Este lunes Presidencia firmó la resolución exenta que dio cuenta de la contratación del abogado Jonatan Valenzuela para defender al Presidente Gabriel Boric ante la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.
Esto, luego de una denuncia por posible delito de fraude al Fisco contra el Mandatario y todos quienes resulten responsables, realizada por la Fundación Fuerza Ciudadana, que lidera Raimundo Palamara -militante del Partido Republicano-, que quedó alojada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Se trata de la misma acusación por la que este lunes declaró, en calidad de testigo, la jefa de la División Jurídica-Legislativa de la Segpres, Francisca Moya, y por la que lo harán como imputadas la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senador Isabel Allende, este jueves y viernes, respectivamente.
En este contexto, por las labores de Jonatan Valenzuela La Moneda desembolsó un total de 350 UF -a día de hoy, $ 13.443.220-, según la resolución exenta firmada por el director administrativo de la Presidencia subrogante, Sebastián Silva. El monto fue propuesto por el propio abogado, quien planteó en la cotización de los servicios legales que “en cuanto a honorarios profesionales, proponemos un honorario fijo y único de 350 UF para este encargo”.
El contrato deja fuera otros casos en los que ha participado Valenzuela como asesor de Boric, como la denuncia que recibió el Mandatario por difusión de imágenes públicas o el caso del subsecretario Manuel Monsalve.
“La propuesta de honorarios no incluye los gastos necesarios que se devenguen durante el transcurso de los servicios, tales como gastos notariales por la confección de un mandato judicial u otros similares”, dice el mismo documento.
La contratación de Valenzuela por parte del gobierno fue mediante trato directo, ya que, en base a que, “cuando por la naturaleza de la negociación existan circunstancias o características excepcionales del contrato que hagan del todo indispensable acudir a esta forma de contratación”.
La extensión de las funciones de Valenzuela se dará hasta que exista un sobreseimiento definitivo de Boric en el caso, se produzca una salida alternativa en lo judicial, se dé la decisión de no perseverar o se concluya “la etapa de investigación, y hasta antes de una eventual acusación”.
El contrato firmado por Presidencia y Valenzuela da cuenta de que el uso de fondos públicos para la defensa del Mandatario obedecen a una resolución que emitió previamente la Contraloría, donde se da cuenta que “toda actuación de un servidor público, realizada legítimamente dentro de su competencia y de las facultades con que la ley lo ha investido, representa un acto propio del servicio al que pertenece, por lo que corresponde al mismo organismo otorgar la defensa que fuere necesaria para evitar que sea el funcionario quien sufra personalmente las consecuencias derivadas del desarrollo de la función pública”.
Como parte de las labores de Valenzuela, el mismo contrato estipuló que estas se concentrarían en “realizar la tramitación integral del proceso penal ante los organismos y en la oportunidad que corresponda”, “asesorar directamente al interesado en todos los aspectos relevantes para su defensa”, “representar los intereses de S.E. el Presidente de la República ante el Ministerio Público, las policías y tribunales de justicia”, “comparecer a todas las instancias que sean requeridas en virtud del proceso penal individualizado, comprendiendo en ello citaciones, audiencias o realización de diligencias investigativas, ya sea ante el Ministerio Público, las policías o los juzgados con competencia penal” y “mantener la coordinación con la Presidencia de la República, según corresponda, en lo relativo a los intereses de S.E. el Presidente de la República, en la causa penal ya individualizada”.
Esta no es la primera vez que Jonatan Valenzuela trabaja con el Estado. Sin ir más lejos, en diciembre de 2024, recibió $ 5.700.00 por hacer un informe en Derecho para la Fiscalía Nacional Económica. El profesional se ha dedicado al Derecho Procesal Penal y en 2022 fue abogado de la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, en una investigación en el marco de su visita a Temucuicui.
Valenzuela egresó de la Universidad de Chile y en 2007 comenzó a ejercer como abogado en el Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública. De 2021 a 2023 se desempeñó como abogado consejero en el estudio de abogados Chahuán Letelier Lledó. En 2022 fue nombrado abogado Integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel, cargo designado por los Presidentes de la República, al que renunció tras asumir la defensa del Mandatario. (La Tercera)
