Los Premios Nacionales de Historia abajo firmantes han considerado que el papel de los científicos en general, y de los historiadores en particular, no es meramente contemplar y analizar la realidad contemporánea, esperando la necesaria distancia del tiempo para emitir un “juicio objetivo” y, de paso, evitando pronunciar algún “juicio de valor”. Al contrario, creemos que es el momento de emitir juicios sobre lo que está aconteciendo en el país porque, precisamente, nuestro conocimiento sobre la Historia de Chile nos permite recordar, advertir y prever algunos acontecimientos para evitar mayores sufrimientos a la sociedad nacional. De igual modo, enfocar nuestros juicios en los valores que están en riesgo en este momento crucial. Nos dolería profundamente que pase a la Historia de Chile esta fecha, iniciada el 18 de octubre, por los muertos y heridos —mayoritariamente jóvenes— que ha dejado la violencia y la represión; por el regreso de los militares a las calles; por la desidia y sordera de los políticos en general y del Gobierno en particular. Cuando deberían escribirse páginas sobre la expresión ciudadana más masiva y extendida por todo el país de la Historia de Chile, cuya demanda se puede sinterizar en una sola frase: “un nuevo contrato social”.
La ciudadanía demostró que cree en la libertad de expresión como en lo colectivo. La desconfianza hacia las instituciones no ha sido por carencia de capital cívico; al contrario, las marchas desplegadas en todo Chile expresan una toma de conciencia del papel de la ciudadanía en el porvenir del país. Estas acciones épicas ejercidas desde la sociedad profunda fortalecen la importancia de las ciencias sociales, donde la historia y la educación cívica son fundamentales, a pesar de las actuales directrices del Ministerio de Educación.
Condenamos la violencia estructural con igual énfasis que lo hacemos con la violencia que proviene de los agentes del Estado que violan los derechos fundamentales de las personas. Así también condenamos decididamente a la violencia delictual expresada en saqueos y destrucción de la propiedad pública y privada.
No ahondaremos en el diagnóstico que, al parecer, es compartido por la gran mayoría de la población, donde la desigualdad se ha transformado en una flagrante violación de los derechos humanos. No se trata de discutir si la sociedad chilena actual es más o menos pobre que aquella de los siglos XIX o XX, sino que la brecha económica, social y cultural es notoriamente más amplia y profunda. Aquí ponemos el acento en el necesario rescate de la educación pública, porque la desigualdad en Chile se inicia tanto desde la cuna como desde el aula.
La codicia sin límites, sea pecuniaria o de poder político, está en la base de la corrupción. Codicia profundizada por un modelo neoliberal impuesto en dictadura, que pretendía confundir a la democracia con el mercado. Sabemos que el sistema capitalista puede desenvolverse con eficacia en regímenes no democráticos, incluyendo dictaduras; por lo mismo, la defensa de la democracia es, ante todo, un imperativo ético. Una manera de corregir esta inequidad es cambiando este modelo neoliberal por otro donde el Estado asuma sus responsabilidades sociales interviniendo en aquellas industrias que han abusado de la confianza pública y de los sectores más débiles de la sociedad, como los ancianos, los niños, los enfermos, y además de otros que reciben el salario mínimo o se encuentran cesantes o con empleos precarios.
Creemos imprescindible que en Chile surja lo antes posible un nuevo contrato o pacto social (una nueva Constitución) a través de los mecanismos que la tradición democrática contempla bajo un ambiente o clima social libre de presiones.
Los abajo firmantes nos comprometemos a observar y valorar este proceso de cambios, sumándonos a esta mayoría que dejó de ser silenciosa. (El Mercurio)
Lautaro Núñez
Jorge Hidalgo
Gabriel Salazar
