“Algunos quieren impedir que cumpla mi palabra, no me conocen”, fue la dura respuesta de la Presidenta al conocer el fallo que declara inconstitucional el mecanismo de gratuidad propuesto por el Gobierno. Fue el final de una larga comedia de equivocaciones cuya protagonista principal es la propia Mandataria. De ahí su rabia, su frustración.
Porque fue ella, sin aviso previo, la que el pasado 21 de mayo anunció con bombos y platillos el adelanto de la gratuidad para el 60% de los alumnos más pobres de un grupo de universidades. A los pocos días, quedó claro que se trataba de una improvisación. Su nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, señaló que no habían recursos para aquello. En el Ministerio de Educación, la situación no era mejor. No tenían nada pensado al respecto. El proyecto definitivo no existía. Así, comenzaron a trabajar una fórmula transitoria, la que, pese a ser modificada ocho veces, no dejaba contento a nadie.
El caos era total. Las instituciones y estudiantes que quedaban fuera del mecanismo, acusaban al Gobierno de discriminación arbitraria. Las que sí fueron incluidas, denunciaban que el proyecto las dejaba desfinanciadas. Se criticaba también que las condiciones para acceder a la gratuidad, como la participación de estudiantes en el gobierno de la instituciones -la triestamentalidad-, la fijación de matrículas y de aranceles, eran restricciones que dañaban la autonomía.
Frente a todo esto, la repuesta en privado de las autoridades era que nada podían hacer, porque se trataba de un deseo muy explícito de la Presidenta. Ella, pese a todo, no estaba dispuesta a echar pie atrás. Lo que no deja de ser raro. Bachelet, cuando volvió a Chile, descartó la idea de gratuidad para todos. Luego, cambió de opinión y la convirtió en una verdadera obsesión. Por eso, la derrotada ahora es ella. No puede culpar a nadie. Todos se lo advirtieron.
De ahí que sus palabras -“no me conocen”-, contienen casi una amenaza. Y, reflejando su herida profunda, agregó que se va a encargar personalmente de identificar las alternativas que existan para sacar la gratuidad adelante. También intentó criticar el fallo -ganaron por secretaría, dijo-, pero todos saben que no es así. Su proyecto es malo. Es discriminatorio por donde se lo mire. Lo otro es echarle la culpa al empedrado.
Lo que viene para adelante puede ser incluso peor. Dado que el ministro Valdés repitió ayer que no hay más recursos para ampliar la gratuidad -y así evitar la discriminación- la opción que se baraja es otorgarla sólo a las universidades del Cruch, a través de aportes directos. Aquello podría sortear el problema de inconstitucionalidad, pero haría la política aún más selectiva, toda vez que en ese grupo de universidades sólo estudia el 19% de los alumnos más pobres del país. Es decir, cada día se beneficiaría más a un grupo que, siendo minoritario, capta la mayor parte de los recursos estatales para la educación.
Se trata entonces, de una gratuidad tramposa, por donde se la mire. Y, una vez más, si Bachelet quiere insistir en aquello, será su responsabilidad impulsar una de las políticas más discriminatorias de la historia.
