Si desde 2009 que las segundas vueltas presidenciales en Chile han tenido como uno de sus protagonistas a un ex presidente, la contienda de 2017 pudiera ser la primera en que la segunda vuelta se dirima entre dos ex presidentes. La tendencia de ver ex mandatarios volviendo al poder pudiera tener más que ver con las reglas del juego de las elecciones presidenciales que con una creciente preferencia de los chilenos por mirar hacia el pasado al momento de elegir a las personas que habrán de liderar al país en el futuro.
La legislación vigente en Chile permite que los candidatos incurran en gastos de campaña sólo en los 90 días anteriores a una elección. Legalmente, nadie puede recolectar dinero o incurrir en gastos antes de esa fecha. Pero, como hemos sido testigos, las campañas empiezan mucho antes. La creatividad legal y contable ayuda a armar equipos de campaña y estructuras de financiamiento que permitan saltarse una ley que es claramente inadecuada (y que por cierto, pese a la molestia ciudadana por los escándalos recientes, todavía sigue vigente). A menudo, los candidatos crean una estructura paralela en la forma de una fundación sin fines de lucro, un centro de estudios o una corporación que les permita levantar fondos, tener asesores contratados e incurrir en gastos.
Ahora bien, como ese sistema de financiamiento está ahora bajo el escrutinio público, la disposición de las empresas para donar a esas organizaciones comprensiblemente ha disminuido. Es innegable que todos los poderosos quieren tener buena llegada con los que tienen más posibilidades de llegar a La Moneda. Pero ningún empresario quiere tener a la Fiscalía o al SII indagando qué tipo de relación tienen con los presidenciables.
En ese contexto, otras formas de financiamiento se hacen especialmente atractivas. Los senadores y diputados, que cuentan con cuantiosos recursos para su trabajo en terreno, pueden fácilmente reasignar algunos de esos recursos para el trabajo en terreno que requiere una aventura presidencial. A diferencia de los ministros o alcaldes en ejercicio, cuya capacidad discrecional para reasignar gastos es menor, los legisladores tienen acceso a una caja chica nada de despreciable para financiar los gastos iniciales de una aventura presidencial.
Por eso no debiera sorprender ver que en la lista de los que han anunciado sus aspiraciones presidenciales abunden senadores y diputados, y estén conspicuamente ausentes los alcaldes y ministros. Para ponerlo en simple, es más fácil que los parlamentarios Isabel Allende, Ignacio Walker, Andrés Allamand, Alberto Espina o Manuel José Ossandón puedan pasearse por el país construyendo su base de apoyo electoral a que lo hagan los alcaldes Carolina Tohá, Rodolfo Carter o Francisco de la Maza.
Pero los parlamentarios también tienen limitaciones. El escrutinio público los obliga a tener que asistir regularmente al Congreso. Además, como el camino a la presidencia está lleno de aspirantes, los legisladores tampoco pueden dejar botados a sus distritos. Por eso, aunque tengan el capital semilla para una aventura presidencial, los parlamentarios tienen tiempo limitado para dedicarle a esas aventuras.
Los ex presidentes de la república, en cambio, tienen acceso a los mismos recursos que los parlamentarios en ejercicio, pero no enfrentan la obligación de tener que asistir al Congreso o dedicarle tiempo a sus distritos. Como resultado, los ex presidentes pueden usar recursos públicos para financiar sus aventuras presidenciales. Eso les da una ventaja enorme frente a otros aspirantes que también necesitan hacer el trabajo inicial que supone una candidatura presidencial.
La decisión de financiar de forma vitalicia a los ex presidentes con el sueldo equivalente al de un senador se justifica por el invaluable servicio que prestaron a la nación. Pero cuando los ex presidentes usan esos recursos para construir futuras aventuras presidenciales, las rentas vitalicias que todos los chilenos pagamos constituyen un atentado contra la libre competencia en el mercado de las candidaturas presidenciales. Igual que una empresa cuya producción es subsidiada por Estado tiene ventajas injustas al competir con otras empresas que deben pagar todos sus costos, al recibir financiamiento estatal, los ex presidentes están compitiendo en una cancha dispareja con aspirantes que deben procurar su propio financiamiento.
Desde 2009, en Chile hemos tenido ex presidentes en la segunda vuelta electoral.Más que creer que la ciudadanía tiene preferencias marcadas por retornar a los líderes de antes al poder, la razón por la que los ex mandatarios logran ser más exitosos en sus aventuras presidenciales bien pudiera tener que ver con las reglas del juego que les dan una ventaja desleal. Esta violación a la libre competencia se da en el mercado más importante de todos, el que determina quién gobernará al país y tendrá capacidad para facilitar u obstaculizar el funcionamiento de todos los otros mercados en que interactúan los chilenos.
