La crisis política que remece al país, con una inflación fuera de control y perspectivas claras de desaceleración de la actividad económica hacia fines de año, con recesión técnica incluida, indican que la nueva administración que dirige el país encabezada por Gabriel Boric enfrentara serios desafíos, los que de no asumirse seriamente afectaran a todo Chile y, especialmente, a los más pobres.
La violencia terrorista ha seguido operando en el sur de Chile, incluso con declaraciones de guerra de Héctor Llaitul hacia el Estado chileno en el caso de implementarse medidas de control hacia la subversión, con tímidas respuestas de rechazo de la autoridad legítima y democráticamente constituida.
La violencia y la delincuencia en el país superan la capacidad de acción de la autoridad. Los hechos del barrio Meiggs el domingo recién pasado, que resultaron en un asesinato de una joven periodista y el asesinato de un joven carabinero reflejan el descontrol que existe. La existencia de decenas de actos delictuales reflejan que el gobierno es incapaz de frenar aquellos frente a uno de los problemas que la ciudadanía ha indicado como de su mayor preocupación (el otro es la creciente inflación).
La reacción tardía de la autoridad, además de sus votaciones en una serie de proyectos de ley, impulsados por el gobierno de Piñera, por ejemplo la ley de control de armas, donde varios diputados entonces, incluyendo el actual Presidente de la República, contradicen su actual discurso y tal como ocurrió con los retiros, siembran la duda y dañan la credibilidad del actual gobierno para enfrentar el flagelo de la delincuencia y el terrorismo, en definitiva la violencia.
En un acto de desesperación La Moneda convocó a un diálogo transversal de todas las fuerzas políticas para enfrentar esta grave situación.
El retiro del apoyo político al actual mandatario y a su gabinete es evidente, lo que está alcanzando a su hermano siamés, la Convención Constitucional (CC). Los actuales gobernantes actuaron contra la democracia hace pocos meses, y ahora pagan las consecuencias.
La Moneda no puede concitar, hasta aquí, el apoyo a un proyecto de ley de protección intermedia de infraestructura crítica, a carreteras y caminos en aquella zona del sur, simplemente porque aquel implica el despliegue de Fuerzas Armadas, para detener el terrorismo allí.
Podría darse una paradoja brutal para La Moneda, que sean los votos de la oposición los que aprueben el proyecto; y que el Parido Comunista y el Frente Amplio lo rechacen, mientras que cientos miles de chilenos sufren los efectos de los terroristas y cientos no pueden trabajar con la amenaza de ser asesinados.
Durante la administración anterior apareció esta iniciativa, y dormía el sueño de los justos, hasta que alguien la recordó, junto a otras como la ley de control de armas, que fueron rechazadas por las actuales autoridades, y buscan maquillarlas porque simplemente están ahora en el poder.
La inflación entregada hace pocos días, que condujo a que durante el mes de abril la inflación anualizada superara los dos dígitos (10,5%), la subida en 125 puntos básicos de la tasa de política monetaria, es consecuencia de aquello y predice que esas subidas continuarán ocurriendo. Espero una inflación entre 12% y 13% entre julio y agosto del presente año.
Debo subrayar la responsabilidad política de los parlamentarios que fueron advertidos de esta situación hace más de un año, ninguneando a los economistas, incluyendo al actual ministro de Hacienda y ex presidente del Banco Central, de los negativos efectos de esa política.
Los intentos de endosar a la inflación internacional reflejan simplemente el intento de aquellos, que buscan eludir su responsabilidad por haber desatado este proceso inflacionario, el cual no les afecta, debido a los altos sueldos que mantienen.
Las expectativas de inflación están desancladas y hará falta que se indique a la brevedad cuál será el programa de disciplina fiscal que ayudará a la política monetaria a conducirla al rango meta que el Banco Central, por mandato constitucional, debe honrar.
Diversos indicadores muestran que en el proceso de desaceleración en curso, la liquidez de la economía se está estrechando, lo que afectará en un primer momento a las pequeñas empresas, las cuales adicionalmente están siendo afectadas por una serie de iniciativas desde el parlamento que dificultarán aún más su expedición en este complejo escenario.
La omisión del gobierno frente al terrorismo y la delincuencia pasara la cuenta a todos los chilenos, a sus instituciones y, en definitiva, a la estabilidad del país.
No todos los que gobiernan, pero un grupo importante de esa coalición (Apruebo Dignidad), buscan un intento deliberado de subvertir el orden y conseguir el poder por la fuerza, a través de una regla dictatorial y, por ende, antidemocrática. (El Líbero)
Alejandro Alarcón
