Después de cinco años y medio desde el inicio de la demanda boliviana contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, conocimos ayer el fallo inapelable del caso, que descartó cualquier obligación de Chile hacia Bolivia de negociar un acceso plenamente soberano al mar, como solicitó el país vecino a la Corte.
Esta concluyó tajantemente que Chile «no asumió una obligación de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia», rechazando otras peticiones de Bolivia, después de hacer un análisis pormenorizado de todos los antecedentes de hecho y los puntos de Derecho planteados por ambas partes, siguiendo en gran medida la argumentación chilena. Un fallo meridianamente claro.
Ha sido un triunfo macizo para Chile, porque teníamos la razón jurídica, una unidad nacional férrea, y un trabajo de equipo serio que incluyó agentes y coagentes, juristas nacionales e internacionales, historiadores, comunicadores y autoridades políticas. Ha sido un triunfo de una política de Estado que ha trascendido gobiernos.
Hemos desaprovechado largos años por una demanda artificial, motivada por el imperativo derivado de la Constitución boliviana de 2009 que estableció que La Paz debía denunciar o renegociar, en un plazo de cuatro años, los tratados contrarios a un supuesto derecho irrenunciable e imprescriptible de acceso al océano Pacífico. Una ley de Aplicación Normativa, dictada en 2013, sustituyó el imperativo de denunciar los tratados contrarios a la Constitución por demandarlos ante tribunales internacionales. Este es el fondo y raíz de lo que fue la demanda boliviana. Y ahora, la Corte le ha respondido al gobierno boliviano con un rotundo «no» a su demanda.
Siguiendo la argumentación de Chile en la Corte, los límites fronterizos entre nuestro país y Bolivia permanecerán siendo los mismos establecidos en el Tratado de Paz y Amistad del 20 de octubre de1904, suscrito 20 años después del armisticio de 1884 que puso fin a la Guerra del Pacífico. La Corte ha ratificado que nada cambiará en nuestra integridad territorial, ni afectará a nuestra población, pues el tribunal juzgó que nunca hubo una obligación jurídica de negociar en los distintos momentos en que Chile tuvo intercambios político-diplomáticos con Bolivia respecto de su aspiración marítima -y, además, porque la Corte no tiene facultades para modificar fronteras consignadas en un Tratado válido y vigente.
En estas mismas páginas sostuve hace escasos días que Chile seguiría siendo exactamente el mismo, con su territorio y población resguardados, después de la sentencia de La Haya. Y que este caso era acotado y no se prestaba para un «fallo salomónico», agregando que fallos recientes de la Corte le han dado claramente la razón a una de las partes, en vez de buscar el término medio. Y así fue.
Chile actuó unido frente al juicio de La Haya. Esa es una de las claves de nuestro triunfo. Unidos podemos avanzar al desarrollo, disminuir las desigualdades, lograr un medio ambiente sano, mirar al futuro con mayor optimismo.
Chile siempre ha tenido la disposición de dialogar con Bolivia. Y en varias ocasiones, nuestro país ha explorado con Bolivia modalidades de mejoramiento de su acceso al mar, pero respetando el Tratado de 1904. Evo Morales sufrió una derrota jurídica y política por conducir a su país por un camino errado. El gobierno de Bolivia debe acatar el fallo de la Corte a la cual concurrió, y procurar un camino de diálogo con Chile, sin pretensiones de soberanía.
En suma, Chile y Bolivia deberían pensar en un proyecto de integración ambicioso en los planos económico, cultural, social, turístico, mirando a los desafíos del siglo XXI y no anclado en el pasado. El entendimiento mutuo depende de ambos países. Ese es el desafío del futuro.
El Mercurio
