Como habíamos logrado vivir sin ella, muchos pensaron que la inflación era algo del pasado. Subestimaron lo fuerte que pega, especialmente a los hogares más pobres, que ven como día a día sus compras suben de precio y el sueño de la vivienda propia se aleja.
Los constituyentes, en su mayoría provenientes de esa izquierda que subestimó la inflación, y mucho antes el crecimiento económico, nos acaban de entregar un borrador de una Constitución inflacionaria, que ignora por completo sus causas, y elimina los antídotos que nos permitieron superarla durante los famosos 30 años.
Entre los antídotos de la inflación, se cuentan: (i) autonomía del Banco Central, (ii) iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gasto fiscal, y (iii) control del gasto por la ley de presupuesto.
Respecto del Banco Central, si bien el borrador de la Convención sí reconoce su autonomía, es clave que los consejeros sean designados por parcialidades y en forma traslapada, de manera que conformen un órgano colegiado pluralista. Esto último no está asegurado, tal como lo hizo ver a la Convención el propio instituto emisor.
Además, el borrador elimina la atribución exclusiva del Presidente en materia de gasto público. Ahora se propone que las leyes que arroguen gastos al Estado, y aquellas relacionadas con la administración presupuestaria del Estado, sean de “concurrencia parlamentaria”, vale decir, que pueden tener su origen en una moción parlamentaria. Como luego se requiere que el Presidente le otorgue su patrocinio, veremos verdaderos chantajes parlamentarios para que el Ejecutivo les apruebe sus iniciativas de gasto, y las transacciones serán la orden del día: “Hagamos un proyecto de ley para financiar un gimnasio en esta región, un estadio en la otra, y un consultorio más allá, juntamos los votos y presionamos al Presidente para que nos apoye”. Por milagro, y “bypaseando” la ley de presupuesto, aparecerán recursos que en realidad no existen, aumentando el gasto público y acelerando la inflación.
Otro forado: el borrador permite crear empresas regionales y municipales. O sea, cada una de las 346 comunas y de las 16 regiones, podrá tener sus propias empresas, compitiendo con los emprendedores privados en los más diversos rubros, generando situaciones como la de la farmacia popular en Recoleta, de desastrosa gestión, pero ahora en todo el país. El aumento de gasto fiscal incontrolado por esta vía, y el riesgo de corrupción es demasiado alto, como para permanecer pasivos.
La guinda de la torta, los gobiernos regionales y locales podrán emitir deuda, con la única restricción de que dicha deuda no sea destinada a financiar gasto corriente. Como si la plata no fuera fungible.
En suma, sin siquiera considerar el enorme gasto público que puede generar el amplio catálogo de derechos sociales que se proponen, el borrador de Constitución asegura que las barreras que habíamos creado para controlar la inflación serán destruidas.
Para los que votamos Apruebo esperando una nueva Constitución mejor, es frustrante este sueño refundacional que ignora lo aprendido. (DF)
Clemente Pérez
