En los días que vienen el sistema político será sometido a un test de esfuerzo que pondrá en evidencia el verdadero estado de su salud, que ha venido dando muestras de encontrarse preocupantemente desmejorada desde hace no pocos años. Si se tratara de un paciente, se diría que después de salir de cuidados intensivos -el estallido social lo tuvo al borde de la inanición- su recuperación es aún incierta, manteniéndose el cuadro de pronóstico reservado.
Pero por supuesto que no se trata de un paciente, sino que de un país completo que depende críticamente del buen estado de salud de su sistema político para enfrentar la exigente travesía que tiene por delante en pos del desarrollo pleno -o, por lo menos, de un mejoramiento paulatino de las condiciones de vida de sus habitantes.
La política podría reclamar haber hecho sobradamente su tarea desde que las tarifas de la energía eléctrica, entre otras, fueron congeladas en noviembre de 2019 por más de cuatro años y medio. También cuando legisló en tres oportunidades -aunque lo hizo sobre la base de un resquicio constitucional- para habilitar retiros de ingentes sumas de dinero desde las cuentas de ahorro previsional. Deben sumarse a estas iniciativas las transferencias directas a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a millones de chilenos durante la pandemia, que se mantuvieron incluso cuando esa emergencia sanitaria había sido superada, dejando exangües los fondos soberanos donde el país guardaba sus cuantiosos ahorros. No menos relevante, por su impacto en la reducción de la pobreza, fue la aprobación de la Pensión Garantizada Universal de rápido trámite legislativo y promulgada en enero de 2022.
Es cierto, no podría decirse que en estas materias la clase política se haya inhibido o demorado inexcusablemente -como se la acusa, por ejemplo, en relación con la demorada reforma de pensiones. Pero tal como esos remedios que suelen tener desagradables efectos colaterales, la enorme liquidez que de pronto se materializó en el mercado produjo niveles de inflación que buena parte de la población sólo conocía de oídas. Y, en particular, la postergación del reajuste de tarifas -a la par que se acumulaba sin cesar una pesada deuda con las empresas de servicios- tarde o temprano iba a terminar y la deuda tendría que ser saldada. Es precisamente en el momento que nos encontramos.
Habrá que decir que el país todavía cuenta con fortalezas que podrían permitirle evitar una peligrosa infección de populismo subsidiario, que como lo muestran los casos de nuestros vecinos -sobre todo el de Argentina-, una vez que coloniza al cuerpo social es extraordinariamente difícil de erradicar. Destaca entre ellas el rol que ha jugado el Ministerio de Hacienda y su titular, y el ministro Mario Marcel que lo encabeza. En momentos peligrosos como este -una postergación del reajuste para endosárselo a la próxima administración habría gozado de una más que suficiente mayoría- es cuando los países se juegan buena parte de su futuro: una economía libre de los pesos muertos que les impiden crecer y tomar vuelo en el mediano y largo plazo. Ya basta con la densa permisología como para añadirle otros que la terminarían por paralizar por años o décadas.
Después del abismo a cuyo borde nos arrimamos en 2022 -hasta que el plebiscito nos alejó definitivamente de ese vértigo– las amenazas que asoman en el camino no han desaparecido ni mucho menos, demandando de nuestros conductores manos firmes sobre el timón de la nación que les ha sido confiado.
Lo verdaderamente singular y sorprendente en esta encrucijada es el apoyo que ha brindado el Presidente Boric a la decisión de terminar con el congelamiento de las tarifas en cuestión, asumiendo de paso el elevado costo político de una de las alzas más abultadas de que se tenga memoria en una cuenta que pagan mensualmente millones de chilenos.
Contra todos los pronósticos, teniendo en consideración sus antecedentes como parlamentario de una nueva izquierda anticapitalista, el Mandatario ha optado por la única alternativa económicamente viable, alejándose de las posturas populistas que campean en este lado del mundo y en buena parte del sector político que lo apoya. No puede haber un contraste más pronunciado que el de ese diputado rebelde -que casi con seguridad en estos días habría estado por aplazar el reajuste-, con el gobernante responsable que sigue en esta materia las recomendaciones de su ministro de Hacienda. Es la misma clase de responsabilidad republicana de la que hicieron gala sus predecesores en La Moneda durante esos provechosos “30 años” cuando Chile se puso a las puertas del desarrollo. Y es también la que Boric deberá seguir desplegando a raudales en lo que resta de su gobierno si aspira a dejar al país en condiciones de retomar con vigor la senda hacia el desarrollo. (El Líbero)
Claudio Hohmann
