El gobierno de Gabriel Boric decidió esta semana poner urgencia simple al proyecto de ley -impulsado por el PPD- que aumenta las penas a quienes porten armas cerca de establecimientos educaciones o de salud.
En concreto, la iniciativa parlamentaria modifica la Ley N°17.798 “para agravar la pena aplicable por poseer, tener o portar armas u otros elementos sujetos a control, en las cercanías de establecimientos educacionales o de salud, y por efectuar disparos en dicha zona”.
Con la urgencia simple, se establece que el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva Cámara en el plazo de 30 días.
La moción fue impulsada por el PPD debido a los últimos hechos de violencia que se vivieron cerca de recintos médicos o colegios, como el ocurrido el 13 de mayo pasado en la Población La Victoria de Pedro Aguirre Cerda y que se difundió por el registro de unas educadoras de párvulo aplicando un protocolo que consistía en cantar para que los menores de un jardín infantil no fuesen heridos por las balas.
Es así como el proyecto “pretende elevar los castigos actualmente impuestos por la ley. En primer lugar, estableciendo como circunstancia agravante a quienes porten armas de fuego, municiones, explosivos y sustancias químicas dentro de un radio de quinientos metros contados a partir de un establecimiento educacional o de salud, sea estos públicos o privados”.
“A su vez, se establece aumentar las penas en un grado a quienes tengan la osadía de disparar un arma de fuego de las señaladas en las letras b) y d) del artículo 2°, esto es, armas de fuegos y explosivos, dentro de un perímetro máximo de quinientos metros de distancia de los establecimientos educacionales e instituciones de salud, sean estas públicos o privados”, se agregó.
