La propuesta constitucional que se está terminando de redactar muestra todos los síntomas de orientarse hacia un modelo político iliberal. Esta noción marca una diferencia entre una sociedad abierta y otra en la que, existiendo elecciones, no califica para denominarse plenamente democrática, debido a un déficit fundamental en las libertades civiles que garantiza.
Según la definición de Fareed Zakaria, quien acuñó este concepto, una democracia iliberal es propia de un país en el que la gente tiene derecho a votar, pero los gobiernos que eligen no están comprometidos con la libertad, lo que lleva a incrementar la corrupción, a restricciones a la libertad de expresión y reunión, a represalias contra los opositores políticos y a la opresión de las minorías. Una constante en este tipo de sistemas es que las elites iliberales se valen de ciertos períodos donde impera una demanda real de fortalecer el principio de autoridad por parte de los votantes, pero estos grupos aprovechan esa circunstancia para generar condiciones estructurales de retroceso democrático, lo que les sirve para sostenerse en el poder por un periodo extenso.
El borrador que está preparando la mayoría dentro del Consejo Constitucional tiene este claro sesgo, impuesto por la hegemonía de un Partido Republicano que nunca ha ocultado su admiración por los líderes iliberales más connotados, como el húngaro Viktor Orbán, el español Santiago Abascal o el salvadoreño Nayib Bukele. ¿Cómo concretizan este programa en la propuesta constitucional?
En primer lugar, el texto debilita la protección y la garantía de derechos y libertades de los ciudadanos. Se instalan normas altamente permisivas a la hora de invocar los Estados de Excepción con una abismante discrecionalidad, por ejemplo, ante “amenaza terrorista”, circunstancia que no es tipificada ni especificada, lo que abre espacio a las más diversas formas de aplicación arbitraria o estratégicamente interesada.
Se amplían las atribuciones de la justicia militar, la que casi sin excepciones juzgará los casos que afecten a los miembros de las Fuerzas Armadas, generando en los hechos un sistema de justicia paralelo y privilegiado a su favor. A la vez, exime de responsabilidad penal a los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en caso de tareas en las que deban “restablecer la legalidad”, lo que les asigna tareas de seguridad pública o de orden, debilitando su rol específico en la defensa nacional, y garantizándoles un marco de impunidad en circunstancias en las que cometan violaciones a los derechos humanos o crímenes de Estado.
Se promueve una inevitable politización del Tribunal Constitucional, desde el momento en que se decidió incorporar un “control preventivo de constitucionalidad”, que en los hechos hace de esa instancia una tercera Cámara que cercena las facultades legislativas del Congreso.
Como en todos los regímenes iliberales, se busca moldear un sistema electoral que beneficie premeditadamente a la mayoría que redacta ese texto constitucional. En este caso, se hace por medio de la reducción del número de parlamentarios a 135 y un redistritaje diseñado a completa conveniencia de la derecha, complementado de unos quórums de reforma constitucional que en la práctica la hacen irreformable.
A la vez, se busca dar estatus constitucional a decisiones de política pública. Los casos son abundantes: se define un único modelo de provisión de servicios por la vía privada, incentivando el lucro y la construcción de mercados en ámbitos que deben considerarse como derechos sociales. Y en el caso de los derechos reproductivos y sexuales, se ha redactado un artículo que permite retroceder en la actual legalización del aborto en tres causales e impedir que se pueda seguir avanzando en el aborto por plazos.
En paralelo, definen la libertad religiosa y de enseñanza de tal manera que habilitan la institucionalización de la discriminación en razón de argumentos religiosos o identitarios. Los derechos laborales y sindicales son reducidos a niveles similares a los que diseñó José Piñera en los años 80. Y, en general, todo apunta a la instauración de abundantes normas autoritarias y una creciente xenofobia.
En su libro Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt han descrito las formas en que hoy opera el proceso de desmantelamiento del orden democrático. Ya no se requiere de golpes militares y otras formas violentas de usurpación del poder. La manera actual utiliza la vía electoral de modo engañoso y a la vez mucho más peligroso. Estamos ante líderes políticos que llegan al poder ganando elecciones y, posteriormente, cambian las reglas y procedimientos de la propia democracia, para socavar sus cimientos.
Como todos los iliberalismos que surgen en este tiempo, la propuesta constitucional se basa en una exaltación de la identidad nacional, étnica y religiosa. Sobre esa base genera las condiciones para que la élite triunfante se mantenga en el poder a toda costa, negando la naturaleza misma de la democracia o transformándola en otra cosa.
Esa es la democracia iliberal: un sistema en el que gana una vez y ya no se marcha nunca más. Es momento de advertir que a las democracias casi nunca se las asesina: se suicidan. La democracia chilena corre en este momento ese enorme peligro. (El Mostrador)
Álvaro Ramis
Rector de la U. Academia de Humanismo Cristiano (UAHC)
