Esta mañana, la ministra de Educación, Marcela Cubillos dio a conocer la decisión del gobierno de enviar al Congreso un Proyecto de Ley que permita a los directores de establecimientos de Educación contar con herramientas más eficaces al momento de enfrentar hechos de violencia grave como los que se han conocido en el último tiempo.
“Nuestra primera preocupación es la seguridad de toda la comunidad educativa. No queremos seguir viendo a profesores amenazados y agredidos, a alumnos y apoderados viviendo con temor”, señaló la ministra Cubillos.
Karla Rubilar, Intendenta de la Región Metropolitana, reiteró la idea, indicando que esperaban el apoyo del Congreso para tramitar a la brevedad el proyecto, debido a los altos niveles de violencia que han ocurrido. “Lo que hemos visto en los últimos meses son actos de violencia extrema, no hay justificación. Esperamos que este discurso sea el que represente con fuerza a todo y cada uno de los chilenos”.
Por su parte el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, indicó que “no tenía problemas” en ejercer la autoridad, pero que se necesitaban herramientas legales que lo permitieran. “Los manuales de convivencia están absolutamente superados, no están hechos para la violencia y para actos vandálicos que estamos viviendo hoy en día. Por eso, creemos que este proyecto de ley apunta hacia la dirección correcta, ya que protege a nuestros directores y profesores ante actos de violencia extrema”, expresó.
El Proyecto de Ley que el Gobierno ingresará la próxima semana a tramitación busca modificar el DFL N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley nº 2, de 1996, sobre Subvencion del Estado a Establecimientos Educacionales.
La modificación permitirá que ante hechos graves de violencia descritos en el proyecto, el Director del establecimiento podrá tomar la decisión de expulsión o cancelación de la matrícula. Esta decisión deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y sus padres o apoderados, según corresponda.
Estos podrán pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contados desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. Sin embargo, la interposición de la referida reconsideración no suspenderá los efectos de la expulsión y/o cancelación de la matrícula.
Corresponderá al Ministerio de Educación por su parte velar por la reubicación del estudiante afectado.
Desde el Mineduc explicaron que el proyecto busca así armonizar tres derechos fundamentales: derecho a la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa, derecho al debido proceso y derecho a la educación del estudiante sancionado.
El procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula descrito se aplicará a los alumnos que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las siguientes causales:
- Uso, posesión, tenencia y almacenaje de armas u otros elementos destinados a causar daño al establecimiento o a los miembros de la comunidad educativa.
- Envío, activación, lanzamiento o detonación de bombas o artefactos explosivos.
- Agresiones físicas graves que produzcan lesiones a cualquier miembro de la comunidad educativa, especialmente aquellas realizadas a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.
Cerca de dos horas duró la extensa reunión que sostuvo el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, con 125 profesores, directivos y asistentes de la educación pertenecientes al Instituto Nacional. El motivo: transmitirles las medidas que se han planteado al Ministerio de Educación, a propósito de los hechos ocurridos el sábado pasado, cuando cerca de una veintena de encapuchados ingresó al establecimiento y terminó rociando con bencina al rector y a cuatro funcionarios.
“Fui a la reunión de profesores que tenían programada para agradecerles el compromiso, la dedicación y el esmero que ponen en su trabajo, porque no han sido días fáciles para ellos”, sostuvo el edil tras el encuentro.
Con esta última frase, Alessandri no se equivoca, pues durante el último año la violencia al interior del Instituto Nacional ha ido en aumento. “Los profesores con justa medida sienten miedo (…), ellos me comentaban que adentro encapuchados les han robado más de una vez sus celulares, que los han amenazado dentro del colegio, porque hoy día las puertas se abren y no hay ningún control”, señaló el edil.
Frente a este tipo de situaciones y pese a que se trata de grupos minoritarios, desde el municipio solicitaron mayor presencia policial en el sector. Además, están postulando a fondos de la Intendencia Metropolitana para conseguir cámaras de seguridad.
Sin embargo, para el alcalde la solución efectiva es otra: modificar los manuales de convivencia escolar para que cualquier alumno que sea sorprendido cometiendo algún acto tipificado como delito en el Código Penal sea expulsado inmediatamente y reubicado por la Seremi de Educación en un colegio de otra comuna. Ese es uno de los requerimientos que le han hecho llegar a la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
“El propio rector del Instituto Nacional dijo que los manuales de convivencia son demasiado garantistas. ‘Imagínate si como profesora un alumno que amenaza con el gollete de una botella y tú lo tienes plenamente identificado, pero el lunes tienes que ir a clases y está allí. Así puede pasar un mes y medio hasta que se decrete una sanción, que nunca llega a la expulsión”, planteó Alessandri.
Desde el gremio también ven la situación del Instituto Nacional con preocupación. A través de un comunicado, el Colegio de Profesores expresó que “las agresiones perpetradas por encapuchados a profesores y funcionarios en el recinto escolar durante jornadas de recuperación de clases son un retroceso inaceptable. Eventuales luchas o acciones que violentan o se vuelven en contra de la propia comunidad escolar son estériles, contraproducentes y funcionales al modelo educativo que debemos cambiar”.
Asimismo, ofrecieron apoyo gremial y jurídico a los docentes y alumnos afectados por estos hechos.
Sin embargo, la desprotección que sienten los docentes del Instituto Nacional no es ajena en el resto del país. Según cifras de la Superintendencia de Educación, las denuncias por maltrato de alumnos a docentes han ido en aumento.
El superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo, explicó que “en comparación con el primer semestre del 2017, donde recibimos 40 denuncias de maltrato de alumno a docente y/o asistente de la educación a nivel nacional, hemos observado un aumento de casi 28% en el mismo período de 2018, llegando a 51”.
DOS ESTUDIANTES DETENIDOS POR PORTAR BOMBAS HECHIZAS
Hechos similares a los vividos en el Instituto Nacional se replicaron la mañana de hoy a las afueras del Liceo de Aplicación. Dos alumnos del establecimiento, de 15 y 17 años, pasaron a control de detención tras ser sorprendidos por Carabineros lanzando objetos contundentes en la calzada de Avenida Cumming, en la comuna de Santiago.
Según relató el coronel Andrés García, de la Prefectura de Fuerzas Especiales de Carabineros, uno de los menores -que portaba una bomba molotov- estaba encapuchado y vestido de civil, mientras que el segundo estaba utilizando un overol blanco.
El alcalde Alessandri aseguró que “estos dos alumnos, sin duda, arriesgan la expulsión, porque fueron sorprendidos encapuchados y con bombas molotov. Estamos aburridos de la impunidad”.
Este modus operandi no sería nuevo. Según comentó el rector del establecimiento, Humberto Garrido, “el uso de estos overoles se viene repitiendo desde hace unos cinco años”.
En su caso, para frenar la violencia, Garrido cuenta que han iniciado sumarios a 56 alumnos a través del manual de convivencia: 37 han sido por no ingresar a clases, lo que en su documento es considerado una falta gravísima.
“Este tema de las capuchas es supercomplicado, porque no sabes quiénes son. Pueden ser estudiantes que tú nunca pensaste que iban a encapucharse y lo hacen. Entonces, buscando a quienes no quieren entrar a clases estamos atacando el problema de fondo. Eso es lo que nos ha traído un poco de dividendo a estas alturas”, dijo el rector. (La Tercera)
