Un grupo de senadores presentó una propuesta de reforma constitucional para modificar el sistema político chileno, con el objetivo de avanzar hacia un sistema semi-presidencial. La propuesta incluye dos elementos centrales: la designación de un jefe de gabinete del denominado Consejo de Ministros, y la posibilidad de integrar el gabinete ministerial por parte de los parlamentarios, quienes serían reemplazados temporalmente y mientras ejercen el cargo de ministro.
Los autores de la moción argumentan que gobernar es cada vez más complejo. Eso es correcto. Señalan también que sería conveniente que el parlamento se involucrara en la tarea de gobernar, y no sólo ejerciera las labores que actualmente tiene. Esto es discutible.
El modelo planteado viene en la práctica a crear una nueva institución, el Consejo de Ministros, y establece la figura del Jefe de Gabinete, quien se asemejaría a los jefes de gobierno -diferentes de los jefes de Estado- en los sistemas parlamentarios. Nuestra Constitución hoy no contempla al grupo de ministros como un órgano colegiado en si mismo, pero sí permite en su artículo 33 al Presidente de la República “encomendar a uno o más ministros la coordinación de la labor que corresponda a los secretarios de Estado y las relaciones del gobierno con el Congreso Nacional”.
La segunda propuesta permite a los parlamentarios en ejercicio integrarse como ministros de Estado sin perder el cargo de parlamentarios, siendo reemplazados transitoriamente por el ciudadano que designe la directiva del partido al cual pertenece el afectado. Al terminar su mandato como ministro, proponen los autores que el parlamentario pueda volver a su cargo de legislador si aún no ha terminado el período para el cual fue elegido congresista.
¿Qué tienen en común los elementos de estas propuestas? Fortalecer la labor de gobierno a través del posible involucramiento de los parlamentarios en la gestión ejecutiva. ¿Se hace cargo esta propuesta de los principales problemas político-institucionales que tiene Chile? A mi juicio no y quisiera explicar por qué.
El sistema político chileno cuenta con un ejecutivo fuerte –muy fuerte-. Dicha realidad ha generado un poder ejecutivo que no tiene contrapeso real al momento de tomar decisiones y ejecutar las políticas públicas.
Por ello, una modificación al sistema político debiera hacerse cargo de generar un mejor contrapeso entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, balanceando las tareas que ambos cumplen para asegurar un adecuado control y contraparte ante el excesivo poder presidencial.
La propuesta de los senadores no contribuye a generar un balance de poderes -algo tan necesario a mi juicio- sino que busca fortalecer aún más la tarea ejecutiva.
Si hubiera que avanzar en algún camino, creo que sería fortaleciendo las capacidades de fiscalización del Congreso sobre los actos de gobierno, dotando al parlamento de mayores y mejores herramientas para preparar, evaluar y votar las leyes, y apoyarlo con una institucionalidad de mayor nivel para el análisis de las medidas que ejecuta el gobierno y que deben ser supervisadas.
Nuestro sistema político progresaría de forma relevante en calidad, pertinencia y transparencia, si manteniendo instituciones estratégicas como la iniciativa exclusiva presidencial, se dotara de mejores herramientas al Congreso para ejercer su rol de contrapeso. (DF)
Ernesto Silva, diputado
