«Lo voy a decir con todas sus palabras, no queremos nunca más universidades chantas, sino universidades de calidad, que no lucran» (ministra Delpiano). Reacción impulsiva y poco elegante, pero en línea con el prejuicio utilizado por sectores interesados: las universidades privadas lucran y carecen de calidad.
Integrantes del Consejo de Rectores (CRUCh) lo hicieron suyo, disparando a la bandada: no corresponde «utilizar recursos públicos en universidades que no generan sistemas de calidad» (Vivaldi), las chantas son «aquellas dedicadas al comercio educacional» (Valle). Por cierto, están exentas las CRUCh.
Con 173 años (Universidad de Chile), se puede dar cátedra en la materia. No lucra, y con esa trayectoria institucional «debe» ser de calidad. Pero ¿en todas ellas los procesos académicos en facultades y escuelas son rigurosos, con metas anuales logradas, con la mejor calidad, académicos y alumnos cumpliendo sistemáticamente las clases y con unidades administrativas eficientes? Dudo de que sus autoridades lo puedan afirmar a fardo cerrado, como también que rectores estatales, en general, puedan jactarse de dirigir universidades dignas de exposición, máxime si se incluye el ítem eficiencia financiera.
Al frente, hay instituciones privadas -de 34 a 20 años de vida- que se han legitimado, no obstante estar sometidas al fuego ideológico y «pruebas de blancura». Probadamente no lucran, están acreditadas de buena forma, incluso con niveles iguales o superiores a varias CRUCh. Son serias y han demostrado calidad y eficiencia, matriculando estudiantes de diferentes segmentos y últimamente con alto porcentaje proveniente de sectores vulnerables y con mejores puntajes (40% aprox.). Tienen vocación pública, por definición de sus modelos formativos. Y es justo y necesario reconocerlo.
Vivaldi funda toda su argumentación para demandar financiamiento total -mayor que el existente para las estatales- en su carácter público, negando la realidad palmaria de las otras. ¿El Mineduc?: «El Estado asegurará la existencia de instituciones estatales» por su «misión pública», lo que «implica dotarlas de un financiamiento basal estable» muy superior al actual, por ser «totalmente insuficiente». Instaurará una red estatal de educación superior (universitaria y técnico-profesional), jurídicamente distinta al CRUCh. Fórmula que las libera de la competencia. Vivaldi lo reconoce, alegremente: las estatales no pueden aceptar «la lógica de estar disputando en el mercado con las demás universidades». Le hace el quite al punto: la calidad no se asegura por ley y menos se impone.
Además, el Gobierno quiere aplicar un sistema «donde el Estado financie instituciones» (financiamiento a la oferta), impidiendo definitivamente que la asignación de recursos públicos sea mediante el subsidio a las familias o a los estudiantes (financiamiento a la demanda), simplemente porque incentivan la competencia entre las instituciones. Así de claro, créalo.
¿Quienes apoyan al Gobierno saben que este criterio arbitrario -ideológico-, financiar la oferta, es obra del Ministerio y no está en el programa? Propuesta contraria doctrinalmente a la DC, por lo demás.
¿Por qué asegurar a las estatales con recursos fijos, sin ser todas las mejores del país, y financiar a las privadas que acepten la supervisión rigurosa del Estado, anulando su libertad y oportunidad de competir?
Se actúa bajo un supuesto falso y genérico, a saber: las privadas no cumplen una función pública, sin distinguir las que no lucran y son de calidad. Se actúa también ideológicamente al rechazar la competencia y dar trato discriminatorio a universidades que aportan mucho a la educación superior, pero no son del CRUCh. Insisto, negando su carácter público. Las razones que exponen el Gobierno y rectores estatizantes no convencen. Resultan oportunistas.
