se extingue y la institución debe devolverle al Estado el saldo insoluto de la brecha.
Esta propuesta es conceptualmente la misma hecha por la Comisión de Financiamiento que convocó el Presidente Sebastián Piñera en 2011, que presentara como iniciativa legislativa el 2012 y que finalmente durmiera en el Congreso. Tiene, eso sí, al menos dos diferencias significativas: consideraría un plazo muy corto para servir la deuda y tiene un tratamiento asimétrico, lo que la transforma virtualmente en una fijación de aranceles al nivel del de referencia.
Previendo que los 10 años son pocos para cubrir el financiamiento de una carrera, el proyecto establecería que de no haberse cancelado completamente la deuda correspondiente al arancel de referencia (la parte del crédito con mayor prioridad a servir), el período de pago aumentaría a 15 años y se extinguiría antes si el alumno completa el pago del arancel de referencia fijado por el Estado. El plazo y la asimetría de cortar el plazo sin considerar la deuda asociada a la brecha hacen que el proyecto se constituya en un gran riesgo para la solvencia de las instituciones, las que asumirán esta falta de pago además de los vinculados a deserción y alargue de la carrera.
Lo positivo de esta propuesta no es, como se ha anunciado, que el pago se haga en función del ingreso, cosa que ocurre desde 2012. Lo positivo es que conceptualmente recoge los fundamentos de una política a partir del consenso experto, el que a través de tres comisiones y en tres gobiernos ha remarcado que un sistema que combina un crédito bien diseñado, con pago contingente al ingreso y con gratuidad focalizada, es el que tiene sentido para Chile.
La propuesta, cuya raíz es conceptualmente buena, necesita dos modificaciones para que el crédito resulte bien diseñado. En primer lugar, aumentar el plazo hasta al menos 20 años. Un proyecto educacional que cambia la vida de los estudiantes, que aumenta sus ingresos sustancialmente en más del 10% y que les obliga a devolver solo ese 10% como tope y por 20 años durante el ciclo de vida donde sus ingresos más crecen, no debiera limitarse.
En segundo lugar, requiere revisar los aranceles de referencia ligándolos más a la calidad. Esto existe a través de los años de acreditación, pero es perfectible. Es fundamental que los mayores aranceles de referencia sean para mejores carreras e instituciones. Para ello, es necesario complementar explícitamente los actuales “años de acreditación” con la empleabilidad de los alumnos, lo que es particularmente importante en el sector técnico-profesional.Esto inducirá a todas las instituciones a reforzar su vínculo con la empresa y así aumentar la pertinencia de sus carreras, esencia de lo que es calidad. (La Tercera)
Ricardo Paredes
