Se le reprocha a Piñera haber invertido en una empresa pesquera peruana, cuando Chile mantenía un importante diferendo con ese país, mientras al mismo tiempo, y como Presidente de la República en ejercicio, tenía como principal deber el velar por los derechos de nuestra nación en aquel conflicto.
Los hechos que motivan la denuncia original no han sido desmentidos. El fideicomiso que voluntariamente constituyó Piñera no alcanzaba a sus inversiones fuera de Chile, las que por cierto fueron las mayoritarias de ese período. Dicho de otra manera, no existía ninguna barrera a la posibilidad de que el expresidente conociera e incluso instruyera respecto de las mismas. Además, y a diferencia de las operaciones locales, donde Piñera sí estableció reglas y limitaciones para sus mandantes, las inversiones en el extranjero carecían de condiciones o salvaguardas. Como si fuera poco, varios de estos negocios se efectuaron desde o mediante paraísos fiscales.
Establecido lo anterior, me resulta exagerado e injusto sostener que el expresidente no habría defendido los intereses de Chile con toda su fuerza y posibilidades. Pero eso no es lo mismo que reprocharle, ahora sí legítimamente, que no pudo sino haber previsto lo grave de un escenario donde una decisión adversa para el país que él conducía desde la más alta magistratura de la función pública, le pudiera significar beneficios económicos. Y si además esta operación se hizo rebajando considerablemente los tributos que debió haber pagado, ciertamente se complica la situación para quien debutó en su propio gobierno con un alza en los impuestos. Puestas así las cosas, y pese a lo que han sostenido sus empleados y otros ex colaboradores, lo ocurrido es mucho peor que una mera “imprudencia”.
Lo único que ha podido esgrimir Piñera, es que no conocía de esta circunstancia. Pues bien, si efectivamente no existía ninguna limitación legal para que él pudiera saber e incluso decidir; si el mandante es una empresa de su propiedad, que por lo demás funciona debajo de su oficina; si sabemos que tiene una verdadera obsesión por el control y vigilancia de sus negocios, amén de una compulsión por hacer dinero sin siempre observar las normas legales o reglamentarias; o si sumamos ese nutrido elenco de episodios donde ha confundido los intereses generales con los suyos particulares; juzgue usted mismo mejor. Al menos yo, no le creo.
Pero pese a que los conflictos de intereses, el tráfico de influencias o la negociación incompatible han estado en el debate nacional con mucha fuerza en los últimos años, y podría suponerse que calan hoy con mayor profundidad en la opinión pública, tengo severas dudas de que esta “contingencia” sea insalvable para Piñera o que afecte de manera gravitante su candidatura. El daño reputacional es siempre directamente proporcional a la expectativa ética y política que se tiene respecto de una persona. Lo del expresidente no debería sorprender a nadie y, por lo mismo, defraudará a muy pocos. (La Tercera)
Jorge Navarrete
